Varios fiscales implicados en causas por narcotráfico y la cuestión de Marcelo Sain sin resolver, mantienen la tensión alta dentro del Ministerio Público de la Acusación, y es una cuestión que, hasta ahora, su titular Jorge Baclini no pudo resolver.
El fiscal general ordenó iniciar un procedimiento disciplinario a Marcelo Sain, para determinar si cometió alguna falta que amerite alguna sanción. Dicho procedimiento es encabezado por el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez.
Maiquel Torcatt / Aire Digital El pasado 22 de abril, el fiscal general de Santa Fe resolvió dejar sin efecto la resolución de la auditora de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Cecilia Vranicich, quien había resuelto que no estaba dentro de sus competencias determinar si había o no motivos para que Sain retorne al Organismo de Investigaciones. Además, el titular del MPA apartó del caso a Vranicich.
Por otro lado, el fiscal general ordenó iniciar un procedimiento disciplinario a Marcelo Sain, para determinar si cometió alguna falta que amerite alguna sanción. Dicho procedimiento es encabezado por el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez.
Sin embargo, horas después de lo dispuesto por Baclini, el director del Organismo de Investigaciones y ex ministro de Seguridad, le envió una nota al titular del MPA solicitando que se expida sobre los recursos presentados por el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, y por diputados provinciales integrantes de la comisión de Juicio Político.
En la nota, que expresa duras críticas hacia el accionar de Baclini, Sain se da por notificado de la resolución del fiscal general que deja sin efecto la auditoría de Vranicich y del apartamiento de la funcionaria, y de la designación de un auditor ad hoc para que dé inicio a un procedimiento disciplinario.
Sobre ese punto, Sain aceptó que la decisión del fiscal es irrecurrible y, en base a lo que expresa el título VI de la ley N° 13.013, donde se contempla una doble calificación de faltas - graves y leves- y como consecuencia de ello dos procedimientos diferentes, pide que se aclare cuál de los procedimientos se va a aplicar.
Para el ex titular de la cartera de Seguridad es necesario que Baclini clarifique cuál es la infracción que cometió y que justifican que el inicio del proceso disciplinario. “Resulta imposible de determinar el procedimiento que se va a utilizar sin que previamente se aclare qué tipo de infracción o falta justifica la determinación”, sostiene el ex funcionario del Ejecutivo.
A su vez, Sain expresa que habiendo pedido el rechazo de los recursos planteados por el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, y por diputados integrantes de la comisión de Juicio Político, “es imprescindible que aclare si su decisión de instruir sumario se toma por avocación o porque admite los recursos interpuestos por los mencionados”.
En ese contexto, el director del Organismo de Investigación del MPA le reiteró el pedido a Baclini para que resuelva la cuestión de fondo sobre los planteos realizados por Airetti y los diputados.
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“Oportunamente he solicitado el rechazo de los recursos planteados por el fiscal regional y por diputados por su evidente falta de legitimación. Si bien el fiscal general formula algunas apreciaciones, no ha dictado resolución en torno a lo peticionado, por lo que reitero el pedido de dictar resolución expresa respecto a este planteo”, manifestó Sain en la nota.
El ex integrante del gabinete del gobernador Perotti va más allá y advierte sobre posibles sanciones que les puede caber a los legisladores provinciales por invadir potestades de otros poderes del Estado. Según Sain, esa situación debe ser informada a la presidencia de la Cámara de Diputados. “Es evidente exceso de poder y la falta de legitimación de los diputados y la consiguiente invasión del ámbito del Poder Judicial y, en consecuencia, requerí que ponga este hecho en conocimiento directo del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia por las sanciones que pudiera caberles a los diputados por la posible invasión de potestades”, reza la nota.
En cuanto al foco de la discusión, Sain interpreta que el fiscal titulariza la potestad disciplinaria sobre todo el personal que ejerce funciones jerárquicas inferiores bajo su dependencia, sin que ella pueda extenderse a quienes ejercen funciones en otro poder del Estado, más allá que sea empleado del Ministerio Público de la Acusación. Sobre ese punto, advierte que “la licencia que se concedió en el marco del Régimen de Licencias lo fue por haber sido convocado para ejercer un cargo político superior, el de ministro de Seguridad de la provincia” y resalta que “mientras duró el ejercicio de la función ministerial, la potestad disciplinaria correspondió exclusivamente al gobernador de la provincia”.
La licencia se extendió desde el 4 de diciembre de 2019 hasta el 19 de marzo de 2021. Para Saín, durante ese período “mis actos, declaraciones, hechos y/u omisiones escapan a la potestad disciplinaria del fiscal general”. Además, tampoco sería aplicable la normativa del juicio político “porque ya no me encuentro desempeñando esas funciones”.
Quien fuera hombre fuerte del equipo de gobierno de Perotti explicó que no es lo mismo una licencia especial otorgada para ocupar un cargo político que una licencia ordinaria. “Por su generalidad, no es acertada su afirmación de que “está claro que al encontrarse Sain en licencia de su cargo del MPA, la potestad disciplinaria de ese organismo permanece intacta”, porque tal afirmación no se condice con la licencia especial otorgada para ocupar un cargo político en otro poder del Estado, ni se corresponden con la potestad que detenta el gobernador”.
“El criterio del fiscal general produce el absurdo del concurso de dos potestades disciplinarias sobre la misma persona y por el ejercicio de la misma función”, resalta Sain.
Según el exministro, “el fiscal general comete el grosero error de interpretar la licencia especial para ocupar un cargo político que él mismo me concedió con cualquier licencia ordinaria. La cuestión no se trata de la potestad disciplinaria propia en cuanto a un agente en funciones o en uso de licencia, sino de la superposición de potestades disciplinarias entre el MPA y el gobernador”.
Asimismo, deja en evidencia otra contradicción de Baclini. “Aquel grosero error queda apuntalado a través de la clara contradicción existentes entre sus dichos cuando usted afirma que en ejercicio de la potestad disciplinaria no tendrá por objeto analizar mis actos como ministro de seguridad sino evaluar si mi conducta y mis dichos durante ese período resultan violatorios del régimen disciplinario y causan perjuicio al MPA”.
A través de la nota, Sain deja expresado su rechazo la eventual inclusión en la instrucción sumarial por hechos durante su función como ministro de Seguridad, sin que ese rechazo o eventual negativa a responder preguntar o efectuar descargos implique reconocimiento de los hechos durante ese período, cuando sólo le correspondía reportar al gobernador.
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Por último, el director del OI asegura que reconocidas razones exigen el planteo de la cuestión constitucional para recurrir a la Corte provincial y si es necesario, a la Corte nacional.
“Someter a sumario disciplinario en el ámbito del MPA a funcionarios por hechos hipotéticamente cometidos en el ejercicio del cargo de ministro de Seguridad es absurdo, arbitrario e ilegítimo, además de implicar intromisión del MPA dentro de las facultades del Poder Ejecutivo”, concluyó.
Según confirmó Aire Digital a través de fuentes del MPA, dicho pedido presentado por Sain ya fue girado al fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, quien deberá responder e informar a Baclini para que éste resuelva la cuestión de fondo.
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