La Corte Suprema reabrió una investigación contra un exdiputado del Frente para la Victoria. Lo acusan de registrar una empleada sin que ella supiera.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió reabrir una investigación contra un exdiputado del Frente para la Victoria, acusado de haber registrado a una joven como empleada de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, sin que ella lo supiera.
Se trata de Mario Caputo, quien quiso ser intendente de la ciudad de Azul en 2015 y se postuló en 2017 para ser senador provincial por la fuerza ligada a Florencio Randazzo.
La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Loenzetti, que decidió hacer lugar al recurso del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires en base al antecedente “Uzcátegui Matheus”, el fallo que dejó el cierre de la causa por las validas de Guido Antonini Wilson.
Los hechos se remontan a 2012, cuando una joven fue designada, por gestiones del entonces diputado Caputo, como empleada del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
La chica nunca había pedido el nombramiento, ni aceptó el cargo, ni firmó documento alguno, porque nunca se enteró de lo que sucedía. Según la denuncia, usurpando su identidad, alguien cobró en su nombre -desde mayo de 2012 hasta enero de 2013- los sueldos.
La joven se enteró por casualidad de la situación y radicó la denuncia penal en la Fiscalía N° 8 de Delitos Complejos de La Plata.
Según la denuncia, a los pocos meses le depositaron en su cuenta la suma de los salarios y le ofrecieron dinero diciendo que había sido todo un error. Según su abogado, le pidieron que guardara silencio. La querella afirmó que nueve meses después de esa presentación, alguien -no se sabe quién- restituyó poco más de 101.000 pesos en la cuenta. En el medio, la denunciante recibió a un asesor del diputado que le ofreció dinero diciéndole que había sido un error y que "se callara la boca", sostuvo el abogado Eduardo Lapenta.
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En declaraciones periodísticas, el abogado de la joven afirmó que antes de las elecciones de 2011, la joven se acercó al espacio político de Caputo, participó en algunas reuniones y una vez que lo vio le manifestó que tenía necesidad de trabajar. Caputo le dijo en ese momento que iba a hacer una cooperativa de trabajo para construir viviendas y que tal vez podía ser una suerte de empleada administrativa. Ante ese posible trabajo, el diputado le pidió una fotocopia del DNI.
Cuando la chica fue al Banco Provincia a pedir un microcrédito de 3.000 pesos por su situación laboral (había conseguido una suplencia como portera de una escuela), ahí se enteró que con su sueldo podía sacar más dinero. Ella no sabía de qué le estaban hablando. Al mostrarle la pantalla, le estaban depositando todos los meses aproximadamente 13.000 pesos y, según el ANSES, supo que aparecía con un cargo en la Cámara de Diputados bonaerense. Ahí radicó la denuncia.
La fiscalía pidió elevar a juicio la causa por fraude en perjuicio de la administración pública y la defensa se opuso. En 2020, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata dictó el sobreseimiento. Cuando la fiscalía apeló, ese tribunal entendió que el planteo era extemporáneo. Se abrió allí un debate sobre los tiempos de la notificación, que el acusador llevó sin suerte al Tribunal Penal de Casación y la Suprema Corte bonaerense.
Contra esa decisión, el Procurador General de la provincia planteó la arbitrariedad de la decisión y ahora la Corte Suprema ordenó reabrir el caso.
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