En Santa Fe hay 115.000 trámites de pensiones por discapacidad paralizados: qué cambia con la nueva ley

La abogada Mariela Peña advirtió que miles de solicitudes siguen sin ser evaluadas y que desde diciembre de 2023 no se otorgan nuevos beneficios. Qué respuestas puede dar la ley aprobada por unanimidad en el Senado y por qué todavía falta un paso clave: la reglamentación.

La nueva ley de discapacidad fue aprobada por unanimidad en el Senado, pero su aplicación todavía depende de la reglamentación. Para miles de familias, la espera continúa.

La nueva ley de discapacidad fue aprobada por unanimidad en el Senado, pero su aplicación todavía depende de la reglamentación. Para miles de familias, la espera continúa.

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En Santa Fe hay alrededor de 115.000 trámites de pensiones por discapacidad que fueron presentados, pero todavía no registran avances por parte del Gobierno nacional. Una cifra que no solo se traduce en expedientes, sino que engloba a personas y familias que esperan una respuesta para acceder a un beneficio que, en muchos casos, resulta fundamental para sostener su vida cotidiana.

El Senado aprobó la ley de discapacidad, qué cambia a partir de ahora

El jueves pasado el Senado de la Nación aprobó por unanimidad una nueva ley permanente de discapacidad. La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y mantiene buena parte del esquema de beneficios que había establecido la legislación de emergencia.

En Ahora Vengo Sábado, la abogada Mariela Peña, especializada en discapacidad, explicó que la sanción no significa que las personas puedan iniciar inmediatamente los trámites pendientes ni que las pensiones suspendidas se restituyan de manera automática. Al respecto, recalcó que todavía se necesita la promulgación y la reglamentación de la norma para conocer cómo se instrumentarán las medidas y cuáles serán los pasos que deberán seguir las familias.

“Nosotros ahora estamos en expectativa de esperar la reglamentación”, señaló la abogada. Y pidió paciencia a quienes buscan iniciar una gestión: “Hoy están todos con esta noticia queriendo iniciar trámite y no se puede porque no está reglamentada”.

Los 115.000 trámites de pensiones por discapacidad que esperan en Santa Fe

La cifra corresponde a expedientes que ya fueron presentados en la provincia, pero que todavía no fueron abordados por el Gobierno nacional. Es decir, no se trata únicamente de personas a las que les suspendieron una pensión, sino también de quienes iniciaron por primera vez el pedido y no consiguieron que avance.

“Nosotros en la provincia de Santa Fe, trámites que están presentados y que no fueron todavía ni siquiera abordados por el Gobierno nacional, la última estadística que teníamos son unos 115.000 trámites”, explicó.

Muchas de esas solicitudes continúan en la etapa inicial. Las familias pueden consultar el estado de los expedientes a través de Mi ANSES, pero encuentran que siguen figurando como iniciados, sin movimientos ni resoluciones.

Mariela Peña, abogada especializada en discapacidad y presidenta de Incluíme Santa Fe, advirtió que en la provincia hay unos 115.000 trámites de pensiones que todavía no registran avances.

Mariela Peña, abogada especializada en discapacidad y presidenta de Incluíme Santa Fe, advirtió que en la provincia hay unos 115.000 trámites de pensiones que todavía no registran avances.

El problema, además, no se limita a Santa Fe. Peña señaló que a nivel nacional hay más de 400.000 trámites pendientes de evaluación para acceder a una pensión por discapacidad. Según explicó, desde diciembre de 2023 no se otorgaron nuevos beneficios, una situación que también alcanza a personas que nacieron con una discapacidad o que la adquirieron posteriormente.

“Tenés por un lado el grupo que tiene la angustia de que no sabe si mañana cobra porque puede estar en esos famosos listados y, por otro lado, un montón de niños, niñas y adolescentes que quizás nacieron con esa condición en este último tiempo o que la adquirieron, incluso adultos, y que tampoco pueden porque no salieron nuevos”, describió.

Qué cambia con la nueva ley de discapacidad

La norma aprobada por el Senado transforma en permanente buena parte del esquema que había establecido la emergencia en discapacidad. Para Peña, representa una respuesta a dos problemas centrales: las deudas con los prestadores de servicios y la situación de las pensiones suspendidas.

En el caso de los prestadores, la ley establece un plazo de 90 días para que el Estado nacional salde las deudas vinculadas con las compensaciones de emergencia. Se trata de una respuesta reclamada por instituciones y profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad y que, según explicó la abogada, atravesaron un período de fuertes dificultades por los desfasajes en los pagos.

