Enjuiciamiento de magistrados: por qué Santa Fe busca cambiar las reglas para jueces, fiscales y defensores
El nuevo esquema normativo de Santa Fe obliga a revisar las reglas con las que se evalúa la actuación de quienes integran el Poder Judicial, el MPA y el MPD.
La reforma constitucional abrió un nuevo debate sobre los mecanismos de control y enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores en Santa Fe.
La discusión sobre cómo se controla y eventualmente se remueve a quienes integran el sistema de justicia volvió a ocupar un lugar central en Santa Fe a partir de la reforma de la Constitución provincial. El nuevo texto constitucional modificó el esquema de enjuiciamiento y estableció la necesidad de avanzar con una legislación que permita poner en funcionamiento un nuevo mecanismo para jueces, fiscales y defensores.
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El reclamo por una mejor arquitectura para juzgar a integrantes del sistema de justicia
En ese contexto, el procurador general del Poder Judicial de Santa Fe, Jorge Barraguirre, planteó la necesidad de mejorar la arquitectura institucional destinada a evaluar la actuación de los magistrados. Durante una entrevista en AIRE, en el programa Una Tarde a la Vez, sostuvo que “hay que seguir mejorando” el sistema y consideró que existe un espacio para recuperar “calidad institucional” en materia de enjuiciamiento.
Barraguirre hizo extensivo el planteo a los distintos sectores que integran el sistema judicial. “Hay un espacio para recuperar calidad institucional. Hay que recuperar también un espacio de mayor calidad institucional para mejorar el enjuiciamiento de los fiscales y lo mismo de los defensores”, afirmó.
Jueces, fiscales y defensores: un mismo esquema de control
La discusión adquiere relevancia a partir del nuevo esquema constitucional y del proyecto presentado en la Legislatura por la diputada socialista Lionella Cattalini. La iniciativa busca reglamentar los artículos 142 y 143 de la Constitución reformada, que establecen un nuevo Jurado de Enjuiciamiento y fijan las bases para el juzgamiento de jueces, fiscales y defensores ante faltas graves o delitos dolosos.
El proyecto propone que ese jurado esté integrado por representantes de la Corte Suprema, del Ministerio Público, jueces, fiscales o defensores según corresponda, legisladores de ambas cámaras y abogados matriculados. La intención planteada por Cattalini es reemplazar los mecanismos diferenciados que históricamente rigieron para los distintos integrantes del sistema por “reglas comunes” de control.
“A nosotros no nos votan”
Para Barraguirre, la discusión sobre el enjuiciamiento no puede separarse de la responsabilidad que implica ejercer una función pública dentro del Poder Judicial. “La Legislatura controla la calidad cuando alguien ingresa al sistema, pero después esa calidad hay que revalidarla todos los días de nuestra vida, porque a nosotros no nos votan”, sostuvo.
En ese punto, marcó una diferencia con quienes ocupan cargos electivos y planteó que la permanencia prolongada en la función judicial exige mecanismos de evaluación y control. “A un político cualquiera a los cuatro años lo evalúan o a los dos años se lo evalúa. Y a nosotros nos dejan de por vida hasta los 75 años”, señaló.
El debate legislativo deberá ahora definir cómo se traducen las nuevas previsiones constitucionales en un mecanismo concreto. La propuesta de Cattalini plantea unificar el tratamiento de jueces, fiscales y defensores bajo un mismo esquema de enjuiciamiento, mientras que la discusión deberá determinar la integración, el funcionamiento y las reglas del órgano encargado de llevar adelante esos procesos.
Para Barraguirre, se trata de uno de los puntos en los que Santa Fe todavía tiene margen para mejorar su institucionalidad. “Tenemos que tener mejores leyes, una mejor arquitectura institucional, por ejemplo, para juzgar a magistrados”, sostuvo durante la entrevista.
Y resumió el desafío desde la perspectiva de quienes ejercen funciones judiciales: “Es un servicio público que tenemos que asumir muy comprometidos”.
