Javier Milei endureció la política migratoria y Santa Fe estudia multas millonarias por discursos de odio
La Nación apunta a extranjeros que promuevan mensajes de odio; Santa Fe busca sancionar esas conductas dentro de la provincia con multas millonarias.
Además del componente preventivo, el proyecto incorpora sanciones al Código de Convivencia provincial.
El Gobierno nacional de Javier Milei sumó un nuevo capítulo a su reforma migratoria al incorporar como causal para impedir el ingreso, cancelar residencias o expulsar a extranjeros la promoción de discursos de odio, la incitación a la violencia contra la Argentina o los argentinos y los actos de ultraje contra los símbolos patrios. La decisión se formalizó mediante el DNU 681/2026 y entrará en vigencia este viernes.
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La medida aparece, además, en un contexto en el que Santa Fe discute una iniciativa con un objetivo distinto, pero vinculada al mismo fenómeno: un proyecto de ley que propone declarar a la provincia como "territorio libre de discursos de odio" y que prevé multas de hasta 60 jus —unos 8 millones de pesos— para quienes incurran en esas conductas.
Aunque ambas iniciativas buscan intervenir sobre expresiones consideradas incompatibles con la convivencia democrática, difieren en su alcance, los sujetos alcanzados y las sanciones previstas.
Qué cambia con el decreto del Gobierno nacional
El DNU modifica la Ley de Migraciones para incorporar nuevas causales de impedimento de ingreso y permanencia en el país.
A partir de la entrada en vigencia de la norma, podrán rechazarse los ingresos de extranjeros que:
- Promuevan mensajes de odio contra la Argentina, los argentinos o personas por su nacionalidad.
- Inciten a la violencia por motivos vinculados con la nacionalidad argentina.
- Participen o instiguen actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales.
Si esas conductas son cometidas por extranjeros que ya residen en el país, la Dirección Nacional de Migraciones podrá cancelar la residencia otorgada y, según cada caso, intimar al abandono del territorio nacional o disponer la expulsión.
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El decreto incorpora esas causales tanto al artículo 29 de la Ley de Migraciones —que regula los impedimentos de ingreso— como al artículo 62, referido a la cancelación de residencias.
El argumento del Gobierno
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que durante los últimos meses se registró un incremento de manifestaciones de hostilidad y menosprecio hacia la Argentina, los argentinos y los símbolos nacionales.
Según el Gobierno, esas conductas afectan la convivencia social y representan un riesgo para la seguridad y la integridad de las personas, por lo que justifican incorporar nuevas restricciones dentro de la política migratoria.
Al mismo tiempo, el texto aclara que las nuevas disposiciones no podrán aplicarse sobre expresiones de disenso ideológico ni sobre críticas políticas, académicas o ciudadanas protegidas por la Constitución Nacional.
Como respaldo jurídico, el Ejecutivo cita un precedente de la Corte Suprema según el cual todo Estado soberano puede establecer libremente las condiciones para admitir o rechazar el ingreso de extranjeros.
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Tras la publicación del DNU, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que afirmó: "La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".
Qué propone el proyecto que debate Santa Fe
Mientras la Nación modifica la legislación migratoria, la Legislatura santafesina analiza una propuesta que apunta a prevenir y sancionar los discursos de odio dentro del territorio provincial.
La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y establece un marco orientado a promover la convivencia democrática, el respeto por la dignidad humana y la no discriminación.
El proyecto define como discurso de odio toda expresión verbal, escrita, simbólica, audiovisual o digital que incite, promueva, justifique o naturalice la discriminación, la hostilidad, la violencia o el menosprecio contra una persona o un grupo.
La definición comprende situaciones vinculadas con:
- Raza.
- Color.
- Origen étnico o nacional.
- Nacionalidad.
- Religión o creencias.
- Género.
- Sexo.
- Orientación sexual.
- Identidad o expresión de género.
- Discapacidad.
- Condición socioeconómica.
- Estado de salud.
- Edad u otras características personalísimas.
Multas de hasta $8 millones y cursos obligatorios
Además del componente preventivo, el proyecto incorpora sanciones al Código de Convivencia provincial.
La propuesta crea un nuevo artículo 62 bis, que prevé multas de hasta 60 jus —equivalentes actualmente a alrededor de 8 millones de pesos— para quienes incurran en conductas calificadas como discursos de odio.
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Como alternativa, la sanción podrá ser reemplazada por la realización de un curso de abordaje interdisciplinario sobre la temática.
La iniciativa también asigna al Ministerio de Cultura la responsabilidad de desarrollar campañas de sensibilización y prevención, con especial foco en los entornos digitales.
Dos iniciativas distintas sobre un mismo debate
Aunque ambas normas giran alrededor de los discursos de odio, parten de enfoques diferentes.
El decreto nacional actúa exclusivamente sobre el régimen migratorio y está dirigido a ciudadanos extranjeros, incorporando esas conductas como causal para impedir el ingreso o cancelar la residencia.
El proyecto santafesino, en cambio, busca establecer un régimen de prevención y sanción dentro de la provincia, aplicable a quienes cometan esas conductas en el marco del Código de Convivencia.