Respecto de las pensiones suspendidas, la nueva legislación modifica las incompatibilidades que se habían utilizado para justificar algunas bajas. Por eso el Estado deberá revisar esas situaciones, restituir los beneficios cuando corresponda y evaluar nuevamente los casos.

De todos modos, la abogada aclaró que la nueva ley no contempla todas las demandas del colectivo. “Esta ley no responde a todas las necesidades del colectivo y es algo que queremos dejar en claro”, expresó. Consideró que convertir la emergencia en una norma permanente también requería abordar otros aspectos de las políticas de discapacidad.

Pensiones suspendidas y trámites nuevos: dos situaciones diferentes

Peña explicó que es importante distinguir entre quienes ya cobraban una pensión y sufrieron una suspensión y quienes iniciaron una solicitud que nunca avanzó.

En el primer grupo, mencionó que el Gobierno nacional informó un listado de 27.000 familias que deben atravesar nuevamente un proceso de auditoría. Desde las organizaciones sociales, explicó, trabajan para localizar a esas personas y acompañarlas durante las gestiones.

En Santa Fe, la asociación civil Incluíme Santa Fe, que Peña preside, intervino judicialmente en casos de bajas de pensiones. A través de un amparo, algunas de las personas afectadas lograron recuperar el cobro del beneficio.

“Si hay alguien que quizás se escapa de nuestro radar, que se le suspendió el beneficio, le decimos que se acerquen a Incluíme para poder hacer las presentaciones dentro de ese amparo que hoy está vigente y que nos permite sumar a nuevos afectados”, explicó.

En cambio, para los expedientes que fueron iniciados y nunca tuvieron avances, la organización espera la reglamentación de la nueva ley para poder presentar pronto despacho y reclamar que se muevan esas solicitudes.

La incertidumbre de las familias y el acompañamiento en el territorio

Peña describió el desgaste que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias después de más de dos años de cambios, suspensiones y dificultades para sostener las coberturas.

“Lo que estuvimos gestionando fue la angustia”, resumió. Y recordó que el proceso comenzó a fines de 2023, con los aumentos de las prepagas y las dificultades de muchas familias para mantener sus coberturas de salud. Luego llegaron las bajas de pensiones, los reclamos y la judicialización.

Peña destacó el trabajo de las organizaciones sociales para acompañar a las personas con discapacidad y llegar a quienes viven en localidades alejadas, donde la falta de conectividad dificulta el acceso a la información y los trámites.

Peña destacó el trabajo de las organizaciones sociales para acompañar a las personas con discapacidad y llegar a quienes viven en localidades alejadas, donde la falta de conectividad dificulta el acceso a la información y los trámites.

“Venimos de dos años y medio donde lo que más gestionamos fue la angustia, la incertidumbre y la vulneración de derechos”, señaló. También describió la preocupación constante por los cambios en las reglas: “Todos los domingos nos acostamos y nos levantamos mirando el Boletín Oficial para ver cuáles son las reglas de juego”.

En ese contexto, destacó el trabajo de las organizaciones sociales y de los medios de comunicación para llegar a familias que muchas veces no tienen acceso a información ni conectividad. En particular, advirtió sobre las dificultades que enfrentan quienes viven en localidades del norte santafesino, donde las distancias, la falta de internet y las dificultades para trasladarse pueden dejar a las personas fuera de los circuitos de atención.

“Esa es la gente que ha quedado fuera de todo tipo de relevamiento”, sostuvo. Para Peña, no es lo mismo atravesar una discapacidad en Santa Fe o Rosario que hacerlo en el norte provincial o en la Cuña Boscosa.

Cómo comunicarse con Incluíme Santa Fe

La asociación civil Incluíme Santa Fe acompaña a personas con discapacidad y sus familias en gestiones vinculadas con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), auditorías de pensiones y asesoramiento jurídico y social.

Peña explicó que cuentan con un equipo interdisciplinario integrado por abogados, trabajadores sociales, psiquiatras y terapeutas, que trabaja para orientar a las familias y acompañarlas en sus trámites.

Quienes necesiten asesoramiento pueden comunicarse a través de las redes sociales de Incluíme Santa Fe, en Facebook e Instagram; por correo electrónico a [email protected] o acercarse a su sede de Salvador del Carril 2482, en la ciudad de Santa Fe.

La abogada también insistió en que la discapacidad requiere una respuesta coordinada entre los distintos niveles del Estado, las organizaciones, los profesionales y la sociedad. La aprobación de la ley fue un paso, pero su aplicación y la resolución de los expedientes pendientes serán determinantes para que las respuestas lleguen a quienes las esperan.

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