La Ley de Tierras, un tiro por la culata para el Gobierno nacional
La Corte Suprema falló a favor del Gobierno y habilitó la derogación de la Ley de Tierras pero el oficialismo no celebró la noticia.
El oficialismo no imaginó que un fallo de la Corte podría generarle semejante dolor de cabeza.
Pese a que la Corte Suprema falló a favor del Gobierno y habilitó la derogación de la Ley de Tierras —que establece límites a la venta de territorio argentino a extranjeros—, el oficialismo no celebró la noticia.
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Es más, podría salirle el tiro por la culata porque este fallo le abrió la puerta a la oposición para que intente voltear en el Congreso el DNU 70/23, la piedra basal de la gestión libertaria.
Esta paradoja merece una explicación. En su fallo, la Corte Suprema anuló una cautelar que había presentado el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/23, por el cual el Gobierno derogaba la ley de Tierras aprobada durante el kirchnerismo.
Dicho en criollo, con la decisión de la Corte vuelve a estar vigente el artículo 154 y ya no rigen a nivel nacional los límites que establecía para la propiedad extranjera de tierras rurales.
Si bien la Corte no se pronunció sobre el fondo de la cuestión —se limitó a rechazar la legitimación del CECIM en su medida cautelar—, lo cierto es que las implicancias de su fallo desataron un fuerte revuelo y un amplio rechazo en la oposición, que ya convocó para el 15 de octubre a una sesión en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 70. La ley 26.122 impide al Congreso a rechazar de manera individual los artículos de un decreto, por lo que los opositores no tienen otra alternativa que ir por todo.
La cuestión es que el DNU 70 fue tratado y rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero nunca fue tratado por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si Diputados también rechazara el DNU, el decreto dejaría de estar vigente hacia adelante. Ese es el temor del oficialismo.
La oposición hoy no cuenta con los votos para derogar el DNU 70, pero es tal la polémica que desató la decisión de la Corte que el escenario está abierto. Se trata de un megadecreto con más de 300 artículos; si fuese derogado todos los contratos o actos jurídicos realizados bajo su vigencia seguirían siendo válidos y no sufrirían ninguna modificación retroactiva. Sin embargo, hacia adelante se daría una reconfiguración inmediata para el comercio, el sector inmobiliario y el sistema financiero.
El mayor impacto se daría en el mercado de alquileres. Si bien los contratos actuales firmados bajo la "libertad de acuerdo entre partes" que introdujo el decreto conservarían sus plazos y monedas pactadas, los nuevos deberán regirse nuevamente por la ley de alquileres (27.551).
No todos los bloques de la oposición están de acuerdo con ir tan lejos o, por lo pronto, ofrecen salidas alternativas. Una de ellas es que el Congreso sancione una nueva ley que derogue el artículo 154 del DNU y reponga la ley de Tierras derogada. Como toda ley, debe pasar por ambas cámaras.
“Si el Gobierno quiere defender la soberanía, que lo demuestre: que incluya en el proyecto de ley de Soberanía (que se debate en la Cámara de Diputados) el restablecimiento de la Ley de Tierras y deje sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23. No se puede hablar de soberanía y dejar abierta la venta de tierras a cualquier extranjero, sin límite”, planteó el diputado Miguel Pichetto.
Por ahora el Gobierno no tomó el guante. Es por ello que Pichetto, junto a su par Nicolás Massot, presentaron el viernes pasado una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional para suspender la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Mientras tanto, los sectores más combativos de la oposición planean una marcha frente al Congreso. El oficialismo no imaginó que un fallo de la Corte podría generarle semejante dolor de cabeza.
