Este próximo viernes, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe comenzarán a intervenir en causas menores de drogas, tal como lo dispuso la reciente ley de “narco menudeo” que recientemente adhirió a que la Justicia provincial aborde los casos de microtráfico de estupefacientes.
La ley prevé que los fiscales provinciales tomen intervención en causas en donde hay microtráfico de estupefacientes.
La medida fue dispuesta por la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, que mediante la resolución (467) informó que a partir de este viernes los órganos fiscales de la provincia podrán intervenir en la investigación de los delitos alcanzados por la desfederalización.
Desde el organismo judicial explicaron que la actuación de los fiscales estará regida por medio de una guía de actuación elaborada por un equipo de trabajo que estará conformado por las fiscales Carla Cerliani y Valeria Haurigot; el fiscal Diego Vigo; el Subdirector provincial de Investigaciones Criminales del OI, Víctor Moloeznik; y la Secretaria de Gestión con funciones asignadas a la Fiscalía General, Marina Pieretti.
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La jefa de los fiscales advirtió en su resolución que la actuación de los fiscales en delitos de narcomenudeo será gradual y progresiva hasta tanto “se reúnan las condiciones necesarias para la plena vigencia de la normativa”. En este sentido, la funcionaria judicial aclaró que aún están pendientes reformas al Código Procesal Penal, la creación de una Agencia Especial de Inteligencia, recursos humanos y equipamiento y reformas legales a ley orgánica del MPA (la provincial 13.013).
Sobre las causas en trámite, Vranicich dispuso además promover una instancia interinstitucional e invitar a los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación y a los jueces federales a los fines de determinar la forma y los alcances del traspaso.
Por último, la fiscal general llamó a ejecutar un trabajo conjunto entre la Justicia federal y la provincial para ejecutar así estrategias de coordinación que permitan la colaboración entre ambos Ministerios Públicos, procurando así evitar atomizaciones y eventuales entorpecimientos en las investigaciones.
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