Hace diez años, se inauguraba la primera sala de audiencias en los Tribunales de Santa Fe, para la implementación del nuevo sistema procesal penal.
Gentileza/ Prensa de la Corte Suprema de Santa Fe
Cuando el 20 de mayo de 2000 apareció en Rufino el cuerpo sin vida de Natalia Fraticelli, hija de un juez de esa ciudad, nadie imaginó que aquel impactante caso terminaría desencadenando una profunda reforma en el entonces arcaico e inconstitucional sistema de Justicia Penal de Santa Fe.
Natalia tenía 15 años y la encontraron durante la madrugada de aquel día en el dormitorio de su casa, asfixiada con una bolsa en su cabeza. El 14 de mayo de 2002, a casi dos años de la muerte de la adolescente, el juez de sentencia de Melincué, Fernando Vidal, condenó al Carlos Fraticelli y a su esposa, Graciela Dieser, a cadena perpetua por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y la alevosía.
Sin embargo, en agosto de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la sentencia y ordenó que se dictara un nuevo fallo, porque el sistema penal santafesino permitía que un mismo juez investigara y procesara a los imputados, en clara violación a la Constitución Nacional reformada en 1994.
A fines del 2009, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Venado Tuerto terminó revocando la condena contra Fraticelli y Dieser, y los absolvió de culpa y cargo.
"Aquel caso se convirtió en una especie de certificado de defunción del sistema procesal penal de Santa Fe, que era una pieza arqueológica. Era la única provincia del país que seguía con un sistema escrito e inquisitivo. Ninguna provincia contaba por entonces con un sistema semejante. Incluso, todos los países de latinoamérica ya establecían el juicio oral y público", dijo Carlos Edwards, quien se desempeñó como abogado defensor de los Fraticelli.
Consultado por AIRE, Edwards sostuvo que en aquel momento "no existía en Santa Fe la decisión política de modificar esta situación, hasta que la Corte nacional intervino".
La sentencia de la Corte aceleró los tiempos porque, en realidad, a principios de 2006 el entonces gobernador, Jorge Obeid, ya había dispuesto la creación de comisiones dentro de un Plan Estratégico Provincial, para modernizar el sistema judicial en general.
Participaban, además del Poder Ejecutivo, ambas cámaras legislativas, Colegios de Abogados y de Magistrados, las facultades de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral, Universidad Católica de Santa Fe, Universidad Nacional de Rosario y Universidad Católica de Rosario. A ellos se sumaban miembros del Poder Judicial y del Colegio de Procuradores.
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Néstor Oroño integraba aquella comisión como representante del Colegio de Abogados de Santa Fe: "Las comisiones estaban conformadas para comenzar a trabajar, pero el fallo de la Corte sobre el caso Fraticelli apuró los tiempos y en apenas seis meses se elaboró un proyecto de Código Procesal Penal que enviamos a la Legislatura", recordó.
En agosto de 2007, un año después del fallo de la Corte Suprema, la Legislatura de Santa Fe sancionó la ley 12.734, que fue el puntapié inicial de un proceso que estableció reformas profundas al sistema penal de la provincia. Pero el inicio de la implementación de estos cambios demandaría otros siete años.
El 5 de abril 2011, el entonces presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, tomó juramento a las flamantes autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa, aunque en la práctica estos organismos no existían y debían ser organizados desde sus raíces.
Ese día, Julio De Olazábal asumió como fiscal general de la Provincia de Santa Fe, y Gabriel Ganon como defensor provincial. Además, prestaron juramento Ricardo Fessia como fiscal regional de Santa Fe, Jorge Baclini como fiscal regional de Rosario, Eladio García como fiscal regional en Reconquista y Carlos Arietti en Rafaela.
Sebastián Amadeo juró como defensor regional de Santa Fe, Gustavo Franceschetti en Rosario, Ariana Quiroga en Reconquista y Estrella Moreno en Rafaela.
"Eran funcionarios itinerantes porque ni siquiera tenían un lugar físico para trabajar. Realizaban gestiones, iban a Casa de Gobierno, organizaban la Fiscalía general, las fiscalías regionales y las defensorías", recordó Oroño.
Había que alquilar edificios, preparar las cuestiones logísticas, generar un sistema informático, seleccionar y capacitar a los nuevos operadores del sistema, desde los jueces, hasta los empleados. También había que producir el traspaso de personal del Poder Judicial al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa. Se trató de una verdadera ingeniería laboral.
Cuando el 11 de diciembre de 2011 Antonio Bonfatti asumió como gobernador de Santa Fe, estableció como una de sus prioridades de gestión la puesta en marcha, de una vez por todas, del nuevo sistema procesal penal en la provincia.
Sabía que no sería fácil, pero decidió avanzar sin descanso. Cada viernes, en el despacho de la sede de la Gobernación de la ciudad de Rosario, se reunía con ministros de la Corte, con el fiscal general designado, con el resto de los fiscales regionales, con el defensor general y los defensores de cada región. A veces se sumaba el ministro de Justicia, Juan Lewis; o su antecesor en el cargo, Héctor Superti.
"Recuerdo que tenía mi libretita negra, donde anotaba los deberes de una semana a otra", rememoró Bonfatti. "En cada reunión aparecían nuevos problemas, pero estábamos convencidos de que ese era el camino", agregó.
"Era comenzar todo de cero: conseguir edificios, alquilar o comprar, adecuarlos, dotarlos de mobiliario, informática, redes. Pero lo más complejo pasaba por los recursos humanos, ya que a nadie en la universidad le enseñan a ser fiscal o defensor. Había que traspasar funcionarios del viejo sistema, al nuevo. Y como siempre pasa, lo viejo se resiste a desaparecer y lo nuevo tarda en nacer", resaltó el exgobernador.
Hasta que en un momento, Bonfatti tomó una decisión: "Dije basta, y puse el 10 de febrero de 2014 como fecha para que el sistema comenzara a operar de manera efectiva. Se hizo un acto en el Colegio Inmaculada, de Santa Fe, y en mi discurso dije con claridad que el sistema debía ir puliéndose sobre la marcha".
"Hubo problemas, es cierto. Pero en esos momentos el sistema se autodepuró. No hay sistemas perfectos, pero dimos un paso gigante", insistió.
Este 10 de febrero de 2024 se cumplen diez años desde aquel día en que se puso en marcha la implementación efectiva del nuevo Código Procesal Penal en la Provincia de Santa Fe, hito que significó una verdadera transformación en materia judicial, que derivó en la creación de organismos como el Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal; que impulsó la oralidad del sistema y que puso a la provincia en la misma sintonía de la Constitución Nacional que había sido reformada dos décadas antes.
Antonio Bonfatti remarcó que, en gran medida, las demoras se produjeron "porque las mayores resistencias nacían del temor al cambio. Fueron necesarias muchas negociaciones, mucho diálogo. Nadie quería perder y algunos querían ganar todo. Hubo que consensuar políticamente, ya que siempre alguien debe ceder para que todos ganen. Todos quedaron conformes y nadie quedó del todo conforme. Pero sé que valió la pena".
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