El debate por la reforma laboral se instalará en el Congreso desde mediados de diciembre. La iniciativa ya desató chispazos entre los empresarios y la CGT.
La reforma laboral es el tema que más se trabajó dentro del Consejo de Mayo, pero llegaría al Congreso con muy poco consenso.
El fantasma del desempleo, que cobró vigor con los recientes despidos en las empresas Essen, en Santa Fe, y Whirlpool, en la localidad bonaerense de Pilar, marcará el inminente debate que se instalará en el Congreso a partir de mediados de diciembre cuando el Gobierno presente su proyecto de reforma laboral, iniciativa que ya desató chispazos con la CGT.
El marco de la discusión parlamentaria será cuán sustentable es para la producción y el empleo argentinos el modelo que lleva adelante el gobierno libertario de apertura de importaciones (con baja de aranceles) combinado con atraso cambiario.
Ese es el debate de fondo que el gobierno de Javier Milei elude, pero que ya impacta de lleno en la matriz productiva: cada vez son más las empresas que admiten que, con el actual esquema, prefieren importar antes que producir.
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Los datos son elocuentes. Según el último informe de empleo que elaboró el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la cantidad de trabajadores registrados retrocedió en 276.624 puestos entre noviembre de 2023 y agosto de 2025. En ese mismo lapso cerraron 19.154 empresas con personal registrado, lo que significa casi 30 cierres diarios.
El último informe de la Secretaría de Trabajo de la Nación que lidera Julio Cordero incorporó un cuadro pormenorizado sobre la evolución de la demografía empresarial en la Argentina. En el mismo se afirma que, en el primer trimestre de este año, abrieron 16.902 empresas y cerraron 19.199, o sea que la desaparición neta fue de 2.297 compañías.
Otra cifra preocupante es la cantidad de empresas que presentaron a la Secretaría de Trabajo procesos preventivos de crisis, que son convenios de emergencia pactados entre las partes para evitar despidos y suspensiones. La información oficial indica que, a octubre de este año, sumaron 143, una cifra que no sólo supera todos los registrados durante 2024, sino que implica la cifra más alta desde 2018 y 2019.
Es en este contexto que el Gobierno pretende llevar adelante una reforma laboral –el presidente Javier Milei prefiere llamarla “modernización laboral”– en el Congreso. Si bien el proyecto podría presentarse antes de fin de año y no se trataría hasta febrero en sesiones extraordinarias, las reuniones finales del Consejo de Mayo ya muestran diferencias y reclamos de diversa índole de los representantes de los sectores empresarios y gremiales.
Dos son los temas que preocupan a los sindicatos. Uno de ellos es la eliminación del aporte sindical obligatorio, una cruzada que lleva adelante el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. El “Coloso” –así lo llama Milei– calcula que un empleado paga hasta $1,3 millones por año en aportes obligatorios a los gremios.
La otra cuestión urticante tiene que ver la intención del Gobierno de eliminar la llamada ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT). La ultraactividad es básicamente un principio por el cual un CCT mantiene su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro. Si un CCT caduca, el gremio pierde la posibilidad pactar con las empresas mayores beneficios laborales a los que establece la ley vigente. Es un arma de negociación clave para los sindicatos.
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En el sector privado hay gran ansiedad para terminar de conocer el alcance de las reformas que prometió el Gobierno no bien ganó las elecciones. La reforma laboral es probablemente la que más se trabajó dentro del Consejo de Mayo, pero también es una de las que llegaría con menores consensos.
Es indiscutible que se necesitan cambios profundos en el régimen de empleo, pero por sí sola esta ley no generará más trabajo mientras la economía no genere las condiciones para que ello ocurra. Este es, tal vez, el único punto de acuerdo entre sindicatos y empresarios.
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