Este miércoles desde las 10, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Rubén Rimoldi, mantiene una reunión con la comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados para brindar un informe sobre la ejecución de recursos provenientes de la emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario. Del encuentro también participan algunos senadores. La visita de las autoridades de la cartera de Seguridad era reclamada desde los bloques de la oposición desde que el titular del área era Jorge Lagna, quien renunció al cargo el 10 de agosto.
El ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, llegó a las 10 a la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para reunirse con legisladores de ambas cámaras.
Este miércoles desde las 10, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Rubén Rimoldi, concurrirá a la comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalA fines del mes de julio, diputados de la oposición se reunieron con representantes de las vecinales de Santa Fe. Tras esos encuentros, la diputada Lionella Cattalini (FPCyS), sostuvo que “en diciembre del año pasado sancionamos una ley de emergencia en seguridad que lo único que pretendía era facilitar las herramientas al gobierno para que pueda gestionar más eficazmente los recursos y mejorar la seguridad”.
El diputado Juan Cruz Cándido (UCR - FPCS), que dijo que “entre las dos emergencias que tuvo vigentes este gobierno, tuvo cerca de 45 millones de dólares extras a disposición para gestionar la seguridad pública, y, a su vez, además de dar cuenta sobre eso, dar cuenta de lo que está pasando en la provincia que es muy preocupante".
Emergencias en seguridad pública y del Servicio Penitenciario
El 29 de diciembre del 2021, el Senado provincial aprobó por unanimidad un expediente que contiene dos proyectos: la declaración de la emergencia en seguridad pública, autoría de la diputada socialista Lionella Cattalini, y la declaración de emergencia en el Servicio Penitenciario santafesino, del senador justicialista Rubén Pirola. Las emergencias estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022. Ambos proyectos tuvieron sanción definitiva.
Las emergencias en seguridad y en el Servicio Penitenciario eran dos de las prioridades del gobierno provincial para el cierre de 2021. Fueron votadas el martes por la Cámara de Diputados y el Senado las convirtió en ley un día después.
La finalidad de las emergencias es atender la crisis en seguridad pública y las deficiencias del Servicio Penitenciario provincial a los fines de brindar una mejor seguridad a la población, resguardar los bienes públicos y privados, conjurar las acciones violentas y las problemáticas criminales así como robustecer la custodia y guarda de quienes se encuentren cumpliendo medidas cautelares o sanciones privativas de la libertad en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática. La ley de emergencia en seguridad le otorga al Poder Ejecutivo la suma de 3.000 millones de pesos sobre los cuales el ministro de Seguridad de la provincia deberá rendir cuentas cada seis meses ante la Legislatura.
Mediante la declaración de emergencia en seguridad pública, el gobierno queda habilitado a reestructurar el esquema vigente de los suplementos salariales de la Policía para atender situaciones excepcionales o de riesgo especial, ampliando las partidas necesarias para hacer frente a los recursos presentados por el personal policial y penitenciario; y proceder a la construcción, refacción y/o modernización de inmuebles destinados a dependencias de las fuerzas de seguridad, poner en valor y funcionamiento la nueva infraestructura orientada a la operatividad policial en la ciudad de Rosario, como así también la elaboración de programas de abordaje integrado con los gobiernos locales. El Poder Ejecutivo también podrá instrumentar mecanismos para la distribución de vehículos a asignarse de acuerdo con las necesidades en materia de seguridad, únicamente destinadas a cumplir funciones operativas.
El Ministerio de Seguridad deberá elaborar e implementar un plan adquisición de patrulleros y otro para la reparación integral de vehículos policiales en condiciones de ser rehabilitados, previa evaluación costo-beneficio para su reinserción operativa. También se podrán comprar sistemas de videovigilancia en convenios con municipios y comunas, como así también todo equipamiento y tecnología para fortalecer el sistema de seguridad pública y el Servicio Penitenciario.
En cuanto al personal policial, se deberá brindar asistencia en materia de soluciones habitacionales e implementar programas de incentivo en becas y cursos para el personal policial y penitenciario. Desde la cartera que encabeza Jorge Lagna tendrán que adquirir equipos y sistemas informáticos destinados a dependencias policiales y penitenciarias y proceder a la construcción, refacción y/o modernización de complejos penitenciarios.
Programa de emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario
Además, el proyecto crea el Programa de Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario, para ser destinado a las erogaciones especiales. Dicho fondo estará financiado con aportes de Rentas Generales del Tesoro Provincial por hasta pesos 3.000 millones de pesos para atender lo atinente a la emergencia en seguridad y del servicio penitenciario; el 50% de los recursos percibidos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, conforme al Decreto N° 1698/08; aportes provenientes de programas del Estado Nacional; aportes provenientes de organismos multilaterales y donaciones, legados y subvenciones.
La ley establece como límite máximo para la realización de licitaciones y concursos privados que exclusivamente se hagan en el marco de la emergencia para la compra de equipamiento es de 9 millones de pesos, y para licitaciones privadas para la realización de Obras públicas, la suma es de 9 millones.
Te puede interesar
