La exdirectora de Inteligencia Criminal zona sur del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini, enfrentará este jueves un juicio disciplinario en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación.
La exdirectora de Inteligencia Criminal zona sur del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini, enfrentará este jueves un juicio disciplinario en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, 48 horas después de ser imputada penalmente por la Fiscalía de Santa Fe en la causa por presunta recolección de información de manera ilegal.
Cotichini, exfuncionaria de confianza del exministro Marcelo Sain, está citada para este jueves en la capital provincial donde será sometida a un juicio disciplinario. Es una audiencia del mismo tenor que las audiencias penales, es decir en una sala frente a un tribunal, con su defensa de un lado y del otro la Auditoría General del MPA que lleva adelante la acusación. La defensa propuso tres testigos de alto perfil, a los que se agregarán los de la Auditoría. Sumados a los alegatos, será una proeza si logra hacerse todo en una sola jornada.
Se la acusa por la utilización indebida de información y tareas de personal del Organismo de Investigaciones con fines distintos a los institucionales del MPA. También de una indebida transmisión de información al entonces Ministro de Seguridad y el ocultamiento de información a sus superiores jerárquicos del MPA.
El tribunal está compuesto por el Fiscal general de la provincia Jorge Baclini (presidente) el fiscal regional de Venado Tuerto Matías Merlo, la diputada Lionela Cattalini, el senador Alcides Calvo (en reemplazo de Armando Traferri que se excusó) y la rafaelina Gabriela Caponi Fiorilllo por el estamento de los abogados.
La acusación fue presentada por escrito ante el tribunal de disciplina del MPA en noviembre de 2021 por parte de la auditora general María Cecilia Vranicich, quien en el juicio disciplinario llevará adelante los cargos.
Este es un dato relevante: transcurrió un año desde que la Auditoría elevó la acusación hasta que se instancia el juicio disciplinario, lo que implica que la situación laboral de Cotichini será resuelta después de conocerse la imputación penal.
La defensa de Cotichini estará a cargo del exministro de Justicia Juan Lewis, quien también la representa en la investigación penal por la que fue imputada este martes. La defensa planteó innumerables objeciones formales durante el proceso sin que prosperara ninguna. También recusó a tres de los integrantes del tribunal, y sólo Traferri se apartó. La defensa plantea que nada de lo que se acusa está probado que haya ocurrido.
La sanción más severa que cabe es que sea cesanteada del cargo dentro del MPA. Desde la creación de ese organismo sería la primera empleada destituida del cargo por juicio disciplinario.
La exdirectora fue desplazada del cargo en forma preventiva en septiembre de 2021, a poco de iniciada la investigación por parte de la Auditoría General a instancias de la denuncia de Víctor Moloeznick, quien es la máxima autoridad del OI tras la salida de Sain.
En base a las evidencias recolectadas, la Auditoría inició el trámite disciplinario, por un lado, y, por el otro, promovió una denuncia penal que todavía está en etapa de investigación penal preparatoria, y que se tramita aparte de la causa por la que fue imputada el martes por los fiscales de Santa Fe.
Uno de los hechos que se le atribuyen a la funcionaria judicial es ordenarle a una empleada del OI que, ante el pedido de información que Moloeznick le había hecho, se haga “la boluda” o le envíe alguna información vieja en su lugar, porque no se tenía que enterar. La razón esgrimida es que “está todo mal entre Jorge y Walter”, en referencia al fiscal General de la provincia Jorge Baclini y al fiscal federal de la capital provincial Walter Rodríguez. Cotichini, según la investigación, quería evitar que la información llegara a Baclini a través de Moloeznick.
La información en cuestión estaba relacionada a un análisis económico sobre una red de sociedades anónimas simplificadas que utilizaba una banda narco para lavar el dinero y que se inició a partir del hallazgo de una avioneta con droga abandonada de la que había alertado la DEA. La causa estaba bajo instrucción del juez Reinaldo Rodríguez en el fuero federal, pero como su fiscalía carece de analistas económicos, solicitó la colaboración del OI provincial. Lo que se sospecha es que el ocultamiento se debió a los celos por el manejo de información entre funcionarios del OI y el Ministerio de Seguridad. Sain era ministro y confrontaba públicamente tanto con Baclini como con Moloeznik. En ese contexto, se quebró la relación de Cotichini y Moloeznik, que era su superior.
Las pruebas que se utilizarán en el juicio disciplinario fueron recabadas por la Auditoría a través de la denuncia, testimonios e información extraída de teléfonos celulares, entre ellos el de Cotichini, quien lo entregó para su peritaje tras declarar en el sumario que abrió el caso.
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