En la próxima sesión del Concejo Municipal podría tratarse – y todo indica que también podría aprobarse- el proyecto que regula el cannabis terapéutico en la ciudad de Santa Fe.
El Gobirno avanza en la regulación de la ley de Cannabis Medicinal.
La iniciativa cuenta con aval de todo el arco político que conforma el cuerpo legislativo local, más allá de algunas diferencias en cuestiones puntuales.
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Al respecto, en diálogo con el programa Hay Quórum, que se emite por Aire de Santa Fe, el concejal del bloque Barrio 88 e impulsor de la medida, Guillermo Jeréz, dio detalles de la iniciativa y dejó clara la necesidad de contar con una regulación de la temática.
“El cannabis medicinal o terapéutico es un tratamiento en base a la planta de cannabis y se suministra como aceite u otros derivados. Muchísimos pacientes lo usan para aliviar el dolor de la enfermedad o aliviar el dolor que el propio tratamiento tradicional ocasiona”, explicó Jeréz a la vez que resaltó que “hay, al menos, 45 patologías que podrían ser tratadas con cannabis”.
“Es una asignatura pendiente del Estado en sus tres niveles el de dimensionar la cantidad de gente que accede al aceite de manera clandestina o en el mercado negro”, advirtió el edil.
Sobre la regulación existente a nivel nacional, Jeréz comentó que “hay una ley nacional de cannabis medicinal de 2017, pero el tema es problemático y controvertido. Primero, porque la planta ha sido demonizada por más de 80 años. En Argentina hay dos leyes de drogas: una de 1974 y la otra de 1989, mientras que en el 1991, se reconoce el sistema endocannabinoide que tienen todos los mamíferos. Ahí hay una contradicción”.
Sobre el mismo punto, agregó que “gracias al sistema endocannabinoide se puede explicar que la planta sirva para el tratamiento de, al menos, 45 patologías. Hay pruebas y evidencias, por eso digo que hay contradicciones”.
“Es una asignatura pendiente del Estado en sus tres niveles el de dimensionar la cantidad de gente que accede al aceite de manera clandestina o en el mercado negro”, advirtió el edil.
Un cambio
Jeréz reconoce que el abordaje de este tipo de temas es controvertido pero destaca que “estamos hablando de un cambio en distintos campos en simultáneo: en el ámbito científico médico, en el jurídico y su correlato social y cultural”.
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“Nosotros como políticos y representantes de los vecinos y vecinas no podemos desconocer los cambios sociales y culturales y tenemos que legislar en ese sentido. Sino estamos equivocados. Es importante el rol pedagógico de los políticos. Este es un tema controvertido pero no podemos hacernos los distraídos y tenemos que dar el debate público ante la sociedad”, remarcó.
Una solución
Concretamente, sobre la ley sancionada por el Congreso nacional en 2017, el concejal de Barrio 88 destacó que “le da a la planta otra categoría jurídica y le reconoce los beneficios que tiene el cannabis terapéutico” pero lamentó que “la reglamentación fue parcial y limitada y sólo se incluyó a la epilepsia refractaria, la investigación científica para esa patología y la importación de aceites. Pero no autoriza la producción, y no se reglamentó ni el auto cultivo ni el cultivo solidario”.
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Sobre la necesidad de contar con una normativa que regule el acceso al cannabis terapéutico, el edil aseguró que “el problema emergente es que esto sucede de hecho. A través de saberes colectivos se van pasando conocimientos. Pero los usuarios y cultivadores dicen “Denme herramientas, denme información”. Y los que ya cultivan dicen “no me persigan con la ley penal, no me criminalicen”
Por otro lado, Jeréz fue consultado sobre las facultades o atribuciones que tiene un municipio en materia de salud. Al respecto, señaló que “hay 11 Ordenanzas a lo largo del país que vienen a arreglar lo que no incluyó la reglamentación de la ley nacional e cannabis. Ahí es donde tenemos que discutir el tema de las competencias municipales. Hay que abordar un problema que está ahí. Y que no resuelven los otros niveles del Estado”.
Contradicciones jurídicas
Otro punto de discusión en los recintos de debates legislativos cuando se discute la cuestión “cannabis medicinal” son las leyes y los pactos internacionales. Sobre este punto, el concejal fue contundente: “el pacto de San José de Costa Rica dice que la salud está por sobre todo. Entonces los fiscales y jueces debieran aplicar la ley de cannabis medicinal que protege el derecho a la salud, pero hay jueces y fiscales que todavía operan con los prejuicios hacia la planta emanada de la ley de drogas de 1989”.
Datos y producción
Sobre los avances científicos y médicos realizados pese a la carencia de una regulación, el edil comentó que se busca recolectar datos sobre el universo de personas en Santa Fe que son o podrían ser usuarios del cannabis terapéutico, debido a la patología que padecen.
“Estamos en la búsqueda, mediante las obras sociales de la ciudad, de cuantos afiliados hay con alguna de las 45 patologías que se pueden tratar con cannabis para ver de qué estamos hablando, de qué universo y potenciales usuarios de cannabis o el tamaño del mercado negro existente. Eso es lo que el Estado tiene que regular y saber”, precisó.
En el mismo sentido, informó que “la UNL, a través de la Facultad de Bioquímica, está tratando de empezar a hacer análisis de aceites. Ahí es donde apuntamos. La Facultad de Medicina tiene que formar los profesionales, si estos cambios no se imponen, el tema queda obstaculizado”.
Avance del proyecto en el Concejo
En cuanto al camino que recorrió el proyecto en el Concejo Municipal, Jeréz comentó que, además de los debates correspondientes en las comisiones, se realizaron foros con agrupaciones cannábicas y dos mesas de trabajo: una de temas jurídicos y la otra para escuchar testimonios de madres o cultivadores solidarios. “Son ejemplos cotidianos y concretos”, sostuvo.
Según el auto del proyecto, de ser sancionado, la ciudad de Santa Fe podrá crear registros de usuarios y autocultivadores y cultivadores solidarios terapéuticos. Participarán del proceso un consejo asesores y consultorías cannabicas con representantes de los Colegios de Médicos y de Farmacéuticos.
Además, se propone la activa participación de instituciones como el Conicet y la UNL. “Queremos un cultivo comunitario, como lo hace la UNLP”, enfatizó.
Por último, Jeréz resaltó que “el Estado, en ninguno de los tres niveles, tiene registro de lo que está sucediendo, por eso es tan importante y decisivo que el Estado tenga esos datos a mano. No puede ser que no se sepa cuántas personas o familias necesitan acceder a esa medicina o que la compra en el mercado ilegal”.
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