Desde su cuenta de X, el ministro explicó que también se iniciará una auditoría para garantizar "una rendición transparente de cuentas". Entre los gastos cuestionados, mencionó que solo el mantenimiento del césped en la ex ESMA costaba $16 millones por mes.
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La decisión se alinea con la política de ajuste fiscal que impulsa el presidente Javier Milei. En este marco, la cartera de Justicia redujo un 37% su planta de personal en 2023, lo que generó un ahorro mensual de $820 millones, según datos oficiales.
La medida reaviva la tensión entre el Gobierno y los organismos de derechos humanos, históricamente cercanos al kirchnerismo y a sectores de izquierda.
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A comienzos de año, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, había advertido que la gestión de Milei intentaba "cerrar la ex ESMA" tras una serie de despidos en el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo General de la Memoria.
Desde el gremio ATE también denunciaron recortes en la Secretaría de Derechos Humanos y el envío de telegramas de despidos a sus empleados.
