martes 17 de mayo de 2022
Política | Covid-19 | Aseguradoras del riesgo del trabajo | Argentina

El covid-19 quedó sin cobertura de ART en pleno récord de contagios de Delta y Ómicron en la Argentina

Las cámaras empresarias e industriales reclaman al Gobierno la redacción de un nuevo decreto que prolongue la cobertura, por las cifras de ausentismo laboral, que oscilan entre un 20% y un 50%. El impacto de la tercera ola de coronavirus en la reactivación industrial y productiva.

Un debate se agita en un segundo plano de la actualidad política y económica nacional, en las notas periféricas al arreglo con el FMI o el presupuesto 2022 a tiro de decreto simple, pero con impacto directo en las posibilidades de sostener y profundizar la recuperación del complejo industrial y de servicios de la economía argentina. Y es el de la caída del decreto 39/2021 que extendía hasta el 31 de diciembre la cobertura de tratamientos con rehabilitación incluida que deben prestar las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) a sus empresas afiliadas, por los trabajadores que contrajesen covid-19 en el trayecto hacia la empresa o dentro de sus establecimientos.

Para decirlo en términos sencillos y para todo el mundo, el Sistema de Riesgos del Trabajo –que en nuestro país terciariza la cobertura de salud de los trabajadores en un grupo concentrado de empresas privadas denominadas ARTs- cubre a 9.824.316 trabajadores registrados, de los cuales 6.426.054 pertenecen al sector privado, 2.754.023 al sector público (lo que derrumba el mito de que en Argentina el Estado es gigantesco y primer dador de empleo) y 644.239 trabajadores de casas particulares (donde además se registra un nivel de informalidad del 75%). Siempre es conveniente aclarar que el paraguas del sistema no cubre a los trabajadores y trabajadoras no declarados por sus empleadores (unos 7 millones en total) y trabajadores independientes, es decir monotributistas y autónomos (que suman 2,5 millones).

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La industria automotriz es una de las más afectadas por la falta de persona en plena tercera ola de covid.

La industria automotriz es una de las más afectadas por la falta de persona en plena tercera ola de covid.

Bien podríamos concluir entonces que la mitad de la fuerza de trabajo del país no está amparada por el sistema y que, para costear los tratamientos por accidentes o enfermedades contraídos en sus trabajos, deben recurrir al sistema público de salud o al privado, a través de la cobertura de obras sociales privadas y sindicales.

Pero es de manual agregar que los que sí están cubiertos, lo están por una serie de enfermedades consideradas profesionales o “del trabajo”, que se encuentran listadas en los Decretos 658/96 y sus ampliatorios 659/96, 590/97 y 29/2014. El covid-19 y sus siete variantes clasificadas por la OMS hasta el momento, no se encuentra reconocido en ésas normativas, por ser un emergente excepcional -aunque pandémico- y con impacto indudable en el mundo del trabajo.

Es por eso que el Estado argentino decidió, a través del Decreto 367/20 y partir del 20 de marzo del año pasado, reconocer al covid como enfermedad laboral no listada y en carácter presuntivo. Es decir que todes les trabajadores exceptuados del aislamiento preventivo e incluidos en la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo (no sólo los del sector salud o seguridad) podían iniciar trámite de reconocimiento del contagio covid como enfermedad laboral, en alguna de las 87 comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo distribuidas por todo el país (cinco en la provincia de Santa Fe); éstas comisiones eran las que –previa evaluación de las condiciones y medio ambiente laboral y con dictamen médico fundado- determinaban la trazabilidad de los contagios y si fueron en ocasión de trabajo.

El gobierno ha hecho saber por boca del presidente y de la ministra Vizzotti que –pese a la magnitud del rebrote- no se van a tomar nuevas medidas de aislamiento o restricciones de circulación.

Por ésas horas, las principales cámaras empresarias nacionales –particularmente las que agrupan pymes- están desplegando una estrategia dual. Salir en los medios en voz valta y reclamar al ministro Moroni telefónica -y personalmente pero con menos estridencias-, la redacción de un nuevo Decreto que prolongue la cobertura ante la nueva ola de contagios. IPA (Industriales Pymes Argentinos) ya estima en un 20% la cantidad de trabajadores afectados y que desarticulan los equipos de producción previstos. Referentes de Apyme elevan esa cifra al 30% y aseguran que muchas micro empresas familiares (de menos de 10 trabajadores) se han visto obligadas a parar sus producciones por completo.

