El portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó que hasta el momento se registraron 8900 denuncias anónimas de presiones o amenazas hacia los titulares de planes para que participen de la marcha de este miércoles a Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires.
El gobierno había habilitado la línea telefónica 134 para que beneficiarios de planes denuncien amenazas de los dirigentes sociales. Unidad Piquetera.
"Hasta el corte de las 10.30, en la línea 134 se han recibido 8.900 denuncias y buena parte de esas denuncias aportaron datos relevantes en términos de nombres de organizaciones o punteros que sirven para empezar a asignar responsabilidades penales", sostuvo el vocero presidencial desde la Casa Rosada.
Y agregó: Hubo una saturación en las líneas. Nos superó en el inicio del anuncio de la línea. La línea venía saturando de antes, pero cuando hicimos el anuncio de ayer superó nuestras expectativas en términos de tener un panorama más específico de estos intermediarios que se quedan con un negocio que no solo no debería existir, sino que ese dinero sale del bolsillo del que hoy le cuesta comer todos los días".
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Además, apuntó contra el Polo Obrero, una de las organizaciones convocantes, y denunció que maneja una caja de $5.461 millones en la intermediación de los planes sociales.
“Entendemos que detrás de eso hay un gran negocio. Y por eso los motivos de la marcha es precisamente el temor a perder ese negocio. Se va a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para pulverizar este tipo de acciones”, aseguró.
Por otro lado, confirmó que el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias para tratar un paquete de leyes, aunque no especificó fechas, y ratificó que el presidente Javier Milei explicará en cadena nacional, a las 21 de este miércoles, el extenso DNU que desregula la economía y que será publicado a la medianoche.
Según trascendió, se trata de un texto extenso que establece una serie de desregulaciones económicas y reformas, que contemplan modificaciones en el régimen laboral, la derogación de varias leyes y ajustes en gastos y estructura del Estado.
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