En rigor, el desplazamiento del cargo fue solicitado el lunes pasado por la auditora general del MPA, María Cecilia Vranicich, en base a una serie de elementos de prueba –testimonios y conversaciones de Whatsapp– que la involucran en el ocultamiento de información. La investigación se inició a partir de la denuncia de su superior, el subdirector del Organismo de Investigaciones (OI) Víctor Moloeznick. En base a las evidencias recolectadas y su gravedad, la Auditoría también promovió una denuncia penal que se tramitará en paralelo al procedimiento disciplinario propio del MPA.
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La funcionaria removida está acusada de ordenarle a una empleada del OI que, ante el pedido de información que Moloeznick le había hecho, se haga “la boluda” o le envíe alguna información vieja en su lugar, porque no se tenía que enterar de las últimas novedades. La razón esgrimida es que “está todo mal entre Jorge y Walter”, en referencia al fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, y al fiscal federal de la capital provincial, Walter Rodríguez. Cotichini quería evitar que la información llegara a Baclini a través de Moloeznick.
La información en cuestión estaba relacionada a un análisis económico sobre una red de sociedades anónimas simplificadas que utilizaba una banda narco para lavar el dinero y que se inició a partir del hallazgo de una avioneta con droga abandonada de la que había alertado la DEA. La causa la instruye Rodríguez en el fuero federal, pero como su Fiscalía carece de analistas económicos, solicitó la colaboración del OI provincial.
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Rodríguez también tramita una causa promovida por Sain para que la Justicia federal investigue actividades financieras no autorizadas en la agencia de Turismo Oldani, al tiempo que abrió una causa paralela para investigar a la fiscal santafesina Cristina Ferraro por su actuación en el homicidio de Hugo Oldani. Ese caso motivó un cortocircuito de magnitud entre Rodríguez y el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti –quien contó con el respaldo de Baclini– cuando el primero quiso llevarse también la investigación por el asesinato, que es un delito de jurisdicción provincial.
A partir de la denuncia de Moloeznick, la auditora citó a declarar a la empleada del OI a la que Cotichini le había ordenado ocultar la información. En la declaración confirmó los hechos, dijo estar arrepentida y aportó los mensajes de Whatsapp como prueba.
Con esos elementos, la auditora firmó la admisibilidad de la denuncia para abrir el proceso disciplinario, pidió a la Fiscalía General la suspensión provisoria de la funcionaria y acumuló el legajo disciplinario con otro que ya estaba en trámite. El tercer paso fue hacer la denuncia penal ante la Fiscalía Regional N°2 de Rosario.
Cotichini ya tenía un procedimiento disciplinario en trámite por uso indebido de recursos del OI y violación del deber de reserva en un caso en el que se buscaba determinar si transmitió el producido de las escuchas legales a la órbita del Poder Ejecutivo, concretamente al entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain.
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En ese caso, Cotichini está sospechada de haber encargado un perfil de la ex funcionaria Ana Viglione y haberlo filtrado fuera del Poder Judicial para que luego termine un canal porteño, además de transmitir información sobre escuchas legales a Sain.
En el marco de este primer procedimiento disciplinario, se aguardan para la primera semana de octubre las pericias sobre teléfonos celulares y sobre la computadora secuestrada del OI que utilizaba la funcionaria.
Sobre la PC, se quiere verificar por qué fue su información fue borrada y formateada. La denuncia en contra de Cotichini es que se hizo para borrar datos sensibles, mientras que su versión (aparentemente respaldada por personal técnico del MPA) es que se debió a problemas técnicos, concretamente problemas con contraseñas.
La separación del cargo de la funcionaria cuestionada fue resuelta por Carlos Arietti, fiscal regional de Santa Fe, quien actúa en reemplazo del fiscal general Jorge Baclini que está de licencia.
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