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Política cupo laboral trans | Senado de la Nación | trans

El Senado convirtió en ley el proyecto sobre cupo laboral travesti trans

El Senado de la Nación convirtió en Ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, que establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.

El Senado convirtió este jueves en ley el proyecto de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, que garantiza para integrantes de este colectivo un cupo no inferior al 1% de total del personal en organismos del Estado de los tres poderes.

También incluye a ministerios públicos, entes públicos no estatales, organismos descentralizados o autárquicos y empresas y sociedades del Estado.

La iniciativa, que lleva como nombre Diana Sacayán y Lohana Berkins, en homenaje a dos activistas del colectivo víctimas de travesticidios, recibió 55 votos afirmativos, uno negativo y seis abstenciones.

El cupo laboral trans ya rige en el Poder Ejecutivo y ahora se extenderá ese piso de derechos a los demás poderes del Estado, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de esta minoría en relación con el mercado de trabajo, producto de la histórica marginación social a la que es sometida.

"Estamos discutiendo algo más que el cupo laboral travesti, trans y transgénero, estamos discutiendo si este colectivo va a empezar a tener los derechos que, como ciudadanas y ciudadanos, les corresponde: derechos humanos, de eso estamos hablando”, expresó al abrir el debate la senadora pampeana Norma Durango (Frente de Todos).

"No quiero mirar para otro lado como si no fuese real que 9 de cada 10 personas trans no acceden a un trabajo formal. Tenemos que reparar lo que hicimos mal como sociedad y como Estado", reflexionó la senadora del PRO Gladys González.

En la misma línea, la también oficialista Ana Almirón (Frente de Todos) advirtió que "hay un grupo humano al que el acceso al trabajo digno siempre le fue negado".

"La Ley de Identidad de Género fue un antes y un después, un notable avance, pero aún siguen siendo víctimas de obstáculos en el acceso a derechos básicos elementales", agregó la correntina.

La fueguina Eugenia Duré (Frente de Todos) afirmó que "este proyecto de acceso laboral es el resultado de una lucha histórica del colectivo travesti trans y es el resultado de haber transformado ese dolor en sus vidas en resistencia".

En este sentido, la puntana Eugenia Catalfamo consideró que se estaba tratando una "ley de inclusión social" para el colectivo de travestis, transexuales y transgénero, aunque aclaró que falta mucho recorrido por delante para que haya realmente una "reparación histórica".

"La negación sistemática de derechos y la violencia institucional, física, económica y sexual son las formas de disciplinamiento de las disidencias; es el castigo que pesa sobre las identidades que no se corresponden con la visión héteronormativa", analizó la senadora del Movimiento Popular Neuquino Lucila Crexell.

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La iniciativa, que lleva como nombre Diana Sacayán y Lohana Berkins, en homenaje a dos activistas del colectivo víctimas de travesticidios, recibió 55 votos afirmativos, uno negativo y seis abstenciones.

La iniciativa, que lleva como nombre Diana Sacayán y Lohana Berkins, en homenaje a dos activistas del colectivo víctimas de travesticidios, recibió 55 votos afirmativos, uno negativo y seis abstenciones.

La santacruceña Ana María Ianni celebró este "gran paso hacia la conquista de derechos" para el colectivo trans y lo adjudicó a "la lucha" que sus integrantes vienen sosteniendo desde hace décadas.

La senadora oficialista lamentó que sean "históricamente víctimas de la discriminación, de la estigmatización y la persecución", y destacó que esta ley apunta a reconocer el "derecho al trabajo en condiciones dignas y en igualdad con el resto de las personas".

Entre los beneficios que estipula la ley para estas personas pertenecientes a este colectivo se encuentra la posibilidad de ingresar al puesto de trabajo aunque no haya completado los ciclos de formación educativa, aunque se exige como condición que se retomen y finalicen esos estudios.

A su vez, la iniciativa prevé incentivos en las contribuciones patronales de 12 y 24 meses (dependiendo del tamaño de la empresa) en caso de contratar personal de este colectivo.

La ley también contempla el acceso a créditos en el Banco Nación con tasa preferencial para el financiamiento de proyectos productivos de personas de este colectivo, garantizando capacitación para el acceso al beneficio.

Por otra parte, no se tendrán en cuenta los antecedentes contravencionales para el ingreso al trabajo, así como tampoco los antecedentes penales que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, teniendo en cuenta la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo.

Este último punto había generado algunos reparos por parte de diputados nacionales de Juntos por el Cambio cuando se obtuvo la media sanción, al considerar que no era adecuado intervenir con una ley específica en cuestiones que regula el Código Penal.

La neuquina Alma Sapag (MPN) rebatió el argumento al hacer hincapié en la "mirada criminalizadora" que existe en la sociedad respecto del colectivo travesti y trans y que lleva con mucha frecuencia a abusos policiales contra sus integrantes.

"No se les puede exigir que no tengan antecedentes contravencionales o penales para acceder al derecho al trabajo, cuando está demostrado que fue desde la sociedad y desde el Estado sostenida esta mirada criminalizadora", aseveró.