El prólogo de la reunión entre el gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández fue sangriento: cuatro crímenes en Rosario en menos de 24 horas. La violencia que supura del narcotráfico sigue en alza. Bajo la presión permanente de las balas, algo que no influía hasta hace dos semanas con Sabina Frederic, Aníbal Fernández definió un plan de contingencia para Rosario, en base a las necesidades y urgencias que le planteó el gobernador de Santa Fe. Arribará a la provincia un contingente de 575 gendarmes para patrullar en las zonas complicadas de Rosario, donde los puntos rojos en el mapa de homicidios y heridos están condensados.
Aníbal Fernández anunció este martes que "en 15 o 20 días" arribará un contingente de 575 efectivos feedrales, que se sumarán a los 3.400 que ya están en la provincia.
GentilezaEl gobierno de Santa Fe pretendía un efecto shock, como el que provocó en abril de 2014 el llamado operativo Rosario –delineado por Sergio Berni– y cuyo éxito se busca repetir. Pero la situación es diferente: Aníbal Fernández no puede dejar sin gendarmes a los distritos del conurbano bonaerense, donde la seguridad también es un tema clave en la campaña electoral.
Lo que quedó en claro después de la serie de reuniones que mantuvo Perotti es que desde el gobierno nacional tomaron el tema de la violencia en Rosario como una prioridad, algo que no estaba tan claro hasta la salida de Frederic y tras la derrota en las Paso del 12 de setiembre pasado.
Perotti, destacó como "una noticia importante para la provincia" el envío de efectivos nacionales de seguridad y la creación de una nueva unidad móvil de Gendarmería Nacional, anunciados por el ministro de Seguridad de la Nación.
Desde abril de 2014, cuando Sergio Berni protagonizó el llamado operativo Rosario, con el arribo de 3.400 gendarmes de manera cinematográfica, cada uno de los funcionarios que asumieron en Seguridad –salvo Frederic– intentaron repetir esa estrategia de alto impacto, que fue transversal a nivel político. Durante los últimos siete años se anunciaron envíos de efectivos federales en seis oportunidades, durante las gestiones de Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Esto también implicó a los gobernadores Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz y Perotti.
Desde esa fecha hasta ahora se cometieron más de 1.600 asesinatos y el problema de la violencia nunca logró bajar de manera estable. Ahora, en el gobierno de Santa Fe argumentan que el refuerzo de tropas federales servirá como paliativo hasta que logren los afinar cambios en la policía para que se pueda ocupar de la seguridad pública. Las tres leyes que envió el gobierno, diseñadas por el exministro Marcelo Sain, aún no fueron tratadas y allí radica la queja del gobernador.
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El nuevo ministro de Seguridad de la Nación mostró un cambio drástico con respecto a su antecesora, Sabina Frederic, que se negó en la semana previa a las elecciones a enviar 300 efectivos a Rosario, cuando se habían producido seis crímenes en 20 horas. Aníbal Fernández se mostró receptivo a las demandas urgentes de Perotti, y este nuevo contingente que arribará a Rosario en 15 días saciará los pedidos, que también apuntaron a medidas de mediano plazo. Se creará en esta ciudad el móvil VII de Gendarmería, con lo cual la garantía del gobierno nacional es que esa unidad tenga una provisión de unos 1.500 efectivos fijos.
Según datos suministrados por la anterior gestión en el área de Seguridad, hasta la semana pasada había 3.400 efectivos federales asentados en la provincia, de los cuales 2.500 estaban en Rosario. El gobierno santafesino era crítico con el desempeño de los agentes federales, en operativos poco efectivos en el terreno. A esta cantidad de uniformados federales se suman en Rosario 5.400 policías provinciales. El número de uniformados era alto, pero poco efectivo. Los operativos de la Policía Federal y Prefectura se enfocaban en controles de puntos fijos en avenidas, en horarios pico.
Lo que no está claro aún es qué pasará con el móvil II de Gendarmería en Rosario, si coexistirán los dos destacamentos, el II y el VII. Siempre se argumentó desde esa fuerza que no podían usar en cuestiones operativas en Rosario todos los efectivos porque cubrían funciones en gran parte de la Mesopotamia.
Un cambio en la visión de la operatividad de las fuerzas federales en Rosario es que no se volverá a ensayar la puesta en marcha del llamado comando conjunto, en el que –en teoría– los jefes federales y de la policía de la provincia coordinaban tareas. Este esquema nunca funcionó por desconfianzas mutuas, entre otros problemas. Cada fuerza realizará tareas de manera autónoma.
Un punto a mediano plazo es la conformación de una unidad de investigaciones conformada por agentes de la Policía Federal. Son efectivos que provienen de Buenos Aires y se encargarán de llevar adelante pesquisas con los datos que poseen las unidades especializadas del Ministerio Público de la Acusación. Esta unidad, que actuará con bajo perfil, buscará desarticular organizaciones criminales que ya operan desde hace tiempo y otras que se fueron desprendiendo de las bandas más grandes. También hará lo propio la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que ya hizo una exposición a nivel mediático de una operación por lavado de dinero.
En octubre del año pasado, Frederic anunció la creación de una delegación estable del Ministerio de Seguridad en Rosario. El objetivo era que los funcionarios de esa cartera siguieran de cerca las causas federales en materia de narcotráfico y que generaran un puente con el Ministerio Público de la Acusación, para tener una visión más integral de la criminalidad en Rosario. Tampoco se sabe con los cambios qué pasará con esta unidad ministerial. La velocidad de los acontecimientos deja aún misterios a resolver.
Lograron poner en práctica esa idea. Inventariaron más de 200 causas en el fuero federal y varias de ellas avanzaron, a pesar de las falencias que existen en la Justicia federal de Rosario. Una de esas investigaciones fue la que terminó con la desarticulación de una banda que traía grandes cantidades de cocaína de Bolivia y Paraguay y proveía a algunas organizaciones de Rosario, pero sobre todo del conurbano bonaerense. El 20 de junio pasado se desplegaron en la sede de la Policía Federal 400 panes de cocaína secuestrados que tenían envoltorios azul y blanco, como la bandera argentina.
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