Analizan en la provincia de Santa Fe las posibles infracciones de los estatales que cobraban planes sociales

En el primer día hábil del año 2024 se publicó en el Boletín Oficial de República Argentina una resolución de la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Petovello, mediante la cual suspendió a 4.588 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo por haber incurrido presuntamente en las incompatibilidades previstas en ese programa, al haberse detectado que eran a la vez empleados de distintos estados provinciales, entre ellos Santa Fe. La noticia ya se conocía desde hace unos días, pero este martes se oficializó.

Esta decisión tiene su origen en una investigación del titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social, Guillermo Marijuan, quien en noviembre pidió las nóminas de personal a las provincias y las entrecruzó con la base de datos del Potenciar Trabajo, según se informó oficialmente.

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En el caso de la provincia de Santa Fe, se trata de 170 personas que en su mayoría realiza reemplazos escolares o cubre emergencias en el sistema de salud. Quedan 50 trabajadores bajo la lupa, algunos de los cuales pasaron a planta permanente en el último tramo de 2023 y otros que ya habían logrado la estabilidad con anterioridad.

En este contexto, es necesario establecer algunas precisiones. El Potenciar Trabajo fue creado el 18 de marzo de 2020 por resolución del entonces ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, a partir de la unificación de los programas Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios.

En aquel decisorio se estableció que serían incompatibles para acceder al plan quienes “posean empleo formal registrado”, como sería el caso de los 50 santafesinos bajo análisis, pero allí mismo indica que esa regla tendrá la excepción de “los trabajadores y trabajadoras temporarios o estacionales”. En consecuencia, habrá que observar qué tipo de vínculo contractual tenían esas personas con la Provincia y en qué momento fue regularizado.

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Sandra Petovello, ministra de Capital Humano de la Nación.

Con todo, eso forma parte del análisis de la Nación. En lo relacionado estrictamente con su condición de trabajadores del Estado santafesino, hay dos elementos a destacar con mayor centralidad:

• Uno de ellos parte de uno de los criterios de egreso del programa nacional instruido en la resolución de Arroyo: “Por falsedad de las declaraciones juradas debidamente constatada”. Si así hubiese ocurrido, entienden en el gobierno provincial, podrían haber incurrido en una infracción a los Deberes previstos en el estatuto del empleado público de Santa Fe, que ordena “observar en el servicio y fuera de él una conducta intachable y decorosa conforme a su cargo y función”.
• Existe otro punto más concreto. El mismo estatuto exige “declarar todas las actividades que desempeñe y el origen de todos sus ingresos, a fin de establecer si son compatibles con el ejercicio de sus funciones”. Para develar si ese deber fue cumplido sería necesaria la apertura de un sumario a cada uno de los trabajadores en cuestión, lo cual eventualmente podría derivar en una sanción. Ello no implica, en modo alguno, que al final del camino sí o sí haya una cesantía.

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Aquí también juega un papel clave el tipo de vínculo contractual previo al pase a planta permanente y en qué momento se concretó la regularización laboral. Por ejemplo: si alguno o algunos de trabajadores observados tenían una relación precaria con el Estado provincial y luego lograron la estabilidad, los alcances del Estatuto rigen solo a partir de ese último escalón.

Más allá de los aspectos técnicos, también juega la decisión política. Esa moneda aún está en el aire.