“Este tiene que ser un ámbito donde nos escuchemos, hay muchas cosas que compartimos todos”, afirmó el gobernador Omar Perotti, que estuvo al frente del encuentro
En la oportunidad, Perotti sostuvo que “este tiene que ser un ámbito donde nos escuchemos, hay muchas cosas que compartimos todos. El conocimiento del territorio lo tienen las autoridades locales involucradas plenamente, en la misma instancia que nos permitan recabar niveles de información y la posibilidad de llevar adelante de manera exitosa el tema multiagencial”.
Tras la finalización del encuentro, los legisladores del oficialismo y de la oposición se mostraron de acuerdo en sostener el espacio y también en la confección de un temario que marque el rumbo. “Se ha puesto la mirada de distintos poderes del estado sobre lo que está pasando. Lo que los diferentes espacios políticos e institucionales tenemos para aportar, ya sea desde el diagnóstico o desde la propuesta”, sostuvo Juan Cruz Cándido, diputado de la UCR.
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“Hay un acuerdo multipartidario en donde ninguno se va a hacer el distraído, acá somos todos responsables”, afirmó el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade. Al respecto hizo hincapié en la necesidad de aportar distintas miradas para terminar con la violencia, a la que calificó como un “gran negocio” que hay que cortar.
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Los legisladores del oficialismo y de la oposición se mostraron de acuerdo en sostener el espacio y también en la confección de un temario que marque el rumbo.
“Lo primero es poner la cara para llevar adelante el dolor que tiene nuestra ciudadanía en la provincia”, aseguró el legislador que en segundo lugar marcó la necesidad de poner mayor presencia virtuosa del estado en los lugares violentos.
“Hay que celebrar la convocatoria, creo que esto es una responsabilidad compartida”, manifestó el diputado provincial por el Partido Justicialista, Ricardo Olivera, que definió el diseño de políticas de seguridad como una cuestión estructural que no se puede resolver en poco tiempo.
A su turno el representante del bloque socialista en la Cámara de Diputados, Joaquín Blanco, fue crítico al asegurar que hay dos años perdidos en la gestión de seguridad en la provincia de Santa Fe, y a pesar del espíritu de refundación que tiene el Ministerio, la lentitud de la gestión es contraproducente. "Los tiempos se demoran. Hay una tensión social muy grande", afirmó.
En el primer encuentro de la Junta provincial de seguridad el bloque socialista elevó propuestas concretas vinculadas a recuperar la presencia del estado en el territorio y con delitos complejos. “Esperemos que esto no sea una reunión para la foto, que haya continuidad de este espacio y se escuche a la oposición”, agregó el diputado.
Una de las cuestiones que se planteó en el encuentro está relacionada con el accionar de los delincuentes desde el interior de la cárcel y la necesidad de actualizar la normativa de control de los presos de alto perfil. "No puede ser que tengan más comodidad los jefes narcos y violentos de manejar la calle dentro de las cárceles que fuera", dijo el referente del socialismo.
El senador Armando Traferri, que representó al Senado en el encuentro, sostuvo que la problemática de la seguridad no es nueva."Hace doce años venimos discutiendo esto, por lo cual hay que aceptar que de alguna manera la política fracasó", afirmó el legislador que desde hace doce años ocupa un escaño.
El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, valoró como positivo el encuentro y destacó su importancia para fijar un plan y su manera de ejecución.
Desde el Ministerio Público de la Acusación se plantearon dos líneas: una fijar un plan de política criminal a largo plazo. Por otro lado, se dieron a conocer las necesidades que hoy tiene el organismo en torno a la falta de recursos humanos, económicos, necesarios para el fortalecimiento de la entidad.
Sobre la ley de control disciplinaria de los fiscales, Baclini sostuvo que es un inconveniente que esté bajo órbita legislativa. "Es un planteo que lo vamos a ir robusteciendo progresivamente, porque para nosotros es muy importante. Si bien debe haber un control para los fiscales, consideramos que no es conveniente, ya que afecta la autonomía y condiciona el trabajo de los fiscales", manifestó el fiscal general.
Por su parte, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, describió que “esta Junta, es la continuidad del diálogo que se había iniciado sobre este tema a fines del año pasado, cuando el gobernador convocó a legisladores provinciales y nacionales y al Consejo Económico Social para avanzar en la profundización de todas las acciones que se llevan adelante. Específicamente, esta Junta fue incluida en la ley de Emergencia en Seguridad y Asuntos Penitenciarios, es la institucionalización de este espacio donde estamos representados los tres poderes del Estado que tenemos responsabilidad en el tema”.
