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A diez años de la reforma penal, el sistema que cambió la forma de hacer justicia en Santa Fe

Dejó el sistema escrito para pasar a la oralidad y efectivizó el rol de los fiscales en las investigaciones. El papel de los jueces, las defensas y un área clave: la policía.

No es un día cualquiera, ya que a partir del 10 de febrero del 2014 el Ministerio Público de la Acusación (que nuclea a los fiscales) comenzó a pisar fuerte en los casos penales al ser el órgano de direccionamiento de las investigaciones y que además puso un fuerte acento en la representación de las víctimas.

La puesta en funcionamiento del sistema, y tal como lo ideó el Código Procesal en sí, tuvo previsto que los fiscales tengan a una “Policía Judicial” como fuerza auxiliar para investigar los delitos.

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Agentes de la Policía de Investigaciones en una escena del crimen.

Agentes de la Policía de Investigaciones en una escena del crimen.

Sin embargo, al no contar en su inicio con dicho organismo, el MPA se valió (y sigue siendo así en la actualidad) de la Policía de Investigaciones (PDI), creada el 7 de enero de 2014 y dependiente del Ministerio de Seguridad.

Aquella fuerza dejó atrás las Agrupaciones de Unidades Especiales, las viejas AUE que dependían de las unidades regionales de la policía y que absorbían a investigadores de homicidios, robos y hurtos y automotores, entre otras áreas.

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Recién en 2015, un año después del inicio del sistema, el ejecutivo promulgó la ley Nº 13.459 que posibilitó la creación del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA cuyo director debió ser un civil y no un integrante de las fuerzas de seguridad.

Inclusive, aquella ley remarcó la importancia de que el futuro OI se encargara de los denominados “delitos complejos” para no entorpecer investigaciones de la Policía de Santa Fe.

La reforma del fuero penal suprimió además los Juzgados de Instrucción y Sentencia que tenían jueces a cargo, los cuales pasaron a tener en el nuevo sistema un rol diferente: garantizar la efectiva aplicación de los derechos y garantías, tanto del código procesal como el código penal.

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Sin intervenir en el direccionamiento de las investigaciones, los jueces pasaron a tener un rol de análisis de las evidencias o pruebas de los fiscales, defensores o querellantes para así impartir justicia a alguna de las partes involucradas en un caso penal.

No obstante, su control sobre los pedidos de allanamiento o intervenciones telefónicas continuó hasta la actualidad, entre otras acciones (ejecución, por ejemplo) de los magistrados del fuero penal de primera instancia.

La oralidad, el bien más preciado

La llegada del sistema acusatorio permitió que en una sala de tribunales defensores, querellantes y fiscales se reúnan para definir el destino judicial de un ladrón, un policía corrupto, un estafador, homicida o abusador (como también otros delitos) y que tal trámite pueda ser público, a la vista familias, de víctimas o de la prensa. Lo que antes se disponía en el despacho de un juez, a puertas cerradas o mediante una fría resolución judicial, pasó a verse en modo real, en vivo y en directo por cada una de las partes y ante el público en general.

En lo que respecta a números, por ejemplo, la ciudad de Santa Fe, según datos de la Oficina de Gestión Judicial de tribunales, arrancó en 2014 con 2125 audiencias (por distintos planteos) y cerró el 2023 con 7600, lo que demuestra un claro afianzamiento del sistema oral en estos diez años.

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No obstante, en donde se vio el mayor impacto del sistema acusatorio fue en las cárceles de la provincia que incrementaron la cantidad de presos. Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), que es la estadística penitenciaria oficial del país, en 2013 -un año antes del inicio del sistema acusatorio- había un total 2.813 personas privadas de su libertad en cárceles de Santa Fe. De ese total, el 70% estaba condenado y el 30% se encontraba en prisión preventiva.

Puesto en funcionamiento el nuevo código procesal penal y a cinco años de su inicio, la estadística reveló que en 2019 la población carcelaria trepó a 6.320 y de ese total, el número de personas con prisión preventiva creció al 43%, mientras que el 57% estaba con condena. Mientras que para 2022, el reporte nacional reveló que la cantidad de personas condenadas ascendió al 65% y con prisión preventiva se achicó al 35%.

En la mira de la legislatura y judicial

En los diez años que lleva el sistema acusatorio no todo fue perfecto. Además de las luces, también hubo sombras en la que apareció como protagonista central la Legislatura provincial. Los primeros hechos se retrotraen a noviembre del 2016, cuando en una sesión conjunta de ambas cámaras se definió la suspensión del entonces fiscal Regional de Reconquista, Eladio García y el defensor general, Gabriel Ganón, los cuales fueron denunciados por mal desempeño en sus funciones.

Aquella suspensión fue el primer mensaje que dio la Legislatura al Ministerio Público de la Acusación, ya que un año después los legisladores volvieron a marcarle la cancha a los fiscales al sancionar un nuevo régimen disciplinario para investigar no solo las conductas de los fiscales regionales o el general, sino también de los de grado.

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Legislatura de la provincia de Santa Fe, en donde funciona la Cámara de Diputados y Senadores.

Legislatura de la provincia de Santa Fe, en donde funciona la Cámara de Diputados y Senadores.

Tal sanción se dio en un contexto en que algunos fiscales, mayormente de Rosario, impulsaron denuncias que tenían como destinatarios a legisladores provinciales. Como reacción a ello, la Legislatura tramitó la modificación del régimen disciplinario contra los fiscales y directivos del Organismo de Investigaciones, cuyos desempeños quedaron a merced del poder legislativo, mientras que la Auditoría de Gestión quedó para investigar faltas menores de los funcionarios y empleados del MPA.

Los desafíos del sistema

Si bien el sistema acusatorio se consolidó en estos diez años, la Justicia penal aún adeuda aplicar artículos del Código Procesal Penal que nunca se ejecutaron. Como, por ejemplo, el artículo 160, que prevé la creación de un equipo multidisciplinario, que no dependa ni de Fiscalía ni defensa y que sea imparcial para realizar Cámaras Gesell a menores de edad víctimas de abusos sexuales u otros delitos.

Según la norma, la Corte Suprema de Justicia será quien dispondrá su conformación y proveerá lo necesario para que los actos que tenga que intervenir un menor se desarrollen en ambientes adecuados conforme a los conocimientos técnicos disponibles al efecto.

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Los juicios por jurados, el desafío que se viene en la Justicia de Santa Fe.

Los juicios por jurados, el desafío que se viene en la Justicia de Santa Fe.

Otro aspecto y que es uno de los desafíos a implementar en los próximos años son los juicios por jurado, en los cuales la propia ciudadanía, ajena al Poder Judicial, define si una persona que atraviesa una causa penal es culpable o no.

Su aplicación en territorio santafesino cobró relevancia recientemente tras el envío a la Legislatura Provincial de un proyecto de ley del gobernador Maximiliano Pullaro y el cual busca que la gente sea parte de la Justicia, algo que en muchas veces se pone en tela de juicio. El último jueves, el proyecto tuvo media sanción de Diputados, por lo que ahora el Senado tendrá la decisión de definir si el juicio por jurados en Santa Fe es un hecho.

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