La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó la citación a Celia Arena y Gabriel Somaglia por los pliegos de los jueces comunitarios

Al hacer uso de la palabra durante la sesión, el diputado Fabián Palo Oliver aseguró que la presencia de los funcionarios será “una oportunidad para interpelar y evacuar dudas” y remarcó que “el concurso para cubrir cargos en los juzgados comunitarios de la provincia está viciado, por lo tanto, es de nulidad absoluta”. El legislador explicó que no se cumplió con lo establecido en el Decreto 593 de 2014 y su modificatorio. Al respecto, Palo Oliver precisó que “aunque parezca increíble, tenemos un secretario de Justicia que, deliberadamente y para confundir a la opinión pública, o lo que es peor, por ignorancia, manifiesta que el decreto no está vigente y que fue derogado por el 268 de 2019. Eso inexacto”. Según el diputado, el decreto 268 modificó algunos artículos del 593, sobre todo en lo que respecta a los procesos para hacer impugnaciones.

Para el exintendente de Santo Tomé, durante el proceso “no se cumplió con el derecho básico a la igualdad de todos los concursantes y el derecho a hacer impugnaciones”.

El proceso del concurso, consta de tres etapas: etapa de oposición (examen escrito), evaluación de antecedentes y una entrevista para aquellos concursantes que superaron ampliamente las etapas previas. Después de la calificación de los postulantes, el Consejo de la Magistratura hace el orden de mérito y lo eleva al gobernador de la provincia. Sobre este punto, Palo Oliver indicó que “desde el momento de los concursos, los postulantes solo pudieron conocer la calificación del concurso de oposición, es decir, el examen escrito. Las otras dos etapas no se hicieron públicas como tampoco se hizo conocer la calificación global”.

En cuanto a la supuesta discrecionalidad del gobernador para designar a funcionarios del Poder Judicial, independientemente de la calificación obtenida en el concurso, Palo Oliver aclaró que “el gobernador tiene la facultad de elegir entre los tres primeros miembros de las ternas. La reglamentación vigente establece, por transparencia, que se debe fundamentar en caso de no elegir al primero. Acá también hubo incumplimiento”. Según denunció un grupo de legisladores, de los 36 pliegos, en siete oportunidades el gobernador eligió al primero, en dos eligió a los terceros y en las 27 restantes, a los que estaban segundos.

Los acuerdos políticos y parlamentarios también tuvieron su mención. Si bien los valoró, el diputado Palo Oliver criticó que esos acuerdos sean para “digitar” la selección de candidatos. “Creo en los acuerdos parlamentarios, es un ejercicio democrático y hay que honrarlos. Sí voy a repudiar y reprochar que esos acuerdos se utilicen para digitar la selección de candidatos de funcionarios en la justicia provincial. ¿Hasta cuándo nos vamos a llenar la boca hablando de transparencia, reclamando un mejor servicio de justicia, si después de la política metemos mano en la designación de funcionarios judiciales?”, cuestionó.

Luego, el diputado Juan Cruz Cándido aseguró que “es necesario que haya respuestas, que los funcionarios citados aclaren lo que está pasando, porque es un mensaje muy oscuro el que le estamos dando a la sociedad”, y reiteró que “los concursantes nunca pudieron observar los procedimientos”.

Pedido de informes

Por otro lado, la diputada Mónica Peralta, presentó un pedido de informes mediante el cual se pretende saber cuáles fueron los criterios para no hacer efectiva la publicación de notas de antecedentes y oposición de los postulantes, dónde se encuentra la publicación de las notas de las entrevistas orales de los postulantes y las actas de constancia sobre la publicación de notas y méritos de cada concursante de la terna seleccionada y la fundamentación del gobernador para justificar la elección de la nómina de los postulantes, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica.

Además, se busca conocer el modo de selección de los integrantes del Consejo Consultivo para llevar a cabo el concurso y si los concursantes que componen cada terna seleccionada para cada juzgado comunal, prestan labores o servicio en alguno de los tres poderes del estado provincial. En su caso, en cuál de ellos y en qué función.