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Arena expresó que se trató de un espacio muy constructivo, "que no diluye las distintas miradas que tenemos, pero sí entender que cada uno de los poderes tiene responsabilidad en la resolución".
Para la ministra el objetivo concreto es avanzar en el diálogo efectivo, articulando distintas acciones, priorizando las medidas, las acciones conjuntas con los operativos multiagenciales en el territorio, el diálogo con los gobiernos locales.
Finalmente, Arena expresó que se trató de "un espacio muy constructivo, que no diluye las distintas miradas que tenemos, pero sí entender que cada uno de los poderes tiene responsabilidad en la resolución de esto y que el mejor aporte que podemos hacer de cara a la ciudadanía es profundizar esta articulación y que haya un diálogo constructivo y efectivo”.
El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, afirmó que “este ámbito es en función de poder mejorar entre todos los poderes del Estado y haciendo una profunda autocrítica de lo que estamos haciendo mal y de lo que hay que mejorar. Esta apertura es para poder lograr un mayor consenso entre los que estamos de acuerdo y trabajar sobre el disenso”.
“Nos vamos a sentar a trabajar juntos para poder acordar políticas de Estado en su conjunto, este no es solo un problema del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial tiene que asumir su rol en esto y el Legislativo igual. Lo que tratamos de hacer es trabajar en conjunto con el resto de los poderes porque todos tenemos algo para aportar”, puntualizó Corach.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, indicó: “Nuestro plan de seguridad tiene dos aristas importantes: el plano de la modernización tecnológica y el equipamiento de la policía, y el personal capacitado, para lo cual estamos trabajando mucho en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación, con la Justicia Federal, con la Procunar”.
Para finalizar, el ministro se refirió a la Ley de Emergencia: “Hicimos una propuesta, pero tenemos totalmente definido en qué vamos a gastar, cómo lo vamos a gastar, con presupuesto regular, o con la Ley de Emergencia”.
Por último, el secretario de Justicia, Héctor Somaglia, manifestó que “esto tiene que ser una política de Estado y únicamente se sostiene bajo el consenso. Es necesaria una relación o interconexión entre el Ministerio Público de la Acusación y las fuerzas policiales de nuestra provincia. Se está trabajando en conjunto. La labor conjunta se viene haciendo”.
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La reunión de la Junta provincial de Seguridad se llevó a cabo en la Casa de Gobierno. El encuentro fue encabezado por el gobernador Omar Perotti.
La reunión se llevó adelante en el Salón Banco de Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, y participaron también la vicegobernadora Alejandra Rodenas; los secretarios de Seguridad Pública, Jorge Bortolozzi, y de Gobierno, Oscar Urruty; la jefa de la Policía, Emilce Chimenti; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez; el procurador general de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Jorge Barraguirre; el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini; el fiscal de la Regional I, Carlos Arietti; el fiscal de la Regional II, María Eugenia Iribarren; el fiscal de la Regional III, Matías Merlo; el fiscal de la Regional IV, Rubén Martínez; el fiscal de la Regional V, Diego Vigo; los diputados provinciales Natalia Belavi, Juan Cruz Cándido, Carlos Del Frade, Ricardo Olivera y Joaquín Blanco; y los senadores Armando Traferri y Rodrigo Borla.
Junta provincial de seguridad
Creada por decreto provincial, la Junta Provincial de Seguridad persigue el objetivo de institucionalizar un espacio de diálogo entre las diferentes esferas del Estado santafesino en materia de políticas de Seguridad Pública en el territorio. Se trata de un órgano institucional de análisis, elaboración y coordinación de las políticas de seguridad de la provincia.
La integran, en representación del Poder Ejecutivo, los siguientes funcionarios: el gobernador y vicegobernador de la provincia, los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, el secretario de Seguridad Pública y el jefe de la Policía. En representación del Poder Judicial, el presidente y procurador general de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal General del Ministerio de la Acusación y a los cinco Fiscales Regionales. En representación del Poder Legislativo, dos senadores en representación de las fuerzas políticas que componen la Cámara de Senadores y cuatro diputados en representación de las fuerzas políticas que componen la Cámara de Diputados.
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