La causa en la que se investigan presuntos hechos de espionaje ilegal realizados desde el Ministerio de Seguridad de la provincia tiene dos nuevos querellantes, según informó este viernes el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La seccional Santa Fe de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el abogado de Rosario, Jorge Juan Bedouret, fueron admitidos por el juez Gustavo Urdiales en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La Fiscalía manifestó su conformidad con los requerimientos, mientras que la Defensa se opuso.
La causa en la que se investigan presuntos hechos de espionaje ilegal realizados desde el Ministerio de Seguridad de la provincia tiene dos nuevos querellantes.
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La seccional Santa Fe de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el abogado de Rosario, Jorge Juan Bedouret, se constituyeron como querellantes en el proceso judicial en el que se investiga a exfuncionarios del ministerio de Seguridad de la provincia por la recopilación ilegal de datos personales y privados de miles de ciudadanos santafesinos e instituciones.
La audiencia en la que se discutió la admisión de los nuevos querellantes se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe y estuvo a cargo del juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Urdiales. La Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 lleva adelante la investigación y manifestó su acuerdo con lo resuelto. Por su parte, la Defensa se opuso a los requerimientos de UPCN y Bedouret.
De acuerdo con lo expuesto por el MPA, los abogados defensores de las personas investigadas realizaron planteos extemporáneos (expresaron su oposición por fuera del plazo previsto en la ley). Asimismo, la Fiscalía aseguró que los cuestionamientos fueron infundados y basados en argumentos que ya habían sido desestimados en el marco del proceso judicial.
Según lo informado, UPCN y Bedouret se suman a la provincia de Santa Fe, el diputado Maximiliano Pullaro y la abogada Evelyn Andriozzi, quienes ya estaban constituidos como querellantes.
La causa
Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, que investigan un grupo de exfuncionarios del Ministerio de Seguridad por presunto espionaje ilegal, aseguraron que durante la gestión del exministro Marcelo Sain y su equipo se confeccionaron por lo menos 661 perfiles de personas, empresas y entidades públicas de la provincia y otras localidades del país.
La revelación se dio en el marco de una audiencia en donde ambos fiscales (del área de Delitos Complejos) solicitaron a la jueza de primera instancia, Rosana Carrara, la extensión del plazo de reserva de las actuaciones de la investigación, que según se ventiló en la audiencia, comenzó a partir de una denuncia radicada el 30 de agosto pasado. El pedido de los funcionarios judiciales fue amparado en el artículo 346 del Código Procesal Penal, que sostiene que cuando la tramitación de una investigación sea compleja -por el elevado número de imputados o víctimas o por tratarse de casos de delincuencia organizada o trasnacional- la Fiscalía podrá solicitar la reserva de la causa y no brindar a las respectivas defensas las evidencias recolectadas hasta tanto se lleve a cabo la audiencia de imputación.
El planteo de Jiménez y Hernández fue rechazado por los cuatro abogados que asistieron a la audiencia y que representan a las 11 personas que ya fueron identificadas en el legajo judicial que se tramita en la Fiscalía de General López y Saavedra. Se trata de Juan Lewis, Hernán Martínez, Nicolás Mosconi y Oscar Silva quienes, con diferentes posturas, pidieron tener acceso al legajo judicial. Dichos planteos deberán ser analizados y resueltos por la jueza Rosana Carrara, quien dentro de los plazos legales emitirá su fallo de manera escrita, tal como lo indicó este martes en la sala del primer piso de tribunales.
“Delincuencia organizada”
Durante la audiencia, el fiscal Hernández precisó que las 11 personas que fueron identificadas hasta el momento serían parte de una “asociación ilícita” dedicada a cometer “defraudaciones al Estado” y además violar la ley de inteligencia nacional (N° 25.520) mediante la recopilación ilegal de información sobre personas y entidades, tanto públicas como privadas. “Estamos ante un caso de delincuencia organizada”, dijo al respecto.
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Sin dar demasiados detalles, el funcionario judicial indicó que por el momento se detectaron la creación de 661 perfiles, aunque aclaró que posiblemente pueda haber más personas implicadas: tanto futuros imputados como así también nuevas víctimas.
Por esa razón, sostuvo que restan peritar por lo menos 70 teléfonos celulares secuestrados en un procedimiento judicial y además recibir informes de organismos judiciales (Fiscalías federales y provinciales) que fueron consultados para determinar si de las 661 personas y entidades relevadas, algunas fueron parte de una investigación penal.
Hernández dijo también que por la investigación se detectaron “miles” de consultas realizadas a las bases “Sudamericadata” y “Nosis”, las cuales recopilan información personal (principalmente económica) de personas, tanto físicas como jurídicas, por lo que deberán ser analizadas por los peritos del Organismo de Investigaciones, la fuerza a quien se le delegó la investigación.
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