La Conferencia Episcopal Argentina anunció que el último día hábil de 2023 concluyó el proceso iniciado en 2018 mediante el cual arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares renuncian a la asignación mensual que les pagaba el Estado nacional.
La inversión del Estado santafesino en el servicio educativo de gestión privada representa el 18,71% del total del gasto del Ministerio de Educación.
Esa decisión, vale aclarar, no involucra a los aportes públicos provinciales que se hacen a la educación de gestión privada, controlada mayormente por la Iglesia Católica, que en el caso de Santa Fe ascenderán a $177.543.536.000 para 2024, según el presupuesto aprobado recientemente por la Legislatura.
Esta subvención, que como se verá más adelante es de una magnitud difícil de exagerar, está dirigida al pago de salarios docentes, que deben ser de idéntico monto a los que se abonan en el sistema estrictamente público.
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Al respecto, se suele señalar con razón la existencia de escuelas parroquiales en los barrios más humildes, pero ese argumento es incompleto: al menos en la ciudad de Santa Fe, los colegios más caros cuentan con aportes estatales para pagar el 100% de su plantilla de educadores. Conviene otra precisión: se trata de un gasto estructural, no es un invento de este gobierno ni de los anteriores.
En cualquier caso, no es el objetivo de esta nota polemizar respecto de la conveniencia o no de estos subsidios, pero sí es trascendente hacerlo visible, de manera tal de evitar errores de diagnóstico con relación a qué segmentos sociales son los que reciben asistencia estatal y, asimismo, en qué grado lo hacen.
El conocimiento de este esfuerzo de todos los contribuyentes, incluidas las personas más pobres que pagan el IVA cada vez que compran algún producto, debería poder ayudar a evitar tratos denigratorios tan de moda en esta época.
Como ya se dijo, el Estado santafesino prevé invertir más de 177 mil millones de pesos en el servicio educativo de gestión privada, que representa el 18,71% del Ministerio de Educación, el más grande de todos.
Si se lo compara con el presupuesto total de la cartera de Desarrollo Social de la provincia, que es de $95.927.989.000, es casi el doble. Si se afina el lápiz y el cálculo se hace contra el rubro Transferencias, es decir, el dinero que efectivamente llega al bolsillo de los más necesitados, pero también a clubes e instituciones barriales, es mucho más del doble.
Otro ejemplo de moda: la casta. Siempre según el cálculo de gastos y recursos de la provincia para 2024, las Cámaras de Senadores y Diputados requerirán erogaciones estatales por $ 66.110.611.000. O sea, que la provincia invertirá en educación privada casi el triple de lo que se necesita para que funcione su Poder Legislativo.
Ahora, un paralelo con un área sensibilísima. El presupuesto global del Ministerio de Seguridad para este año es de $438.583.459.000, entonces los subsidios a la educación privada equivalen al 40,48% de esa inversión. Simplificando: de cada 10 pesos que la provincia gasta en toda esa área, incluyendo por supuesto sueldos de policías, aporta 4 en las subvenciones ya mencionadas.
Es más que el conjunto del Poder Judicial, con MPA y el Servicio de Defensa dentro de la cuenta: $165.189.476.000. Es más que Lotería: $ 132.188.705.000. Es más que Vialidad Provincial: $ 147.924.918.000. Y es casi lo mismo que el Iapos: $ 200.070.296.000.
Téngase en cuenta que varios de los ejemplos indicados en el párrafo anterior también generan ingresos, ya sea en ventas, cuotas o peajes, entre otras ventanillas. Mismo criterio para los que vienen a continuación.
Los subsidios a la educación privada son casi 13 veces el costo del Boleto Educativo Gratuito: $13.990.689.000. Son más de siete veces el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). Son 10 veces los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario juntos: $ 18.207.378.000. Son dos veces y media el presupuesto de Aguas Santafesinas: $71.066.747.000.
Como se habrá podido apreciar, planeros somos todos.
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