La Cámara baja tratará este martes los proyectos de emergencia en seguridad. En cambio, el presupuesto 2022 sería tratado mañana miércoles.
La tensa relación entre el oficialismo y la oposición en la Legislatura santafesina volvió a quedar en evidencia estas últimas semanas en torno al tratamiento del presupuesto para el 2022. Dicha tensión hace que corra riesgo la proyección de gastos y recursos para el año que viene. Tanto es así que este martes, la Cámara de Diputados dará tratamiento a los proyectos de emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario, pero el debate sobre el presupuesto pasará para mañana miércoles.
La posibilidad de que el proyecto de presupuesto sea tratado en otra sesión fue confirmada a Aire Digital por diputados de los bloques PJ, FPCyS y JxC, ya que hasta el momento no se lograron los acuerdos necesarios. En el mismo sentido, todos los legisladores aseguraron que el proyecto tendrá modificaciones, por lo que deberá ser girado nuevamente al Senado. Las iniciativas que sí serán tratadas este martes son las que declaran la emergencia en seguridad y la emergencia en el Servicio Penitenciario de la provincia.
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En cuanto al presupuesto, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja advirtió que existen deudas de la administración pública provincial con municipios y comunas en concepto de obras menores. Con algunos estados locales se tratan de aportes que ya están en condiciones de ser transferidos por lo que se exige que dichos fondos se transfieran y que se den precisiones acerca de las transferencias para gastos corrientes del año 2021.
Sobre el Plan Incluír, los diputados de la comisión aseguran que es necesario que se efectúen las transferencias de los proyectos ya tramitados y consideran razonable que el aporte del Programa al Presupuesto 2022 sea de $ 6.000 millones.
“Consideramos que el Poder Ejecutivo debería elaborar un programa que compense a las Ciudades de Santa Fe y Gran Santa Fe, Rosario y Gran Rosario, por la disminución en términos reales del fondo de conurbano”, enfatizaron mediante una nota dirigida al ministro de Economía, Walter Agosto.
Además, los diputados consideran razonable asignar a dichos municipios un monto de $ 3.000 millones anuales a partir de 2022 ajustables por inflación. “La provincia de Santa Fe, con el mismo criterio que aplicó en el 2004 en pos de equiparar, podría asignar para el año 2022 el 0,5% del Cálculo de Recursos para la Administración Central del ejercicio anterior, en forma adicional al que reciben los Municipios de Segunda Categoría y las Comunas, destinado al complementar el Fondo de Conurbano para la ciudad de Rosario, Gran Rosario, ciudad de Santa Fe y Gran Santa Fe, con el mismo criterio de distribución”, expresan los legisladores en la nota.
Otro de los puntos objetados tiene que ver con el Consenso Fiscal. La comisión de Presupuesto de la Cámara baja precisó que debería modificarse el artículo 41º del proyecto de ley tributaria, dejando en claro las potestades del poder legislativo. Asimismo, los diputados pretenden conocer la opinión del gobernador al respecto.
En cuanto al destino que darán los Municipios y Comunas de la provincia a los fondos que reciban por los pagos que el Estado Nacional efectúe a la provincia por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se deberá resguardar el principio de autonomía de estos y el carácter tributario de los fondos que reciban.
A través de un proyecto de ley, el Senado santafesino busca declarar la emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario en todo el territorio provincial. La iniciativa fue impulsada el bloque Lealtad (Alcides Calvo, Ricardo Kaufman, Cristina Berra, Marcos Castelló, Marcelo Lewandowski y Eduardo Rosconi). Si se aprueba la ley, el estado de emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario regiría hasta el 31 de diciembre del 2022, pero podría ser prorrogado por otros 180 días (seis meses).
Los senadores calificaron de “alarmante” la situación por los reiterados hechos delictivos, particularmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe. El objetivo es reestructurar y modernizar las bases orgánicas y funcionales del sistema policial provincial para abordar las violencias y problemáticas criminales.
El Ministerio de Seguridad quedaría autorizado para modificar la estructura orgánica y funcional de la Policía de Santa Fe. Podría crear, transformar y extinguir o suprimir total o parcialmente funciones y/o dependencias. También podría optimizar o reajustar los recursos humanos, asignando y reasignando funciones, dependencias y destinos a todo el personal de la Policía. Además, estaría autorizado a afectar –en forma transitoria o definitiva– personal de otras reparticiones de la administración púbica para realizar tareas de apoyo administrativo en el Ministerio de Seguridad o unidades o dependencias policiales. Con esto se busca priorizar el destino del personal policial a tareas específicas de seguridad.
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En materia de incentivo económico, se podrían otorgar –durante la vigencia de la emergencia en seguridad– asignaciones no remunerativas al personal policial que desempeñe funciones críticas. El gobierno deberá optimizar los recursos materiales y los servicios que presta la policía. El estado de emergencia en seguridad da facultades al Ejecutivo para adquirir recursos materiales para la Policía a los efectos de fortalecerla. En esa dirección se crea el Programa Emergencia en Seguridad, cuyos fondos serán destinados a erogaciones para construcciones, maquinaria y equipos. Esos gastos se financiarán con aportes de rentas generales del Tesoro provincial, recursos del Fondo de Equipamiento Policial, recursos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, aportes del Estado Nacional, de organismos multilaterales, donaciones y legados o subvenciones.
Por otro lado, la emergencia sube el monto mínimo a partir del cual al gobierno tiene que realizar compras o contrataciones mediante licitaciones o concursos. Para ello, establece como nuevo límite un 50% más de lo establecido en el artículo 36 del presupuesto 2022, que dispone la realización de licitaciones y concursos privados a partir de la suma de 4 millones de pesos y licitaciones privadas de Obras Públicas a partir de los seis millones de pesos. El control de legalidad que debe realizar el Tribunal de Cuentas deberá efectuarse en un plazo de cinco días.
En cuanto al Servicio Penitenciario, el Ministerio de Gobierno y Justicia podría efectuar reestructuraciones del esquema vigente de los suplementos salariales para atender situaciones excepcionales o de riesgo de diferentes reparticiones. En tal sentido, se podría ampliar el número de cargos de planta de personal permanente del Servicio Penitenciario para afrontar labores en nuevas unidades de detención ya creadas o en proceso de construcción como la Sub Unidad 3 de Rosario, la nueva alcaidía del penal de Las Flores II, la Unidad 12 de Rosario, y otros pabellones modulares. Dentro del personal que podría incorporarse, figuran personal de seguridad y vigilancia, profesionales de la salud, del derecho, de la psicología, psiquiatría y asistentes sociales.
Al igual que con respecto a la policía, el Ejecutivo estaría autorizado a realizar compras o reparaciones de vehículos penitenciarios para traslado de internos y de personal, adquirir y reparación el sistema de monitoreo de vigilancia y de otros elementos tecnológicos, y adquirir armamento específico para utilizar dentro de las unidades penitenciarias. También se comprarían proyectiles y elementos de seguridad individuales, como chalecos antibalas, cascos, escudos y elementos de disuasión.
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El proyecto de ley también crea el Programa de Emergencia en el Servicio Penitenciario, cuya finalidad es destinar fondos para erogaciones para construcciones, maquinaria y equipos. Se financiará con aportes de rentas generales del tesoro provincial, de organismos multilaterales, y donaciones y legados o subvenciones. La iniciativa presentada por el bloque oficialista de senadores también crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de la emergencia en seguridad y en el Servicio Penitenciario que será integrada por tres senadores y tres diputados.
Entre los fundamentos del proyecto, los legisladores aseguraron que “los recursos disponibles y los mecanismos vigentes para períodos de normalidad no pueden dar una acabada respuesta a una situación que excede, holgadamente, a esta y se presenta como una serie de acontecimientos extraordinarios que necesitan respuestas del mismo tenor”. En cuanto al Servicio Penitenciario, las medidas impulsadas se basan en un informe elaborado por la Plana Mayor del SP en donde se da cuenta de la situación de las diferentes áreas que reflejan la necesidad de tomar medidas: condiciones de seguridad, traslado de presos, cumplimiento de órdenes judiciales, servicios de salud a los internos, condiciones mínimas de habitabilidad para los internos, alimento, higiene, etc.
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