Día D para la reforma que da más poder a la Policía: Pullaro habilitó cambios, pero define la Legislatura
Unidos buscará acercar posiciones antes de la sesión, mientras el Gobierno sostiene la necesidad de ampliar las facultades de la Policía de Santa Fe.
La postura del gobernador coincidió con la insistencia del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien volvió a reclamar la aprobación del paquete legislativo.
La Legislatura de Santa Fe tendrá este jueves una nueva instancia decisiva para el tratamiento del paquete de reformas en seguridad impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro. Con diferencias todavía abiertas dentro de Unidos, el oficialismo buscará acercar posiciones para avanzar con una iniciativa que lleva casi seis meses sin avances parlamentarios concretos.
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El proyecto tiene preferencia para su tratamiento en la sesión prevista para las 15. Antes, desde las 10, se sucederán dos reuniones legislativas: primero, la Comisión de Seguridad Pública de Diputados y luego un encuentro conjunto con la Comisión de Asuntos Constitucionales. Allí, los sectores oficialistas intentarán construir el consenso necesario para llevar la discusión al recinto.
El gobernador Maximiliano Pullaro abrió la puerta a modificar el proyecto
En medio de las diferencias internas, el gobernador habilitó públicamente la posibilidad de introducir cambios en la redacción de las iniciativas. Lo hizo este miércoles en Rosario, durante la apertura de ExpoSeguridad, donde defendió la necesidad de fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar el delito.
“La Legislatura es un ámbito democrático y todos tenemos el derecho de pensar distinto. No hay tensión en el frente Unidos, hay miradas que no están iguales y eso no está mal, nos da fortalezas”, sostuvo. Y agregó: “Tengo mucha expectativa en que van a salir las leyes que mandamos, porque las necesitamos, algunas pueden ser mejoradas, pero entendemos que la seguridad pública las necesita”.
El mandatario también advirtió sobre los riesgos de considerar superada la situación de violencia en la provincia. “En seguridad pública no podemos volver atrás, porque o manda el Estado o mandan las organizaciones criminales”, afirmó. Según planteó, aunque la gestión consiguió contener el delito y la violencia, las organizaciones criminales continúan activas y el Estado necesita nuevas herramientas para sostener los resultados.
La postura del gobernador coincidió con la insistencia del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien volvió a reclamar la aprobación del paquete legislativo y cuestionó las demoras para alcanzar acuerdos dentro de Unidos. “El delincuente termina teniendo más herramientas que nosotros”, advirtió el funcionario.
Cococcioni reconoció que el Ejecutivo elaboró los proyectos sin considerar inicialmente las negociaciones políticas necesarias para su aprobación. “Hacemos los proyectos sin considerar en lo más mínimo la cuestión de negociación o diálogo político”, manifestó. Frente a los cuestionamientos de dirigentes socialistas, abogados penalistas y miembros de la Corte Suprema, aseguró que el Gobierno contempla las distintas opiniones, aunque defendió las modificaciones. “La gente tiene derecho a vivir en un entorno seguro. Hablamos de garantías constitucionales, menos de la que tienen los ciudadanos para que no los maten”, planteó.
Las diferencias que condicionan el debate legislativo
La discusión lleva casi seis meses desde que el Ejecutivo ingresó el proyecto Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, el 15 de mayo. La iniciativa contempla modificaciones al Código Procesal Penal, la Ley Orgánica de la Policía, el régimen de ejecución de penas y otras normas vinculadas con la prevención del delito y la investigación criminal.
Durante el debate en comisiones, distintas instituciones del sistema judicial formularon objeciones sobre algunos de sus artículos. Las críticas más severas llegaron de la Corte Suprema de Justicia, cuyos siete integrantes cuestionaron la delegación de facultades a policías y fiscales, la toma de declaraciones sin intervención obligatoria de un defensor y la creación de zonas de intervención policial especial. Sobre varios mecanismos, advirtieron sobre sus posibles implicancias para las garantías constitucionales.
Las diferencias también quedaron expuestas dentro de Unidos, particularmente entre los sectores radicales y socialistas. En las últimas semanas, referentes de ambos espacios intercambiaron cuestionamientos por las demoras y el alcance de las reformas. La semana pasada, ante la falta de acuerdos, Diputados resolvió postergar el tratamiento por siete días y fijó una nueva preferencia para este jueves.