Al fundamentar la iniciativa, Peralta señaló que “el Poder Judicial es un poder público y que, por ello, debe actuar de modo eficaz y eficiente de acuerdo a pautas de racionalidad administrativa” y remarcó que “su gestión debe estar orientada por valores de tipo sustantivo, provenientes de los ideales del Estado de derecho, democrático y republicano. Entonces, los desafíos a proyectar están directamente vinculados con las fallas actuales del sistema y se vinculan con revertir los déficits de la organización actual, bajo una mirada de innovación que resalte la idea de brindar un servicio de calidad a los usuarios del sistema de justicia”.

“Los jueces comunitarios de las pequeñas causas representan el primer acceso a la justicia y su designación debe respetar la transparencia, el mérito pero sobre todo la Constitución Nacional y Provincial. El concurso para la designación de Jueces Comunitarios de las Pequeñas Causas está signado por graves irregularidades”, concluyó.

Denuncias públicas, roces en la oposición y respuesta del Gobierno

El proceso de nombramiento de jueces comunitarios y fiscales para la provincia de Santa Fe desató un verdadero vendaval de acusaciones, roces entre partidos de la oposición y sospechas sobre un proceso que apunta a seleccionar los nombres de quienes ocupen cargos vacantes en gran parte de las ciudades y comunas del territorio.

Desde el Gobierno, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, afirmó que se respetaron los lineamientos del Decreto 218/19 y explicó desde el punto de vista técnico cómo opera el sistema de selección. Los primeros en plantear observaciones fueron los diputados Fabián Palo Oliver y Carlos Del Frade, quienes enunciaron que al menos 17 de los nombres que aparecen como propuestos por el gobernador Omar Perotti como postulantes a jueces comunitarios tienen vinculaciones con distintos partidos políticos y que, en algunos casos, personas que obtuvieron bajos puntajes en los exámenes aparecen encabezando las ternas de profesionales propuestos.

"Hubo un acuerdo político entre el Gobierno y sectores de la oposición en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Hay candidatos que están absolutamente vinculados con distintos espacios políticos y distintos referentes", dijo Palo Oliver en diálogo con AIRE.

Incluso, planteó ejemplos concretos: "La postulante de la ciudad de Rincón a ocupar el puesto de jueza comunitaria, hasta diciembre del año pasado fue concejala en Rufino, vicepresidenta del Concejo municipal y es una reconocida militante del Partido Socialista. En el examen escrito quedó en el puesto 12, y ahora aparece primera entre las propuestas enviadas por el gobernador para ocupar ese juzgado". El diputado dio otro ejemplo: "Lo mismo pasa con un sobrino del administrador de Vialidad Nacional. Hizo un examen que apenas le sirvió para pasar de instancia, estaba debajo del décimo lugar y hoy aparece en primer lugar. Existe una fuerte vinculación con el partido de gobierno".

La explicación del Gobierno de Santa Fe

¿Existen postulantes a jueces comunitarios beneficiados por sus vínculos con la política?, ¿hay un acuerdo entre el socialismo y el Gobierno para la selección de nombres?, ¿se respetaron los reglamentos? Para responder a estas preguntas, AIRE consultó al secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, quien a su vez es el presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia.

Según Somaglia, "hubo 1.066 participantes inscriptos en el proceso. De ese total, 230 lograron al menos 60 puntos – el mínimo indispensable – en el examen escrito, que consistía en 600 preguntas a través del sistema de múltiple choise. Para eso generamos un programa informático, que permitió a los concursantes conocer al instante el resultado de sus evaluaciones".

Somaglia aseguró que se respetó el Decreto 268/19 y explicó que "ese examen determina quiénes siguen adelante en el proceso y quiénes no superan la etapa, pero no plantea un orden de méritos. Los que obtienen 60 puntos o más, están habilitados para las entrevistas personales con los jurados, donde se valoran los antecedentes, se realizan preguntas sobre conocimientos generales y se presenta un plan de trabajo".

"Luego – agregó – se hace una calificación global de todo lo actuado. El examen escrito determina quiénes superan esa instancia, pero después el jurado toma en consideración la entrevista, el plan de trabajo y los antecedentes del postulante". En el caso de los jueces comunitarios, la terna elegida por los jurados "es vinculante para el gobernador". Esto significa que si pretende incluir otro nombre, "solo puede hacerlo mediante un decreto que lo justifique, cosa que no sucedió en estos casos". A partir de ahora y en medio de este contexto, las decisiones finales sobre quiénes accederán a estos cargos estarán en manos de la Legislatura de la Provincia.