Si hay un vicio común en el periodismo informativo, imperdonable en el periodismo económico y de investigación, es el de enarbolar un dato que hace título en soledad, aislado del contexto en el que se origina y sin relación con otros datos que ayudarían a darle la dimensión que realmente tiene. Y si ese dato sirve para alimentar un prejuicio y contribuye a deformar opiniones, es incluso peor.
Aclaremos esto con un clásico lamentable de los últimos diez años: los delitos cometidos por extranjeros en nuestro país. Recientemente Patricia Bullrich declaró que el 20% de los presos por delitos en Argentina eran extranjeros y que la cifra iba en aumento. Esta ofensiva xenófoba y ultranacionalista inaugurada por Miguel Pichetto en 2019, provocó incluso que el diputado Gerardo Milman (el de las asesoras escort y al que la Jueza María Eugenia Capuchetti viene salvándole el teléfono) presentara en junio del año pasado un proyecto de ley para expulsar a los extranjeros que cometan delitos en el país, recuperando un decreto del 2017, que Alberto Fernández derogara en 2020. Un proyecto que tiene su antecedente más lejano en la “Deliciosa Ley de Expulsión” o de Residencia, sancionada durante el gobierno de Julio A. Roca e impulsada a pedido de la UIA por el senador, racista y literato Miguel Cané.
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Pero vamos a los datos provistos por el Sistema Penitenciario y el Ministerio de Justicia y DDHH: los extranjeros encarcelados por delitos en la Argentina (incluyendo cárceles federales y provinciales), apenas alcanzan el 7%, de los cuales el 55% está preso sin condena. Esta semana la mismísima Bullrich arremetió con otro dato para la xenofobia inexplicable: dijo que el 50% de los estudiantes universitarios del país eran de origen extranjero, cuando en realidad la cifra era de 3,7%.
Con un sistema mucho menos conocido y con menos prensa, como el de riesgos y enfermedades laborales (sobre el que hemos escrito describiéndolo aquí y aquí), el asunto es similar. La UART, que es la Unión Argentinas de empresas privadas que aseguran a otras empresas (empresas que aseguran empresas, dato no menor, ganancias primero, salud laboral en la medida en que las cuentan cierren), instaló por todos los medios que 2023 será récord con 136.000 nuevos juicios laborales (superando los 130.000 de 2017), que se suman al stock de juicios acumulados con sentencia pendiente. Es lo que suele denominarse pasivo latente o contingente y que “pone en riesgo la sustentabilidad del sistema de riesgos laborales” argentino. No sin antes declarar que del stock de juicios sólo el 3,4% llega a sentencia, veamos qué pasa si cotejamos otros datos relacionados.
Una de las paradojas de nuestro sistema de riesgos es que entre los más 2 millones de monotributistas que no están cubiertos contra accidentes y enfermedades, hay incluso preventores de las ARTs.
Analicemos una foto del presente, con datos provistos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Durante ésta gestión de gobierno (en la que los salarios perderán por sexto año consecutivo contra la inflación), se registraron un puñado de cifras récord, resultantes del modelo de alta inclusión social con incremento de la pobreza registrada y récord de trabajadores monotributistas e independientes.
Con 32 meses de crecimiento consecutivo del empleo registrado en el sector privado, nuestro país llega por primera vez a los 10.012.879 trabajadores, dependientes de 1.030.287 empleadores. Todos ellos cubiertos por el Sistema de Seguridad Social que incluye los seguros por riesgos de enfermedades y accidentes que proveen las ARTs. Pero otra cifra récord y que explican casi el 40% de los empleos creados desde 2019, la que incluye a los monotributistas (casi 2 millones a fines de 2022) y los “trabajadores independientes del monotributo social” (611.618 a diciembre del año pasado).
Estas modalidades contractuales se encuentran entre los considerados “en blanco” y muchos se insertan en empresas privadas (sobre todo terciarizadas) y en las estructuras de los estados nacionales y provinciales. Pues bien, sucede que el monotributismo está fuera del sistema de riesgos laborales, pero tienen el derecho según la Justicia Nacional del Trabajo de reclamar por accidentes graves o mortales y enfermedades, es decir que si apenas un tercio hubiese sufrido accidentes, los hubiera denunciado, no hubiese obtenido dictamen favorable por Comisión Médica Jurisdiccional SRT (instancia prejudicial prevista por la Ley 27.348) y hubiese recurrido a la Justicia del Trabajo, la cantidad de juicios ascendería a más de 870.000.
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Y si tomamos otra cifra validada por el INDEC, los 5.575.660 trabajadores no registrados y hacemos la misma estimación, que no se accidente ni enfermen todos sino la tercera parte de ellos, los juicios se dispararían a casi 2 millones de juicios. Sin embargo la Justicia Nacional del Trabajo, donde se tramita el 40% de los pleitos laborales, informa que durante 2022 se iniciaron 142.300 juicios. Lo que supone una litigiosidad de poco más del 7%, si consideramos un tercio del total del trabajo en negro, pero con derecho a reclamar por la falta de previsión para evitar o reparar daños de sus empleadores.
Tomemos otro dato validado: las empresas licuan sus deudas al dilatar juicios y al ínfimo porcentaje que acciona por sus derechos (2%), la inflación le desinfla las sumas finalmente percibidas.
Es entonces cuando -sin desconocer que hay juzgados donde se manipula absurdamente el baremo para tarifar incapacidad laborales y que sólo la provincia de Mendoza creó el Cuerpo Médico Forense en sus tribunales- el slogan de la “industria del juicio” queda reducido a una chicana retórica para fustigar abogados laboralistas, a la “garantismo de la justicia laboral” y finalmente impulsar una reforma laboral que precarice las condiciones de empleo.
Y una aclaración importante y final: las ARTs que ponen el grito en el cielo por el incremento de los juicios, son poderosas empresas (en ocasiones, una unidad de negocios interna de grupos más grandes y diversificados) que financian las campañas electorales de los dos frentes más competitivos y que -entre sus utilidades no líquidas- cuentan bonos y títulos de deuda soberana, es decir que también son acreedores del Estado Nacional.
El gran enemigo de todos y todas es la inflación que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta en un 148,9%, pero está claro que siempre serán las empresas y las aseguradoras quienes tienen mayores recursos y ganancias acumuladas para previsionarla y empatarle, para superarla o para soportar ejercicios con rentabilidades a la baja. Los y las trabajadores, asalariados registrados o no pero en pesos, hace años que vienen corriéndola desde atrás.
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