El militar Argentino Larrabure fue secuestrado y asesinado por el ERP, durante un gobierno democrático. Nuevo libro sobre un caso que, en estos momentos, está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Claudio Palacin fue fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario entre 2001 y 2020.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Entre diciembre de 2001 y diciembre de 2020, Claudio Palacin se desempeñó como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Durante esos años, intervino e impulsó las causas por delitos de lesa humanidad cometidos por militares, policías o integrantes de otras fuerzas de seguridad durante la última dictadura. Muchos de ellos, continúan hoy en prisión.
Sin embargo, en octubre de 2007 llegó a sus manos una causa en particular: se trataba del hijo de un militar, reclamando que el secuestro, tortura y ahorcamiento de su padre en manos del Ejército Revolucionario del ERP en 1974, fuera considerado también como un delito de lesa humanidad.
Palacin emitió en aquel momento un dictamen que todavía hoy se debate y acaba de publicar el libro "1975 Larrabure", con prólogo del jurista Daniel Sabsay.
El primer fiscal que intervino en este caso había dictaminado que, para que un delito fuera de lesa humanidad, debía ser cometido por o desde el Estado, características que no cumplía el ERP. Sin embargo, el entonces juez federal Germán Sutter Schneider, sostuvo que la causa debía ser investigada para llegar a la verdad histórica de los hechos.
Fue entonces cuando PalacIn debió dirimir la cuestión. Y el 31 de octubre de 2007, emitió un dictamen que generó polémica, incentivó el debate e impulsó una causa que, en estos momentos -17 años después- se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El militar secuestrado y asesinado por el ERP fue Argentino del Valle Larrabure, nacido en Tucumán, ingeniero químico especialista en explosivos, capturado durante la noche del 11 de agosto de 1974 mientras participaba de una fiesta, junto a su esposa, en el Casino de Oficiales de la Fábrica Militar de Villa María, Córdoba.
Arturo Larrabure, uno de sus hijos, llevó el caso ante la Justicia en 2007, con el patrocinio letrado del santafesino Javier Vigo Leguizamón.
Los hechos sucedieron durante el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón. A pesar de que el 25 de mayo de 1973 había asumido como presidente Héctor Cámpora, sucedido por Juan Domingo Perón, estos grupos no depusieron las armas y continuaron asaltando cuarteles del Ejército Argentino.
"Durante la noche del 11 de agosto de 1974, atacaron la Fábrica Militar de Villa María. Eran aproximadamente 100 integrantes vestidos con ropa militar, armas largas, camiones. Se trataba del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), fundado por los hermanos Santucho y rama armada del Partido Revolucionario de los Trabajadores", explicó Palacin.
Según el autor, el ERP contaba con un infiltrado entre los militares de la Fábrica, quien les abrió el portón "e ingresaron a sangre y fuego. Larrabure, su esposa y otros militares, se encontraban en una fiesta en el Casino de Oficiales".
El jefe de la guarnición estaba enfermo, en su casa dentro del predio. Cuando los guerrilleros llegaron hasta el Casino, "Larrabure se encontraba desarmado, en una fiesta. Les dice que él era el oficial de mayor rango y se entrega",
Los efectivos del ERP secuestraron a Larrabure y se llevaron todo el armamento de la Fábrica Militar. En aquel ataque, murieron numerosos militares, policías e integrantes del ERP.
Palacin cuenta en el libro que a Larrabure lo trasladaron primero a algún lugar de la provincia de Córdoba y, posteriormente, a la ciudad de Rosario: "Estuvo 372 días en un pozo que habían hecho en una casa en las afueras de la ciudad. Él medía 1,80 y pesaba unos 100 kilos, y lo mantuvieron más de un año en un pozo de 1,5 metros, por 2 metros".
El militar era asmático, por lo que sufrió las consecuencias de la enfermedad durante su cautiverio en una de las llamadas "cárceles del pueblo".
A pocos metros se encontraba secuestrado un empresario rosarino, que luego logró escapar del cautiverio. Fue a través de sus relatos que pudo reconstruirse el paso de Larrabure por ese lugar: "Según relató ese testigo, Larrabure todas las noches cantaba el himno... Hasta que el 19 de agosto de 1975, se escuchó un grito ahogado y ya no volvió a escucharlo".
