"La defensoría es una institución de derechos y tiene competencias que involucrarán siempre la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, por lo cual es necesario su reconocimiento constitucional, para una protección más sólida y jerárquicamente superior", manifestó el titular del órgano, Arístides Lasarte.
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El Defensor del Pueblo estuvo acompañado por referentes de alto nivel internacional en la materia. Entre ellos, la presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), Raquel Caballero de Guevara —también Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador—, quien viajó especialmente para participar del encuentro; y la presidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO), Amelia López Laforte, actual Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba.
Tras el encuentro, Lasarte argumentó la necesidad de que la figura del organismo obtenga rango constitucional en Santa Fe. “Queremos que la Defensoría del Pueblo esté reconocida dentro de la Constitución provincial, tal cual ocurre en la Constitución Nacional desde 1994. En esta ocasión fui acompañado por un peso específico internacional que dio cabal prueba de por qué debería constitucionalizarse la figura del Defensor del Pueblo”, señaló.
Por su parte, la presidenta del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Amelia López Laforte, destacó que la reunión permitió exponer los criterios y exigencias de los estándares internacionales en la materia. En diálogo con Lucas Payetta, el Móvil de AIRE en la Convención del 25, explicó que "lo importante fue la posibilidad de poder mostrar lo que plantean los estándares internacionales sobre la autonomía, la autarquía financiera y la independencia de opinión que requiere una Defensoría del Pueblo para garantizar el acceso y la protección de los ciudadanos de la provincia".
“La labor del defensor del pueblo guía y promueve que se eviten violaciones a los derechos humanos; es la conciencia del Estado. La importancia del reconocimiento constitucional es que se garantice el Estado democrático de derecho”, afirmó finalmente Caballero de Guevara.
Otros temas en la agenda de la Comisión de Poder Judicial
También expusieron ante los convencionales autoridades de la Asociación de Fiscales de Santa Fe y Centro Norte de la Provincia —Agustín Nigo y Roberto Apullán—, así como de la Asociación de Defensores Penales de Santa Fe y Centro Norte —Javier Casco y Gustavo Durando—. Entre los temas abordados se destacaron el fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública, los mecanismos de selección de autoridades, la autonomía funcional y la independencia financiera.
Antes, la comisión profundizó el análisis de diversas propuestas partidarias, con especial atención en aquellas orientadas a rediseñar sistema judicial de la provincia. Las distintas fuerzas políticas expresaron su coincidencia en que la edad máxima para la jubilación de los magistrados que integren la Corte Suprema de Justicia de la provincia sea fijada en 75 años, en concordancia con el límite establecido por la Constitución Nacional, según pudo saber AIRE en exclusiva.
Entre los temas en los que el órgano tiene competencia, aún queda pendiente el debate sobre los que generan mayores controversias: la incorporación del MPA y del SPPDP a la Constitución y la definición de su ubicación institucional, cuestión que se abordará en la próxima reunión de comisión.