Consultados por AIRE, fuentes de Adimra (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) afirman que en la provincia de Córdoba y en el sector metalúrgico –fuertemente vinculado a la industria automotriz que hiciese importantes anuncios con el gobierno nacional- el nivel de ausentismo oscila entre el 40% y el 50%, una cifra desmesurada y que pone en riesgo cualquier reactivación presente y futura.

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Las cámaras industriales y empresarias reclaman al ministro Claudio Moroni (Trabajo) que se extienda la cobertura del covid como

Las cámaras industriales y empresarias reclaman al ministro Claudio Moroni (Trabajo) que se extienda la cobertura del covid como "enfermedad laboral no listada".

Walter Andreozzi, miembro de la Fisfe (Federación Industrial de Santa Fe) y vocal de la UIA, aporta datos provisorios y complementarios para magnificar el problema, provenientes de la Cámara Regional Santa Fe de la UIA. Según los cuales, el 61,5% de las empresas ubicadas en Santa Fe, Sauce Viejo, Recreo, Santo Tomé, Coronda y Monte Vera, tienen personal con aislamientos preventivos y el 38% de las mismas posee entre 7 y 4 empleados en situación de riesgo. El rubro más afectado –en consonancia con lo vertido por Adimra- son Metalúrgica y Autopartes (54%), pero también afecta a empresas papeleras, alimenticias, de software y servicios.

El gobierno ha hecho saber por boca del presidente y de la ministra Vizzotti que –pese a la magnitud del rebrote- no se van a tomar nuevas medidas de aislamiento o restricciones de circulación. La baja saturación de los servicios de salud, el avance sin pausas de la vacunación con impacto en una escasa letalidad de las variantes combinadas (Delta+Ómicron), el hartazgo social y la merma en la autoridad política para imponer condiciones más duras y sobre todo la delicada situación económica, tornan impensables condiciones preventivas más duras. Las razones del “vamos que venimos” son más políticas y económicas que epidemiológicas y en los lugares de trabajo todo está jugado a la eficacia de los protocolos.

Se entiende perfecto el defecto de origen del sistema de riesgos argentino, la cobertura y reparación de daños está en manos de empresas que más ganan cuanto más ahorran en la salud de les trabajadores. Y ésa es la razón por la que –diálogo social mediante- es el Estado el que debe cubrir la fuga de calidad (que en criollo suele costar salud y vidas obreras) que produce la maximización de la rentabilidad de las aseguradoras. Ya sea refinanciado el Fondo Fiduciario destinado a cubrir los costos laborales de una pandemia que no da respiro desde hace dos años o replanteando el financiamiento integral del sistema de riesgos y direccionando flujos de inversión para fortalecer (en los hechos, no en las desideratas) la prevención de contagios.

Con un nivel de contagios que aumentó un 457% en los últimos 15 días, 17 jurisdicciones con riesgo epidemiológico alto (Santa Fe con riesgo medio pero encaminada hacia los 10.000 contagios diarios), cabe preguntarse por el impacto que tendrá esta tercera ola en el sistema productivo.

Con éstos niveles de ausentismo –cualquiera por encima de un dígito- la indudable recuperación industrial hoy traccionada principalmente por hoteles y restaurantes, minería, comunicaciones y transporte, administración pública y construcción, está en riesgo y puede frenarse cuando más se la necesita. Sindicatos y empresas miran hacia el Ministerio de Trabajo y ya presionan sobre legisladores y gobernadores, sin resultados a la vista pero sabiendo que en nuestro país, cualquier ampliación de cobertura y derechos sólo puede provenir de las reglas de juego impuestas por el Estado.

Según el último boletín estadístico de la SRT (no hay datos validados aún sobre el último trimestre 2021), al mes de setiembre de 2020 y cuando la cantidad de contagios nacionales ascendía a 601.713, el Sistema de Riesgos había aceptado 111.925 contagios como profesionales (1.021 en la provincia de Santa Fe). La cobertura alcanzaba entonces al 65% de los casos denunciados como “en ocasión de trabajo”.

Por entonces, el promedio de días de Incapacidad Laboral Transitoria (ILT) o para decirlo en términos llanos de “ausentismo” de les trabajadores, alcanzaba a 21, prácticamente un mes sin poder concurrir a los establecimientos donde prestan servicios.

Con un nivel de contagios que aumentó un 457% en los últimos 15 días, 17 jurisdicciones con riesgo epidemiológico alto (Santa Fe con riesgo medio pero encaminada hacia los 10.000 contagios diarios), cabe preguntarse por el impacto que tendrá esta tercera ola en el sistema productivo del que depende la recuperación económica con impacto en el mercado interno y la generación de divisas para financiarla y hacer frente a los compromisos externos en moneda dura. Ya hay números y son para preocuparse.