Impuesto al combustible: cuánto recauda el Gobierno nacional y qué parte llega a las obras en Santa Fe
Un pedido de informes en el Senado de Santa Fe busca conocer el destino de los recursos que Nación recauda por el impuesto a los combustibles.
Obras viales e hídricas: Santa Fe reclama conocer qué pasa con los fondos del impuesto a los combustibles.
El Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono genera recursos que tienen una afectación específica establecida por ley. Sin embargo, un pedido de informes presentado en el Senado de Santa Fe pone el foco en una cuestión concreta: cuánto de ese dinero que recauda el Estado nacional termina efectivamente financiando obras de infraestructura y, particularmente, qué parte llega a la provincia de Santa Fe.
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La iniciativa fue presentada por el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, y solicita al Poder Ejecutivo Nacional información correspondiente a 2023, 2024 y 2025, además del período transcurrido de 2026 hasta la fecha de respuesta. El objetivo es reconstruir el recorrido de los fondos desde su recaudación hasta su aplicación efectiva.
Cuánto recauda Nación con el impuesto a los combustibles
La magnitud de los recursos involucrados permite dimensionar el alcance del planteo. De acuerdo con la información oficial de ARCA citada en el proyecto, durante 2025 la recaudación del Impuesto a los Combustibles alcanzó los $4.846.146 millones.
En julio de 2026, en tanto, la recaudación mensual llegó a $638.389 millones. Según explicó el organismo, el incremento estuvo relacionado principalmente con las actualizaciones del impuesto.
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El pedido de informes también señala que, durante la actual gestión nacional, la participación de este tributo dentro del precio final de la nafta se duplicó: pasó del 8,9% en noviembre de 2023 al 19,25% en julio de 2026.
Para Garibaldi, este crecimiento vuelve necesario conocer qué sucede con esos recursos una vez recaudados y en qué medida se traducen en las obras para las cuales la normativa establece su afectación.
Qué porcentaje del impuesto está destinado a infraestructura
El artículo 19 de la Ley 23.966 establece que una parte de la recaudación tiene como destino específico distintos fondos vinculados con infraestructura.
Según el pedido de informes, el 28,58% de la recaudación corresponde al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, creado mediante el Decreto 976/2001, mientras que el 4,31% está destinado al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, creado por el Decreto 1.381/2001.
El planteo presentado en el Senado busca determinar si los porcentajes establecidos legalmente se están transfiriendo efectivamente a esos fideicomisos y, en caso de existir diferencias, cuál fue el destino de esos recursos.
Por eso, el pedido no se limita a conocer cuánto dinero se recaudó. También solicita información sobre montos transferidos y acreditados, saldos, rendimientos financieros, fondos comprometidos, devengados y pagados, además del estado de las obras financiadas.
El dinero destinado a infraestructura vial
Uno de los focos del pedido está puesto sobre el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y, dentro de este, sobre el Sistema Vial Integrado (SISVIAL). El proyecto señala que el 50% de los recursos del fideicomiso corresponde al SISVIAL, destinado al financiamiento de infraestructura vial.
Según una reconstrucción periodística basada en documentación oficial, citada en los fundamentos del pedido, entre enero de 2024 y mayo de 2026 ingresaron al sistema $1,5 billones, mientras que solamente el 26,2% fue aplicado al pago de obras.
El resto de los recursos constituye uno de los puntos que Garibaldi busca esclarecer mediante el pedido de informes. En particular, solicita conocer los montos comprometidos, devengados y pagados, además de los saldos disponibles al cierre de cada ejercicio y a la fecha de respuesta.
La iniciativa también pone el foco sobre la administración financiera de esos recursos. Según la documentación citada, al 31 de mayo de 2026 había fondos distribuidos entre instrumentos financieros —principalmente títulos públicos y plazos fijos— y una cuenta corriente del fideicomiso.
La existencia de disponibilidades financieras, por sí sola, no permite determinar una irregularidad. El punto que plantea el proyecto es otro: establecer si el volumen de recursos que permanece disponible y su permanencia resultan compatibles con la finalidad específica que la ley asignó a esos fondos.
Qué ocurre con los fondos para infraestructura hídrica
Una situación similar se plantea respecto del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, destinado al financiamiento de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, recuperación de tierras productivas y acciones vinculadas al control y la mitigación de inundaciones.
