La Legislatura de Santa Fe pidió informes a la Corte por una jueza que anuló la detención de un menor de edad
La iniciativa generó cuestionamientos de la oposición, que advirtió sobre una posible afectación de la división de poderes en la provincia de Santa Fe.
La iniciativa fue cuestionada por distintos bloques opositores, que plantearon reparos sobre el rol del Poder Legislativo frente a las decisiones judiciales.
La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe aprobó un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo solicite a la Corte Suprema provincial copias de las resoluciones, documentación y audiencias vinculadas con la causa en la que se discutió el uso del sistema de videovigilancia e inteligencia artificial LINCE para una investigación por una balacera en Rosario.
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La iniciativa había sido presentada originalmente por el diputado radical Martín Rosúa como un proyecto de resolución, pero fue modificada en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y llegó al recinto como proyecto de comunicación. El texto aprobado sostiene que el pedido apunta a conocer los antecedentes institucionales del denominado caso “LINCE” o “flagrancia virtual”, con el objetivo de evaluar el funcionamiento del sistema, sus protocolos y el marco normativo vigente.
El expediente tiene como antecedente una resolución de la jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena, quien había declarado nulo e inválido un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones después de una balacera ocurrida el 19 de junio en la zona sur de Rosario. La investigación había utilizado imágenes de las cámaras de videovigilancia procesadas mediante el sistema LINCE para reconstruir el recorrido de los sospechosos.
Qué pidió Diputados
El texto aprobado plantea que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, solicite a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe “copias de las resoluciones judiciales y de la documentación obrante”, además de las audiencias celebradas, dentro de la CUIJ correspondiente al caso.
Los fundamentos del proyecto remarcan que LINCE forma parte de las nuevas herramientas tecnológicas incorporadas por la Provincia para tareas de prevención del delito e investigación criminal. También señalan que el Decreto Provincial 2642/2025 asignó a la Unidad de Gestión LINCE funciones vinculadas con la coordinación, trazabilidad de órdenes operativas, gobernanza de datos, registros de auditoría, preservación de evidencia digital y protocolos de actuación.
La oposición rechazó el pedido
La iniciativa generó el rechazo de los distintos bloques de la oposición, cuyos argumentos coincidieron en cuestionar el pedido de información a la Corte y advertir sobre una posible afectación de la división de poderes.
La diputada Silvia Malfesi, del bloque Somos Vida, sostuvo que el pedido “implica una intromisión en la actividad judicial”. En ese sentido, consideró que se trata de “una forma inadmisible, que no respeta la división de poderes” y advirtió: “Este proceder no se condice con la forma republicana de gobierno”.
Desde el Frente Amplio por la Soberanía, el diputado Carlos Del Frade planteó una interpretación diferente sobre el trasfondo de la iniciativa. “En esto se expresa la voluntad política para sancionar a funcionarias y funcionarios del poder judicial que piensan distinto a la visión punitivista del gobierno de la provincia de Santa Fe”, afirmó.
Por su parte, la diputada peronista Lucila De Ponti cuestionó la necesidad de que el Poder Legislativo intervenga sobre una resolución judicial. “El poder judicial tiene sus propios mecanismos de control de fallos, no es necesario que el poder legislativo pida información respecto de la decisión de una determinada jueza”, sostuvo.
El antecedente que generó la discusión
El caso comenzó después de una balacera ocurrida durante la madrugada del 19 de junio. Según la reconstrucción difundida entonces, dos personas que se movilizaban en bicicleta salieron de una vivienda ubicada en España al 7000, llegaron hasta Entre Ríos al 6200 y efectuaron disparos contra un inmueble. Después regresaron al lugar de partida.
A partir del análisis de las imágenes de las cámaras de videovigilancia mediante LINCE, la Policía de Investigaciones reconstruyó el recorrido y realizó un allanamiento bajo la figura de “flagrancia virtual”. En el procedimiento fue aprehendido un adolescente de 17 años.
La jueza Aguirre Guarrochena declaró posteriormente nulo e inválido el procedimiento. El Gobierno provincial cuestionó públicamente aquella decisión y defendió el uso de la herramienta tecnológica y de la figura de flagrancia virtual.
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Sin embargo, el expediente tuvo después una segunda instancia. La Cámara Penal de Rosario revocó la resolución de primera instancia y consideró válida la actuación policial. En esa revisión, el camarista Tomás Orso sostuvo que la discusión estaba vinculada principalmente con el tiempo transcurrido entre la detección del hecho y el procedimiento: para la jueza de primera instancia, las aproximadamente 12 horas transcurridas hacían desaparecer la situación de urgencia; para la revisión, ese lapso podía resultar razonable teniendo en cuenta el procesamiento de las imágenes y la preparación del operativo.
El camarista también formuló recomendaciones destinadas a precisar los criterios para controlar la legalidad de este tipo de procedimientos. Según lo difundido entonces, Orso cuestionó además las críticas públicas que había recibido la jueza y consideró que ese tipo de expresiones podía generar un efecto contrario a la división de poderes.
