En el marco de la nueva ley de narcomenudeo que rige en la provincia de Santa Fe, se derribó un búnker de drogas ubicado en Ayacucho al 4300 de Rosario. Se trata de la segunda instalación de este tipo que logran desentramar las autoridades de Seguridad.
Se trata del segundo bunker que se derriba en el marco de nueva ley de narcomenudeo que rige en la provincia de Santa Fe.
Del operativo participaron el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, el Ministerio de Seguridad y la Policía Provincial.
De acuerdo a la información a la que pudo acceder AIRE a través de su corresponsal Rodrigo Miró, el búnker en cuestión correspondía al clan Funes en el barrio la Tablada. Además, informó que una mujer fue detenida en el lugar tras amenazar a los obreros que demolían el lugar. Se trata de Leila Schmitt, novia de Alan Funes.
En diálogo con AIRE, el fiscal Franco Carbone contó: "Estamos derribando un lugar histórico de lo que es la compra-venta de estupefacientes y centro de violencia en barrio Tablado".
"Esta familia Funes ha hecho mucho daño en este barrio y se han sucedido innumerables heridos de arma de fuegos, muertos y la medida que estamos logrando es muy positiva", sostuvo y agregó: "El Estado tiene la obligación y la responsabilidad de trabajar fuertemente en este tipo de intervenciones".
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, estuvo en el operativo y explicó que los procedimientos contra el microtráfico “incluyen la demolición, el derrumbe de las instalaciones, así como, en algunos casos, van a incluir el desalojo de las personas que están usurpando ese lugar para la venta”.
Cococcioni también remarcó la importancia de la ley provincial contra el narcomenudeo, que fue enviada a la Legislatura por el gobernador Maximiliano Pullaro y aprobada durante el mes de diciembre: “La ley, para su aplicación plena, va a demandar nuevos recursos, mayores actividades de coordinación, transferencias presupuestarias que tienen que venir del gobierno nacional, y que ya se están reclamando, porque estas causas eran de jurisdicción nacional y ahora son provinciales”.
Según el funcionario provincial, este puesto de venta “está controlado por el clan Riquelme, una investigación valiosa por parte de la Fiscalía y de la PDI”.
Para el ministro, “estos son los primeros casos que vienen en cumplimiento de la ley, pero luego la política de microtráfico estará basada sencillamente en la información aportada por la inteligencia criminal y van a ser intervenciones focalizadas de desactivación de los puntos de venta. Y aprovecha un curso investigativo que ya era preexistente”.
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Sobre el final, explicó cómo es el accionar para activar un procedimiento de este tipo: “No vamos a requerir una denuncia formal, aunque por supuesto la pueden hacer, pero la política de microtráfico se basa en inteligencia criminal que despliega autónomamente el Ministerio de Justicia y Seguridad, en coordinación con el Ministerio Público de Acusación y, en función de eso, se diseñan las intervenciones".
"La idea no es pedirle al vecino que sea quien motorice esto, sino que lo van a hacer los distintos organismos del Estado”, cerró.
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