Según información oficial obtenida por Chequeado mediante un pedido de acceso a la información al Ministerio de Economía de la Nación, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron aproximadamente $375.400 millones del Impuesto a los Combustibles destinados a obras hídricas.
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De acuerdo con esos datos, el 69% permanecía sin ejecución.
Además, en junio de 2026 el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica mantenía aproximadamente $290.000 millones invertidos en Letras del Tesoro, otros $49.000 millones en depósitos a la vista y alrededor de $247 millones en plazos fijos.
El pedido de informes busca determinar precisamente qué ocurre con esos recursos: cuánto ingresó al fideicomiso, cuánto fue destinado a obras, qué rendimientos financieros generó y cuál es el saldo disponible.
La pregunta por las obras en Santa Fe
El planteo adquiere una dimensión particular cuando se observa el destino de esos recursos en la provincia de Santa Fe. En materia vial, el proyecto destaca el papel de Santa Fe como uno de los principales corredores productivos y logísticos del país y advierte sobre las consecuencias que tiene el deterioro de las rutas nacionales para la actividad productiva.
En ese contexto aparece el caso de la Ruta Nacional A012, cuya administración, mantenimiento y ejecución de obras fueron asumidos por la Provincia por un plazo de 20 años, pese a tratarse de infraestructura de jurisdicción nacional.
El pedido de informes pretende conocer qué recursos nacionales afectados al financiamiento de infraestructura fueron destinados a Santa Fe y cuáles permanecen disponibles.
Por eso, uno de los puntos centrales solicita la nómina de obras y proyectos localizados en la provincia que hayan sido financiados total o parcialmente con recursos del SISVIAL o del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica.
Para cada obra, el senador pide conocer el monto comprometido, el porcentaje de avance físico y financiero y su estado de ejecución.
Dos obras hídricas de Santa Fe aparecen entre las 24 proyectadas
El planteo también incorpora la situación de la infraestructura hídrica. Según los datos incluidos en los fundamentos, desde 2023 se proyectaban 24 obras hídricas financiadas con recursos del Fondo. De ese total, 23 permanecen inactivas y dos corresponden a la provincia de Santa Fe.
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El dato adquiere relevancia en un escenario en el que la provincia viene reforzando sus medidas de prevención ante el riesgo hídrico. El pedido de informes plantea que, frente a la previsión de un posible fenómeno de El Niño durante el último trimestre de 2026, resulta necesario conocer qué recursos nacionales afectados específicamente a infraestructura hídrica están disponibles y qué obras pueden financiar.
En ese sentido, la iniciativa busca determinar no solamente cuáles son las obras previstas para Santa Fe, sino también cuáles están paralizadas, neutralizadas o suspendidas, por qué motivo, desde cuándo y bajo qué condiciones podrían reanudarse.
Qué quiere saber el Senado sobre el manejo de los fondos
El pedido presentado por Garibaldi solicita información correspondiente a todo el circuito de los recursos.
Entre otros puntos, pretende conocer:
- cuánto recaudó Nación por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono;
- cuánto correspondía transferir al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica;
- cuánto fue efectivamente transferido y acreditado;
- qué diferencias existieron entre los montos que correspondía asignar y los efectivamente transferidos;
- qué saldos y rendimientos financieros tuvieron ambos fideicomisos;
- cuánto dinero fue comprometido, devengado y pagado;
- qué obras se financiaron en Santa Fe;
- cuál es el grado de avance físico y financiero de esas obras;
- qué proyectos están paralizados o suspendidos y cuáles son las causas;
- cuál es el cronograma vigente de obras;
- y si los fideicomisos fueron sometidos a auditorías de la SIGEN u otros sistemas de auditoría externa.
La intención es reconstruir la trazabilidad de los recursos: desde el momento en que el Estado los recauda hasta su transformación efectiva —o no— en infraestructura.
El interrogante detrás del pedido de informes
La discusión no pasa solamente por cuánto dinero recauda el Estado nacional a través de los combustibles. La cuestión central es qué ocurre con los recursos que la propia legislación asigna a una finalidad determinada.
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El pedido presentado en el Senado de Santa Fe busca establecer cuánto ingresa efectivamente a cada fideicomiso, cuánto se utiliza y cuánto permanece disponible, además de identificar los proyectos concretos que reciben financiamiento.
Para Santa Fe, el interrogante adquiere una dimensión particular por el estado de la infraestructura vial y por las necesidades vinculadas con la prevención y mitigación del riesgo hídrico.
