Cristina Kirchner lo hizo de nuevo: tres años después de haber ungido a Alberto Fernández como su candidato a presidente, ahora apunta a hacerle un vacío de poder. La vicepresidenta no romperá con el primer mandatario pero dejó en claro, en el discurso que formuló el viernes por la tarde en Chaco, que lo hostigará hasta que finalmente claudique y acepte dar un giro copernicano al rumbo económico.
Desde el escenario de la Universidad Nacional de Chaco, la vicepresidenta no sólo cuestionó la gestión del Gobierno –advirtió que el Frente de Todos no le está “haciendo honor a tanta confianza” depositada en la coalición en 2019–, sino que incluso ninguneó la propia figura del presidente cuando consideró que no puede tener con él una “disputa de poder” porque “no representa ninguna fuerza política”.
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Si bien la vicepresidenta buscó relativizar las disputas internas en la cúspide de poder, no pudo disimular su encono con el presidente y, sobre todo, con sus ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dos hombres del riñón de Alberto Fernández. Hacia ellos dedicó varios párrafos de su discurso, obviamente sin nombrarlos.
“Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no se llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado. La pobreza siempre la ubicábamos por fuera del trabajo formal, en los sectores precarizados. ¿Por qué es esto? Producto de dos políticas: la concentración de los ingresos, distintos métodos de apropiaciones de rentabilidades y una política de salarios bajos”, asestó.
Y luego arremetió contra Kulfas. “Hay un modelo en Latinoamérica exportador de producción con bajos salarios. Todos sabemos que hay economías de esta naturaleza. Si uno tiene y ha decidido ser un modelo de producción y exportación con bajos salarios, tenemos que tener dólares en el Banco Central. Si soy de exportación y producción, y además tengo bajos salarios y me faltan dólares, hay que revisar algunas cosas porque alguien o algunos están fallando”.
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Es más que evidente que Cristina Kirchner está descontenta con la gestión pero, sobre todo, con el apego que demuestran Fernández y Guzmán a la hora de cumplir con las metas pactadas con el FMI para refinanciar la deuda con ese organismo. Una de esas metas es la baja, en un 0,6% del PIB, de los subsidios energéticos. El kirchnerismo lo rechaza de plano. Empero, el Gobierno, comprometido con el FMI a reducir el déficit fiscal y a aumentar las divisas del Banco Central, está decidido a avanzar en los aumentos tarifarios.
La semana próxima será clave pues se realizarán las audiencias públicas que definirán el nuevo cuadro tarifario. Ni el secretario de Energía, Darío Martínez, ni el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, ambos del riñón kirchnerista, asistirán a las audiencias. En solitario, el ministro Guzmán apuesta a que el nuevo esquema tarifario empiece a regir a partir de junio próximo. Los aumentos serán diferentes según la categoría de ingresos. Para el 10% de hogares de mayores ingresos, las subas podrían ir del 200% al 400%, ya que deberían pagar el costo pleno del gas y electricidad que que consumen. El grueso de los clientes -alrededor del 80%- experimentará un incremento del 38% desde junio, al menos en la luz.
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El presidente Fernández se propuso no claudicar ante las presiones cada vez más acuciantes del kirchnerismo. El problema que enfrenta es que, sin territorio ni votos propios, corre el riesgo que gobernadores e intendentes peronistas, ante la eventualidad de una derrota electoral, busquen el cobijo de Cristina Kirchner que, mal que mal, aún preserva una imagen positiva que ronda el 25%. Ya se sabe: la lealtad de los peronistas es lábil; sólo acompañan hasta la puerta del cementerio.
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