El pedido se basa en una acusación grave formulada por el fiscal Ramiro González, quien imputó a Fernández por dos hechos de lesiones leves agravadas, uno de lesiones graves agravadas y amenazas coactivas, todo en concurso real. De acuerdo con la investigación, los episodios de violencia habrían ocurrido principalmente en la Quinta de Olivos, y también en el departamento de Puerto Madero, donde vivió el exmandatario.
“La investigación está completa, se han hecho demasiadas pruebas”, aseguró Mauricio D’Alessandro, abogado de Yáñez, quien también remarcó que el fiscal fue contundente al evaluar que los testigos propuestos por Fernández “no desmienten los hechos” sino que se limitan a hablar de su vínculo afectivo con la denunciante.
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Según el Ministerio Público Fiscal, los elementos recolectados desde la denuncia —radicada en agosto de 2024— permiten sostener que hubo un contexto sistemático de violencia psicológica, marcado por el poder asimétrico que tenía Fernández en la relación. Entre las conductas denunciadas se incluyen hostigamientos, acosos, insultos, destrato, culpabilización, indiferencia y amenazas.
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Los abogados de Fabiola Yañez pedirán la pena máxima para Alberto Fernández.
La prueba determinante que cerró la etapa de instrucción fue la pericia forense sobre el celular y la tablet del expresidente, además de la declaración de múltiples testigos.
La postura del expresidente Alberto Fernández
La defensa de Alberto Fernández, a cargo de la abogada Silvina Carreira, puede presentar nulidades para intentar frenar la elevación a juicio. Fernández, por su parte, negó las acusaciones y aseguró que fue él quien padeció situaciones de violencia durante la relación. En su declaración indagatoria sostuvo que los moretones que exhibió Yáñez podrían haber sido autoinfligidos durante episodios de consumo de alcohol, o parte de un intento de extorsión.
“Si alguien fue agredido, ese fui yo. Ella se ponía violenta en sus momentos de embriaguez”, expresó el exmandatario en un escrito.
Ahora será el juez federal subrogante Julián Ercolini quien deberá definir si acepta el pedido de la fiscalía y la querella para llevar el caso a juicio. En caso de avanzar, Yañez buscará que el expresidente sea condenado a 12 años de cárcel, la pena máxima que prevé la ley para los delitos que se le imputan.
