El ministro del Interior, Eduardo De Pedro, pretende un acuerdo multipartidario para diferir el cronograma electoral; para ello es clave el apoyo de Juntos por el Cambio. Sin embargo, la decisión del presidente Alberto Fernández de extremar las restricciones de circulación en el área metropolitana y, sobre todo, de suspender por 15 días las clases presenciales en las escuelas a partir del lunes próximo, fue tomada como una declaración de guerra del gobierno nacional contra el jefe de gobierno porteño y uno de los dirigentes más relevantes de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta.
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Durante el 2020, el presidente logró acordar con la oposición las medidas para contener la ola de contagios. Ahora, el diálogo está cortado.
El alcalde porteño insistió en que las escuelas deben permanecer abiertas porque está demostrado que no constituyen vectores de contagio; de hecho, la mayoría de los gobernadores –incluso del peronismo- decidieron no adherir al decreto presidencial y mantendrán las clases presenciales.
Indignada, la cúpula del principal espacio opositor denunció un avasallamiento sobre la autonomía porteña y anunció que acudiría a la Corte Suprema. Si había algún canal de diálogo entre el oficialismo y la oposición, con las últimas medidas del Gobierno quedó totalmente dinamitado.
Los opositores sospechan que, detrás de las restricciones del Presidente, está la sombra de la vicepresidenta Cristina Kirchner y su ladero, Kicillof. Ante el vertiginoso aumento de casos en su provincia, el gobernador bonaerense presionó para extremar todas las restricciones y retornar a la cuarentena estricta en el área metropolitana. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, y su par de Salud, Carla Vizzotti, bregaron hasta último momento para que no se cierren las escuelas; finalmente Fernández los desautorizó e inclinó la balanza en favor de Kicillof. Es decir, en favor de Cristina.
La crispación política está a la orden del día mientras la pandemia arrecia. El condimento electoral no hace otra cosa que exacerbar las posiciones. Hace un año atrás, cuando el presidente Fernández decretó la cuarentena, logró que toda la oposición se alineara detrás suyo. El panorama actual es diametralmente distinto: el presidente no sólo perdió el diálogo con la oposición; los gobernadores tampoco se plegaron a las medidas de restricción. El desafío que enfrenta ahora el Gobierno es que la sociedad las cumpla.
Las bancas en juego en el Congreso
En medio de esta incertidumbre, Fernández debe enfrentar un año electoral clave para la supervivencia de su mandato. En el oficialismo hay confianza de que logrará superar airoso su desafío mientras la coalición oficialista se mantenga unida. La oposición pone en juego las bancas que ganó en 2017, su mejor elección: el Frente de Todos cree que, de ganar, logrará arrebatarle los escaños necesarios para alcanzar su mayor objetivo: la mayoría en la Cámara de Diputados, hoy el bastión de la resistencia opositora.
Las bancas que se ponen en discusión en las urnas son las que se ganaron en 2017, para la Cámara de Diputados, y en 2015, para la de Senadores.
En la Cámara de Diputados se renuevan 127 bancas, con los puntos clave de Buenos Aires (35 diputados), Capital (13), Córdoba y Santa Fe (9 cada una), Mendoza y Entre Ríos (5 bancas cada una), provincias que concentran el 60% de las bancas que se eligen. En la Cámara de Senadores están en juego 24 lugares en un reparto menos focalizado que en Diputados, con renovaciones de tres legisladores por provincia en Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.
Mientras arde el debate sobre la fecha y el mecanismo electoral, la incógnita central que desvela al mundo político y económico responde a si el oficialismo logrará avanzar en la Cámara baja, presidida por Sergio Massa, hacia una mayoría que le permita sancionar leyes de alto impacto institucional que, con el escenario actual, aparecen trabadas.
En esa lista figuran a tope las iniciativas judiciales, como la reforma de Comodoro Py, o los cambios en los requisitos para designar al procurador general. Al Frente de Todos le faltan diez diputados más para hacerse del quorum propio (tiene 119 diputados y la mitad más uno de la Cámara es 129). Las iniciativas que el oficialismo no logra hacer caminar en Diputados suelen fluir en el Senado, manejado por Cristina Kirchner, en el que tiene quorum propio; un escenario que según los pronósticos no cambiaría.
Las bancas que se ponen en discusión en las urnas son las que se ganaron en 2017, para la Cámara de Diputados, y en 2015, para la de Senadores. Si la Cámara de Diputados emerge como el objetivo central, la provincia de Buenos Aires -principal bastión del oficialismo- vuelve a ser la batalla clave que inclinará la suerte del proceso electoral. El punto fuerte de la oposición enrolada en Juntos por el Cambio es la ciudad de Buenos Aires. Córdoba aparece como otro territorio favorable al macrismo, en el que basa sus expectativas como también en Mendoza. La franja central del país, con la excepción bonaerense, es terreno fértil para Juntos por el Cambio.
El oficialismo, en tanto, pone sus fichas en Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán. Está confiado. Cree que, pese a los sinsabores que le depara la pandemia, la campaña de vacunación fluirá y la economía mostrará buenos resultados a partir del segundo semestre. “Vacunas y plata en el bolsillo de la gente: con eso ganamos”, se entusiasma un encumbrado dirigente de la coalición oficialista.
