Apenas se confirmó la convocatoria a audiencia imputativa contra Marcelo Sain y otros siete ex funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe implicados en la causa del espionaje ilegal, Aníbal Fernández le pidió la renuncia a su cargo como asesor y Sain dio un paso al costado: ya no trabajará más en el equipo de colaboradores del ministro de Seguridad de la Nación. La decisión se tomó “de común acuerdo”, según pudo averiguar AIRE.
Este lunes la Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe confirmó que Sain y sus ex colaboradores serán imputados el próximo 29 de noviembre por el delito de asociación ilícita en el marco de la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal en Santa Fe.
A partir de esa información, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, decidió sacarlo de su equipo y Sain aceptó la decisión de inmediato. Ya no será asesor del gobierno nacional, cargo que ocupaba desde 2021 después de renunciar como ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe.
Sain será imputado a fin de mes en el marco de la causa que investiga el presunto espionaje ilegal en la provincia de Santa Fe y por la que también son investigados –y fueron fueron citados para el mismo día– el ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro; el ex subsecretario de Investigación Criminal Pablo Álvarez; la ex directora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman; el ex subsecretario de Control Diego Rodríguez; la ex jefa de Inteligencia Criminal de la Zona Sur del Organismo de Investigaciones del MPA Débora Cotichini y otras dos ex funcionarias del Ministerio de Seguridad: Milagros Bernard y Agustina Moulins.
La audiencia convocada para el 29 de noviembre estará a cargo del fiscal de la causa, Ezequiel Hernández, que se desempeña en área de Violencia y Corrupción Institucional del MPA.
En la causa por presunto espionaje ilegal fueron admitidos como querellantes el gobierno provincial (por medio del fiscal de Estado Ruber Weder), el diputado provincial Maximiliano Pullaro, el gremio UPCN, los abogados Evelin Andriozzi y Jorge Bedouret y el empresario de medios de Rosario Gustavo Scaglione.
La causa investiga una asociación ilícita que se habría dedicado a cometer, desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, acciones de espionaje contra personas y empresas sin el aval de una orden judicial. En este sentido, trascendió inicialmente que durante la gestión Sain se “perfilaron” a por lo menos 661 personas y entidades públicas y privadas, aunque se sospecha que podrían ser más.
Una asesoría que duró algo más de un año
En septiembre del año pasado, cuando se produjo el recambio de gabinete posterior a las elecciones primarias, Aníbal Fernández volvió a hacerse cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación y una de sus primeras medidas fue convocar como asesor a Marcelo Sain, que había dejado su cargo en el gobierno provincial en marzo de ese año, asediado por el escándalo político desatado por sus audios de Whatsapp.
En aquel momento, Fernández dijo que con Sain lo une "una vieja relación de mucho afecto y mucho cariño" y también de "conocimiento" mutuo y explicó que su convocatoria a la cartera de Seguridad responde a que ha trabajado "en Rosario en temas de investigación sobre criminalidad compleja", específicamente dirigiendo "lo que es el Organismo de Investigaciones (del MPA), que es la policía judicial.
Por su parte, Sain explicó en aquel entonces que había sido convocado por Aníbal Fernández porque los une una relación de hace muchos años, no solo de amistad, sino de "compañerismo en lo que hace a la seguridad pública". "Él tiene mucha confianza conmigo, hemos gestionado, jugamos de taquito y no hace falta que nos expliquemos mucho las cosas", remarcó.
"Él necesitaba tener una información fidedigna, confiaba en mi opinión, me llamó y decidió comunicar así las cosas y yo dejé eso en manos de él", explicó el ex ministro de Seguridad de Santa Fe. Un año y dos meses después, "de común acuerdo", Sain dejó el cargo de asesor del gobierno nacional y ahora deberán enfrentar una imputación por asociación ilícita en el marco de presuntas maniobras de espionaje ilegal.


