jueves 22 de abril de 2021
Política | Santa Fe | Senado | Armando Traferri

El Senado designó a Armando Traferri como representante en el órgano de control de los defensores públicos

La Cámara de Senadores de Santa Fe designó como representante suplente ante el Consejo del Servicio Público provincial de la Defensa Penal al senador que está acusado de tener vínculos con el crimen organizado.

En la sesión de este jueves, la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe designó a sus representantes ante el Consejo del Servicio Público provincial de la Defensa Penal, órgano consultivo del gobierno para designar, controlar y desplazar a los defensores públicos de Santa Fe.

Tras una votación en el recinto, los representantes elegidos fueron los senadores por los departamentos San Cristóbal, Felipe Michlig –como titular- y por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri- como suplente.

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La designación del senador del sur provincial es la que más polémica genera debido a que se encuentra inmerso en un escándalo político desde el año pasado por ser señalado por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, por su presunta vinculación con el crimen organizado. Según los fiscales, el senador provincial tiene estrechos vínculos con organizaciones relacionadas con el juego clandestino y el lavado de dinero.

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El caso generó un revuelo histórico en los ámbitos político y judicial de Santa Fe, al punto que los fiscales expusieron sus sospechas e investigaciones en la Legislatura y se pidió el desafuero del senador. Sin embargo, en diciembre del año pasado el Senado santafesino se abroqueló atrás de la figura de Traferri y rechazó su desafuero para permitir que la investigación avance.

Avances

La semana pasada, Aire Digital informaba de un nuevo capítulo de la causa de juego clandestino y que pone otra vez bajo la lupa los vínculos entre el poder político y el económico.

Los allanamientos en la mansión de Oscar Larrauri, expiloto de Fórmula 1, en el Golf Club de Fisherton, y un día después a un abogado cercano al empresario Leonardo Peiti, tan cercano que es vecino, apuntan a delinear cómo se conformaba y funcionaba la estructura de lavado de dinero que derramaba el juego ilegal, que posee un nivel de sofisticación importante.

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En la sesión de este jueves, la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe designó a sus representantes ante el Consejo del Servicio Público provincial de la Defensa Penal, órgano consultivo del gobierno para designar, controlar y desplazar a los defensores públicos de Santa Fe.

En la sesión de este jueves, la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe designó a sus representantes ante el Consejo del Servicio Público provincial de la Defensa Penal, órgano consultivo del gobierno para designar, controlar y desplazar a los defensores públicos de Santa Fe.

El nombre de Armando Traferri no parece ajeno a este eslabón que investigan los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, porque el senador mantiene una vieja amistad con el expiloto de fórmula 1, al que acercó a la política, cuando fue concejal en Rosario en 2001.

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“Lo demuestran las llamadas casi cotidianas al legislador”, señalaron a Aire de Santa Fe fuentes de la investigación, tras el secuestro del teléfono de Larrauri. A la par, los fiscales insistirán en la necesidad de imputar a Traferri, tras pedir a la Corte Suprema la inconstitucionalidad del artículo 27 del código procesal penal que les impide convocar al senador a una audiencia imputativa. Esa normativa le otorga inmunidad a diputados y senadores e impide que sean citados a declaración indagatoria si la Legislatura no les suspende los fueros.

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“Hicimos una petición con el objetivo de imputar al senador Traferri. Creemos que hay pruebas contundentes en su contra. Y lo cierto es que la normativa que regula el Código Penal, es un impedimento”, afirmó Schiappa Pietra. Del otro lado, desde el entorno cercano a Traferri, opinan lo contrario, que esta causa es una operación del ministro de Seguridad Marcelo Sain. Esta semana en el Senado el propio Traferri agitó esa tensión con Sain al pedir un minuto de silencio para las víctimas de la inseguridad.

Funciones del Consejo

Las medidas que debe tomar el Consejo Servicio Público Provincial de Defensa Penal deben estar orientadas a garantizar efectiva y eficientemente el derecho de defensa a las personas más vulnerables social y económicamente, particularmente cuando su libertad se encuentre amenazada o afectada.

El Servicio Público Provincial de Defensa Penal deberá llevar adelante acciones institucionales programáticas tendientes a generar un entorno de plena vigencia del estado de derecho y de los derechos humanos en el cual pueda ejercitarse plenamente el derecho de defensa de toda persona sometida a persecución penal de cualquier tipo, articulando con los actores no estatales involucrados.

El órgano se integra por:

El Defensor Provincial, un defensor regional; un defensor público; tres representantes de los Colegios de Abogados de la Provincia; un senador y un diputado designados al efecto por sus Cámaras; dos representantes de organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la promoción; de Derechos Humanos y un representante de la Asociación Tribunales de Empleados del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe.