El debate sobre la modificación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos 23.298, para limitar el derecho al sufragio pasivo, se desarrolló en el Salón Delia Parodi en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia.
El proyecto de ley que tiene como autora a Silvia Lospennato (PRO) recibió la mayor cantidad de firmas y resultó el dictamen de mayoría, ya que cuenta con el apoyo de La Libertad Avanza, de la mayor parte de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.
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Este proyecto plantea como estándar mínimo para la inhabilitación electoral el principio de doble conforme, es decir, la condena en segunda instancia.
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Abarca los delitos penales de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, encubrimiento, y fraude en perjuicio de la administración pública.
Unión por la Patria, con Mónica Litza como autora del proyecto, firmó un dictamen que impone una condena firme emitida por la Corte Suprema como condición para impedir la participación electoral.
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El tercer dictamen de minoría es el impulsado por el radical formoseño Fernando Carbajal, que es similar al de Lospennato (doble conforme) pero abarca una mayor cantidad de delitos dolosos. Por último, Vanina Biasi del Frente de Izquierda firmó otro despacho de minoría.
Según la letra de los distintos proyectos, la inhabilitación temporal de quienes estén impedidos de ser candidatos se mantiene hasta la revocación de la condena o el cumplimiento de la pena.
La normativa actual solamente prohíbe la participación electoral cuando hay condena firme o cuando las personas en cuestión tienen "auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal”.
