De ahora en adelante, los fiscales marcarán el pulso de las investigaciones y los jueces serán de garantías. Un hecho histórico para un fuero que funcionó entre lo escrito y la oralidad durante 30 años.
En Santa Fe está previsto que funcionen dos salas: una que tendrá lugar en el Tribunal Oral y otra en el Juzgado Federal.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
La Justicia federal de Santa Fe implementa a partir de este lunes el sistema acusatorio en donde, por medio de la oralidad, los fiscales tendrán el mando de las investigaciones y los jueces, por su lado, ocuparán un rol de control de garantías, tal como ocurre en fuero provincial desde 2014 mediante la creación del Ministerio Público de la Acusación.
La medida se da partir de la resolución del Ministerio de Justicia de la Nación que en marzo pasado ordenó la “inmediata implementación” del Código Procesal Penal Federal para así dejar atrás el sistema mixto con el que funcionó el fuero judicial desde 1994: escrito en la etapa de instrucción y con trámite en los Juzgados; y oral en la fase de juicio en los tribunales orales.
A partir de la reciente reforma, las causas pasarán a estar en manos de los fiscales del Ministerio Público Fiscal quienes tendrán un rol decisivo en la persecución del delito ya que serán quienes inicien una investigación judicial (por medio de un legajo judicial que suprime el viejo expediente) e impulsen la causa hasta el final.
Los jueces, en tanto, pasarán a tener un rol de garantías, por lo que fallaran, en audiencia, en base a las pruebas que presenten los fiscales y defensores que intervengan un determinado conflicto penal.
Al igual que ocurre en la Justicia penal de la provincia, la maquina motriz del sistema acusatorio estará a cargo de una Oficina de Gestión Judicial que se encargará de la organización “administrativa y operacional” del agendamiento de audiencias orales y qué jueces las encabezarán, entre otras tareas.
El cambio de modelo judicial abarca a toda la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que tiene lugar en Santa Fe capital, Rosario, Rafaela, San Lorenzo, Venado Tuerto y la ciudad de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires.
Dentro del sistema acusatorio, el plato fuerte lo tendrán los fiscales federales que tras implementarse la oralidad dejarán de trabajar en Fiscalías separadas y pasarán a ocupar una sola Unidad Fiscal. En el caso de la ciudad de Santa Fe, el fiscal coordinador será Gustavo Onel (que estaba a cargo de la Fiscalía Federal N°1 y de Rafaela), mientras que en Rosario quedó a cargo Javier Arzubi Calvo. También habrá sedes descentralizadas con asiento en otras ciudades del interior y las cuales estarán representadas por otros funcionarios judiciales: San Lorenzo, con Claudio Kishimoto; Rafaela con Gustavo Onel y Federico Grimm; Venado Tuerto estará encabezada por Arzubi Calvo y su coadyuvante Daniela Noe Ghiorzi; y San Nicolás, con Matías Di Lello.
No obstante, quedó afuera la Justicia federal de Reconquista que, si bien se encuentra en territorio de la provincia de Santa Fe, provisoriamente seguirá bajo el sistema mixto y con un funcionamiento por demás de llamativo. Es que, en la etapa de investigación, las causas se tramitan en el Juzgado y Fiscalía federal de esa ciudad y tienen su revisión ante un tribunal superior con sede en la Cámara Federal de Resistencia, en la provincia de Chaco. Pero cuando la causa es elevada a juicio, el hecho se juzga en el Tribunal Oral Federal de calle Primera Junta y San Jerónimo de la ciudad de Santa Fe.
Con la reforma, todas las Unidades fiscales de la provincia responderán al fiscal de distrito de Rosario, Fernando Arrigo, quien se desempeñaba en la actualidad como fiscal subrogante ante la Cámara de Apelaciones de Rosario y ante un tribunal oral de esa ciudad.
El rol de los representantes del Ministerio Público Fiscal será protagónico, ya que, de ahora en adelante, comandarán las investigaciones que antes se instruían en un determinado juzgado penal, tal como sucedió en el fuero provincial, a partir de la puesta en vigencia del Ministerio Público de la Acusación que este año cumplió diez años.
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Con la puesta en vigencia del nuevo sistema se pretende agilizar las causas que encabecen los fiscales y que no transiten años, entre el juzgado y el tribunal, para lograr una sentencia, tal como ocurría. Un claro ejemplo es lo que sucedió en Santa Fe capital a partir de la ley de narcomenudeo que posibilitó a la Justicia provincial juzgar los casos de microtráfico de drogas y que en los últimos tres meses logró la condena de siete personas por comercializar estupefacientes, algo que en el federal llevaba años.
De igual manera, el mayor desafío estará puesto en cómo responderán las fuerzas que asistan a la Justicia federal para así lograr investigaciones exitosas, que no se filtren y que peguen donde tienen que dar: en el crimen organizado. "De lo contrario, seguiremos investigando policías corrompidos y no a quienes manejan el negocio", comentó al respecto una fuente de vasta trayectoria en el fuero federal.
En cuanto a los cimientos del nuevo sistema, la estructura arrancará con un Colegio de Jueces que contará en toda la provincia con solo cinco jueces federales que encabezarán las distintas audiencias que programe la Oficina de Gestión Judicial cuya sede central estará en Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y que tendrá subsedes en el resto de las ciudades.
Según los altos mandos de Justicia federal, el Colegio estará compuesto por los jueces que actualmente se desempeñan en la parte de instrucción: Reinaldo Rodríguez, de Santa Fe; Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros, de Rosario; Aurelio Cuello Murúa, de Venado Tuerto; y Carlos Villafuerte Ruzo, de San Nicolás (Buenos Aires) que si bien es de Buenos Aires integra la Cámara Federal rosarina.
Los cinco serán designados para audiencias de distintos casos judiciales que surgirán en las distintas localidades de la provincia por lo que será primordial la utilización de la videoconferencia para impartir justicia. De todas maneras, y tal como ocurría con el sistema anterior, los magistrados serán quienes autoricen, o no, allanamientos o escuchas telefónicas, como también planteos de incompetencias jurisdiccionales.
Por su parte, los jueces de sentencia, que actualmente se desempeñan en los tribunales orales, dos en Santa Fe y nueve en Rosario, continuarán con su rol de juicio en el nuevo sistema acusatorio. De igual manera, tienen la posibilidad de ofrecerse para integrar el Colegio de Jueces de Garantías de manera subrogante.
No obstante, cada juez convivirá con el viejo sistema ya que las causas que tramitaron hasta el final seguirán abiertas. En Rosario, por ejemplo, quedan en trámite un total de cinco mil causas, mientras que en Santa Fe quedará otro remanente ya que en el Tribunal Oral hay 670 expedientes sin tener todavía resolución y alrededor de 800 entre los dos juzgados penales que tiene la capital provincial. Lo mismo ocurrirá con las sedes de Rafaela, Venado Tuerto y San Nicolás. “Van a convivir los dos sistemas, todos los jueces serán del sistema acusatorio o del residual”, explicó al respecto a AIRE una alta fuente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Por último, las causas que deban ser revisadas por un tribunal superior, en la etapa previa al juicio, tendrán como destino la Cámara Federal de Rosario que cuenta con cuatro jueces y que además son "multifuero", ya que intervienen en expedientes civiles.
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