De las tres investigaciones penales en curso –las dos restantes están en Buenos Aires y Reconquista– la que se tramita en la justicia provincial de Rosario es la más que más lejos llegó para asegurar bienes que resarcir a acreedores que denunciaron haber sido estafados: “Estamos a la búsqueda de 600 millones de dólares y no podemos dejar ninguna posibilidad al azar, todo lo que se pueda cautelar lo vamos a cautelar”, dijo Moreno.
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La clausura de la sede de la empresa tiene el objetivo de evitar que servidores y terminales informáticas sean utilizadas hasta tanto personal especializado copiara la información.
Junto con esas medidas cautelares el lunes se iniciaron 13 allanamientos en busca de información y pruebas que ayer no habían concluido. Por eso algunas instalaciones de Vicentin mantenían fajas de clausura para evitar que servidores y terminales informáticas fueran utilizadas hasta tanto personal especializado copiara la información. El personal de la empresa tenía orden de no colaborar, lo que obligó a buscar ayuda externa. Este mismo jueves viajó desde Buenos Aires al norte santafesino personal especializado que trabaja para la auditoría forense que encargó el juez del concurso, de manera que la información que allí surja servirá tanto para el concurso preventivo como para la investigación penal. Se presentó la misma dificultad con una caja fuerte de gran tamaño que no pudo abrirse.
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El fiscal explicó por qué la investigación todavía no tiene imputados. “Los allanamientos están destinados a deslindar o precisar atribuciones sobre los hechos. Investigamos estafas, que creemos que ocurrieron. El tema es que siendo una sociedad la que comete las estafas, tenemos que ver cómo se conformó la decisión social para cometer estas estafas. Los allanamientos son para precisar el aporte de cada uno de los involucrados en relación con los delitos concretamente”, explicó Moreno, quien no descartó que a medida que analicen la información incluyan acusaciones por los otros delitos señalados por los denunciantes: “Empezamos por lo que está más claro que es la estafa, luego iremos viendo, no descarto nada”.
Los involucrados en la investigación son los que en los últimos dos años se desempeñaron como miembros del directorio, síndicos y representantes legales que hayan podido celebrar en nombre de Vicentin contratos con bancos, acopiadores y productores.
Moreno aclaró que “la investigación no se limita a directores de Vicentin Saic, sino a los de un holding en el que hay muchas empresas, en las que los directores generalmente son las mismas personas que las del directorio de Vicentin, pero rotando roles, y también hay otras personas”.
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El 4 de noviembre, acreedores de Vicentin se manifestaron frente a la Bolsa de Comercio de Rosario: "Si pesifican la deuda, se consuma la estafa definitiva", denunciaron.
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Como informó Aire Digital el 4 de diciembre pasado la investigación que se lleva adelante en Rosario reúne a menos de una decena de acreedores de dispar tamaño. Por un lado productores y pequeños acopios que reclaman deudas en el orden “de 7 u 8 millones de dólares” en conjunto; el correacopio Grassi que reclama unos u$s50 millones (entre Grassi SA y Commodities SA); el Banco Macro con $500 millones; y el consorcio de bancos extranjeros con u$S500 millones.
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También aclaró cuál es la situación del Frigorífico Friar, que meses atrás fue transferido al fondo de inversiones BAF: “El nuevo dueño nos pide la liberación de las acciones de Friar porque en la primera medida cautelar, que ordenó inmovilizar los paquetes accionarios de las empresas del holding, fue posterior a la transferencia del 99% acciones, con lo cual ahora le quedó congelada a BAF”.
La inhibición de bienes de Vicentin Saic, empresas vinculadas al grupo y directores actuales y anteriores tiene como fin cautelar bienes y evitar su enajenación. Cabe recordar que ya la Provincia, por intermedio de la Inspección de Personas Jurídicas, había detectado al menos una decena de enajenaciones, donaciones o cesiones de bienes inmuebles entre enero y febrero pasados por parte de algunos miembros del directorio. Según dijo ayer el fiscal, posteriormente hubo otros movimientos de similares características. Ahora nadie puede vender o enajenar nada.
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La inhibición de bienes de Vicentin Saic, empresas vinculadas al grupo y directores actuales y anteriores tiene como fin cautelar bienes y evitar su enajenación.
Noelia Vetach / Aire Digital
Los juzgados federales de Buenos Aires y Reconquista, y el provincial de Rosario, apuestan a recuperar los montos reclamados ya sea a través de dinero o bienes. En el caso de los tribunales federales de Comodoro Py es para resarcir al Banco Nación por los 300 millones de dólares en préstamos que están impagos. En esa causa el juez Julián Ercolini sólo autorizó el levantamiento de secreto bancario, fiscal y bursátil de los imputados, pero no hizo lugar a la inhibición de bienes.
En Rosario la investigación se centra en el delito de estafa. Pero el fiscal Moreno no descartó avanzar en el futuro sobre “presentación de balances falsos” y desbaratamiento de derechos acordados como pidieron los denunciantes.
Cuando este jueves le preguntaron al fiscal sobre el vínculo de la Bolsa de Comercio de Rosario y Vicentin en los últimos años, describió uno de los mecanismos que habría usado la empresa para concretar la estafa: “La Bolsa entendemos que fue utilizada por la firma, que a través del registro de contratos que hace la Bolsa exhibía una salud financiera que no era tal. Vicentin recibía granos que en los balances demostraba como propios, sin exhibir que esos granos no habían sido pagados; sólo se exhibían como activo corriente sin precisar que a su vez, como no habían sido pagados, también eran pasivo corriente”.
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