La Legislatura de Santa Fe le dio un fuerte mensaje al Poder Judicial de la provincia, luego de que un fallo de la Sala II de la Cámara Laboral de Rosario declarara inconstitucional la función del Parlamento de enjuiciar y controlar a los fiscales y defensores. La resolución judicial, ampliamente cuestionada por diputados y senadores, beneficia al fiscal Adrián Spelta, investigado por haber avalado en 2018 la prisión domiciliaria para Emanuel "Pimpi" Sandoval, asesinado el año pasado en Rosario. Spelta estaba a punto de ser suspendido en sus funciones por decisión de la Legislatura.
Diputados y senadores cuestionaron en forma unánime el fallo que "interfiere" en sus funciones.visibility
Los legisladores, en sesión conjunta, resolvieron este jueves rechazar el fallo judicial por considerar que recorta las funciones del Parlamento en el control de funcionarios de otro poder como es el Judicial.
En la declaración legislativa, consideran "que la Ley 13.807 aprobada en su momento por unanimidad en ambas cámaras, expresa, los preceptos de los tratados internacionales vigentes en la materia, de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial y específicamente en lo que respecta a la división e independencia de los poderes de la República".
"La norma referida garantiza en un todo la autonomía del Ministerio Público de la Acusación, independientemente del fallo de la Sala 2 de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario referido a la constitucionalidad de la Ley 13.807. En consecuencia, esta Legislatura realizará todas las acciones necesarias ante los demás poderes del Estado conducentes a reafirmar un respetuoso, armónico y coordinado funcionamiento de los poderes, rechazando enfáticamente, para este caso particular, el contenido del fallo de la Cámara mencionado en el párrafo anterior", reza el texto.
El caso Spelta
El fiscal de la Unidad de Homicidios de Rosario, Adrián Spelta, venía siendo investigado por la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura por haber avalado la prisión morigerada que le otorgaran en 2018 a Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, asesinado en octubre del año pasado.
Sandoval era considerado un delincuente de "alto perfil" luego de tener una condena por balear la casa del exgobernador Antonio Bonfatti y era investigado por un triple homicidio en Rosario. Fue en esta última causa en la que recibió el beneficio de la prisión morigerada, acordada por Spelta y el abogado defensor, y suscripta luego por el juez Hernán Postma.
Equilibrio de poderes
El senador Joaquín Gramajo dijo en su alocución que era imprescindible "respetar el equilibrio de poderes" y apuntó; "Hoy quedará plasmado que la Legislatura de Santa Fe por unanimidad ha defendido los intereses de la división de poderes y del sistema republicano y la institucionalidad de la provincia de Santa Fe".
Por su parte, el justicialista Armando Traferri denunció "veladas embestidas al Poder Legislativo provincial y una curiosa interpretación de la división de poderes", detrás de esta decisión de la justicia rosarina.
"El fallo, más que un instrumento de justicia, parece una defensa corporativa de un sector del Poder Judicial", expresó el legislador por el departamento San Lorenzo.
A su turno, Lisandro Enrico apostó por "reafirmar la vigencia de la ley y la necesidad de que en Santa Fe empiecen a cambiar algunas cosas", darle "más herramientas al Poder Judicial pero también las herramientas de control y balance que tiene que tener un Estado de derecho".
La voz de diputados
El diputado Nicolás Mayoraz consideró que, "lejos de traer seguridad jurídica", el fallo "provoca un caos jurídico de proporciones enormes" y advirtió: "Este fallo trae aparejada impunidad".
En tanto, Carlos del Frade dijo en la sesión que "la democracia consiste en ensanchar los controles".
"Hoy, más que nunca, o fortalecemos la democracia o los señores feudales de Santa Fe y Argentina van a seguir queriendo hacer que la vida sea solamente el privilegio de los que la puedan comprar", agregó.
Desde el Socialismo, Pablo Farías defendió el derecho de los legisladores "a manifestarnos sobre las acciones de lo que hacen los otros poderes"; y aseguró: "ese derecho es sagrado y constitucional".
El justicialista Leandro Busatto opinó que "hay que atacar de origen el problema, que no tiene que ver sólo con los malos funcionarios judiciales sino con el sistema concursal de la provincia de Santa Fe, para que mayores sectores de la sociedad puedan participar".
Rubén Giustiniani denunció que "hay residuos del Medioevo en la justicia de Santa Fe" y calificó de "inaceptable" el fallo judicial.
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