Inocencia Fiscal II: el Gobierno negocia excluir a funcionarios de los beneficios
El oficialismo negocia cambios con diputados aliados para impedir que funcionarios accedan a las principales ventajas del régimen de Inocencia Fiscal II.
El Gobierno nacional negocia modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal II para que los funcionarios públicos puedan utilizar el esquema simplificado para cumplir con sus obligaciones tributarias, pero queden excluidos de algunos de los beneficios centrales del régimen.
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La propuesta surgió durante las conversaciones que el oficialismo mantiene con diputados de bloques aliados, en busca de los votos necesarios para avanzar con el proyecto en la Cámara baja.
El cambio establecería una diferencia entre los contribuyentes en general y quienes ejercen o hayan ejercido determinadas funciones públicas, especialmente frente a las presunciones y los efectos liberatorios contemplados en la iniciativa.
Inocencia Fiscal II: qué beneficios quedarían fuera para los funcionarios
Uno de los principales cambios que analiza el Gobierno apunta a impedir que los funcionarios puedan acceder a las presunciones y efectos liberatorios previstos por el proyecto.
De esta manera, podrían continuar utilizando el régimen simplificado para cumplir con sus obligaciones tributarias, pero no contarían con determinadas herramientas destinadas a facilitar la regularización o justificación de fondos.
La propuesta también contempla restricciones para quienes hayan ocupado cargos públicos durante los últimos años, con el objetivo de evitar que puedan utilizar algunos mecanismos del régimen para exteriorizar o justificar dinero que no hubiera sido declarado previamente.
El proyecto original no incluía una exclusión específica para los funcionarios. La modificación comenzó a tomar fuerza durante las negociaciones parlamentarias y busca facilitar un acuerdo con los sectores dialoguistas.
El antecedente de Manuel Adorni y Bettina Angeletti
El debate cobró mayor relevancia después del caso que involucró al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
Ambos se incorporaron en junio de 2026 al régimen simplificado de Ganancias antes de presentar su declaración jurada. La situación generó cuestionamientos políticos y volvió a poner bajo la lupa el alcance que podría tener un régimen de regularización fiscal para quienes ocupan cargos públicos.
En ese contexto, algunos legisladores plantearon la necesidad de establecer mayores controles y restricciones para funcionarios y exfuncionarios, una condición que ahora forma parte de las conversaciones entre el oficialismo y los bloques aliados.
El Gobierno busca apoyo en Diputados para aprobar Inocencia Fiscal II
Las modificaciones son analizadas en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo busca reunir los respaldos necesarios para obtener dictamen.
El objetivo general del proyecto es modificar el esquema de fiscalización del Impuesto a las Ganancias y facilitar la formalización de ahorros que permanecen fuera del sistema.
Entre los puntos que todavía están bajo discusión aparecen las condiciones de acceso al régimen, los mecanismos para regularizar diferencias detectadas por ARCA y el alcance de las presunciones previstas para los contribuyentes.
El tratamiento legislativo dependerá de las negociaciones con los bloques dialoguistas. Por eso, el Gobierno continúa trabajando sobre el texto antes de llevar la iniciativa al recinto.
La exclusión de funcionarios de los beneficios más sensibles de Inocencia Fiscal II aparece así como una de las modificaciones centrales para intentar destrabar el proyecto y conseguir consenso parlamentario.
