El Gobierno Nacional da un volantazo para reanimar la economía y revertir la caída de las encuestas

En los últimos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas que buscan impulsar la actividad y responder al deterioro del consumo y de los ingresos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas para intentar un repunte de la economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas para intentar un repunte de la economía.

La necesidad tiene cara de hereje. Frente a una economía que todavía no ofrece signos de crecimiento sostenido y un consumo masivo que permanece estancado como consecuencia de la pérdida del valor adquisitivo de los salarios, el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió pegar un volantazo para intentar revertir la caída de la imagen del Gobierno Nacional en las encuestas.

En efecto, en los últimos diez días el Ministerio de Economía anunció una serie de medidas que se dan de bruces con el libreto libertario que abjura de la intervención del Estado en la economía. No solo eso: en su última conferencia de prensa, Caputo se atrevió a exaltar públicamente la importancia de la "justicia social", dos palabras malditas en el diccionario mileísta.

Las principales medidas que anunció el Gobierno

El raid de medidas arrancó con el anuncio de que se flexibilizará el régimen de créditos en dólares que permitirá a los bancos otorgar financiamiento en moneda extranjera a un universo más amplio de compañías, incluso aquellas que generan sus ingresos principalmente en pesos.

La medida modifica el esquema vigente desde la crisis de 2001-2002 y busca ampliar la oferta de crédito para el sector privado, impulsar la inversión y favorecer la actividad económica. El nuevo régimen contempla, además, límites y exigencias prudenciales destinados a contener el riesgo cambiario y preservar la solvencia y liquidez del sistema financiero.

Para el Gobierno Nacional, los créditos hipotecarios son una prioridad.

Para el Gobierno Nacional, los créditos hipotecarios son una prioridad.

No obstante ello, analistas y economistas que tienen fresca en su memoria la crisis de 2001 no dejan de advertir que la medida, si bien positiva en su espíritu, conlleva el riesgo de un descalce de monedas a futuro: prestarle dólares a alguien que tiene ingresos en pesos es considerado por muchos como el gran error del plan económico de los años 90.

Créditos hipotecarios: apuntar a un sector clave de la economía

Esta semana, en tanto, el ministro Caputo anunció que el Gobierno utilizará $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para fondear créditos hipotecarios y generar hasta 18.000 nuevos préstamos para primera vivienda. La primera licitación será la semana próxima: el objetivo es usar fondos previsionales para generar un efecto multiplicador en un sector clave como la construcción.

El programa representa un giro en la política económica libertaria al apelar a una típica herramienta de corte keynesiano, como es la intervención del Estado mediante fondos públicos para movilizar la economía, reactivar la construcción e incentivar la actividad general a través del consumo y la inversión. De este modo, la ANSES actuará como fondeador del sistema financiero privado para expandir la oferta crediticia de mediano y largo plazo.

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Durante el anuncio, Caputo argumentó el impacto transversal que se busca lograr en el tejido productivo: “Para este Gobierno, los créditos hipotecarios son una prioridad, primero porque hacen a la justicia social; nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 o 40 años para poder comprarla. Segundo, porque tiene un efecto multiplicador al motorizar otros sectores de la economía y, por último, porque ayuda a mejorar la formalidad”.

Al finalizar la semana, el Gobierno anunció que busca impulsar la creación de un salario mínimo garantizado de más de $1 millón bruto (unos $860.000 en mano, según calcularon fuentes oficiales). Hoy, el salario mínimo es de apenas $376.600 mensuales, mientras que la canasta básica para una familia tipo ya alcanza el $1.500.000 y el límite para no ser considerado indigente es de $700.000 por familia.

Está claro que el Gobierno busca tomar la iniciativa en una agenda pública que está dominada por las dificultades que atraviesa el grueso de la población para llegar a fin de mes. El oficialismo relativiza el problema, pero la oposición buscará capitalizarlo políticamente: ya convocó para el próximo 9 de setiembre a una sesión especial en la Cámara de Diputados para debatir los proyectos que se presentaron para darles una salida a los 5,8 millones de individuos que no están pagando sus préstamos a término. Ni los bancos ni el Gobierno están cómodos con estas iniciativas legislativas.

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