El Tribunal Oral Federal N.º 2, presidido por Jorge Gorini, recibió el pedido formal del abogado Carlos Beraldi, quien solicitó que la ex presidenta cumpla la pena en su domicilio de San José 1111, en el barrio de Constitución, desde donde habitualmente saluda a su militancia. Beraldi argumentó que la ex mandataria “tiene 72 años, fue presidenta, tiene custodia específica” y que “para eso está la prisión domiciliaria”.
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La decisión final sobre si accede o no al beneficio quedará en manos del tribunal. Mientras tanto, Gorini notificó al Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, para que determine una posible dependencia federal en caso de que la pena deba cumplirse de forma presencial.
En paralelo, el juez Gorini también notificó a la Cámara Nacional Electoral sobre la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre Cristina Kirchner y ordenó a Migraciones reforzar los controles fronterizos.
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A la espera de la prisión domiciliaria, Cristina Kirchner agota la última instancia judicial internacional
La medida busca impedir una eventual salida del país hacia naciones sin tratados de extradición, como ocurrió en el caso de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien se radicó en Uruguay hasta ser sobreseído.
Cristina Kirchner acude a la Corte Penal Internacional
Con la vía judicial local agotada tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia —integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti—, el entorno de Cristina Kirchner redobló su estrategia. El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por “persecución política, mediática y judicial”.
Según trascendió, la presentación se hizo esta semana en la Oficina del Fiscal de la CPI, en un intento por instalar el caso en el plano internacional y denunciar una presunta maniobra coordinada contra la ex presidenta, actual titular del Partido Justicialista.
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La defensa de Cristina tiene plazo hasta el próximo miércoles para que se presente formalmente en Comodoro Py y se avance con el proceso de cumplimiento de pena. Mientras tanto, el país se mantiene en vilo por la resolución de uno de los capítulos judiciales más resonantes de la historia política argentina reciente.