Pocos días después, el cuerpo del militar apareció envuelto por una bolsa plástica en un baldío de Rosario. La autopsia dijo que había muerto por estrangulamiento.
Treinta y dos años después, en octubre 2007, Arturo Larrabure, uno de los hijos del militar, se presentó ante la Justicia de Rosario pidiendo la reapertura del caso de su padre, aduciendo que se había tratado de un crimen de lesa humanidad y que, por lo tanto, no estaba prescripto.
Ante las posturas encontradas entre el fiscal y el juez que intervinieron en primera instancia, le tocó dirimir a Palacin: "Estudié durante mucho tiempo la causa. En un principio tenía mis dudas, porque se insistía mucho con el dogma de que los delitos de lesa humanidad debían ser cometidos desde el Estado".
"Pero luego de analizar el derecho internacional -explicó-, llegué a la conclusión de que había elementos para investigar esos delitos como crímenes de guerra o de lesa humanidad. Dije que, a primera vista, había elementos para investigar".
El dictamen de Palacin se produjo el 30 de octubre de 2007. A fines de noviembre de ese año, el entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, dictó una instrucción general ordenando a los fiscales federales del país que no sostengan la idea de que los delitos de Montoneros o del ERP pudieran ser considerados como de lesa humanidad, sino que se trató de delitos comunes.
Según indicó el autor del libro, "el derecho internacional establece que los delitos de lesa humanidad pueden ser cometidos desde el Estado, por el Estado, por una organización o grupo con un fin político, con estructura militarizada, que pretenda tomar el poder en el marco de un gobierno democrático, que cometa ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil".
"En este caso -agregó- está probado que el ERP tuvo apoyo de Cuba, directa o indirectamente de la exUnión Soviética, de la exChecoslovaquia, y de la Organización para la Liberación de Palestina".
"En 1959 Santucho -fundador del ERP-fue a entrenarse a Cuba, luego volvió en 1969. Recibían apoyo logístico, armamentos, dinero", insistió.
La causa se encuentra desde hace dos años en manos de la Corte Suprema de Justicia que debe resolver si el secuestro, tortura y homicidio de Larrabure fue un delito de lesa humanidad, o no. Si el máximo tribunal avalara la postura de Palacin, el caso debería ser reabierto e investigado.
"Cuando la causa me llegó en 2007, pedí todo el material bibliográfico sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra a la Procuración General. Además, fui a librerías de la ciudad de Rosario y solicité que me vendieran libros que hablaran sobre el ERP, fundamentalmente de autores cercanos ideológicamente a estos grupos armados", recordó el autor.
Entre esos libros aparecieron los trabajos de Pablo Pozzi, profesor emérito de la UBA, y de María Seoane, exdirectora de Radio Nacional.
"Se trata de autores insospechados de estar en contra de esos movimientos revolucionarios, y ellos mismos explican el poderío que tenía el ERP, las acciones que hicieron, incluso Seoane plantea que, en un momento, se confundió la ideología con el militarismo", afirmó Palacin.
—¿Por qué decidió escribir este libro?
—Decidí escribir el libro pensando siempre en las víctimas del ERP, de Montoneros. Hubo 17 grupos armados en Argentina, pero estos fueron los más importantes. Porque considero que las víctimas siguen invisibilizadas, no fueron reconocidas, no fueron reparadas. Todos los días son revictimizadas.
Mi esfuerzo está puesto en las víctimas. Esto no significa tomar partido por la Dictadura, ni por los militares, ni por la represión.
Yo fui fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario entre 2001 y 2020. Impulsé todas las causas de lesa humanidad contra militares, policías. Esos delitos fueron aberrantes, fueron juzgados y muchas personas se encuentran en la cárcel.
Pero una cosa no quita la otra. Es un error comparar una cosa con la otra. Los delitos cometidos por ejércitos guerrilleros existieron.
La labor del jurista no es comparar. Las culpas de unos y otros, no se compensan.
Te puede interesar
