En dicha sesión se votarán reformas vinculadas al funcionamiento de la Justicia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Defensa Pública.
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La Corte Suprema de Justicia estará integrada por siete ministros, con paridad de género y representación territorial, y que la edad límite de permanencia en el cargo será de 75 años.
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Cambios en Corte Suprema de Justicia y la Procuración
El texto que firmaron 11 convencionales de Unidos para Cambiar Santa Fe, el espacio que junto a otros aliados cuenta con mayoría en el plenario, establece que la Corte Suprema de Justicia estará integrada por siete ministros, con paridad de género y representación territorial, y que la edad límite de permanencia en el cargo será de 75 años. También se ratifica que los ministros serán designados por el Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa.
Respecto a la figura de la Procuración General, se estableció que "integra el Poder Judicial, dictamina ante la Corte Suprema de Justicia y ejerce aquellas funciones que determine la ley, actuando en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad".
MPA y Defensa Pública
El oficialismo propuso la constitucionalización del Ministerio Público, con una visión que reconoce dos órganos autónomos, con autarquía financiera e independientes de otros poderes del estado: el Ministerio Público de la Acusación, orientado a la persecución penal y a la protección de las víctimas, y el Ministerio Público de la Defensa, definido como una institución de derechos humanos para garantizar el acceso integral a la justicia, especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad. El dictamen también prevé que el Fiscal General y el Defensor General sean designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo, por un mandato de cinco años, renovable una sola vez.
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Designación y enjuiciamiento de jueces, defensores y fiscales
El despacho firmado, además, incorpora la creación de un Consejo Asesor para la selección de magistrados, fiscales y defensores, y de un Tribunal de Enjuiciamiento para su control disciplinario, integrados de la siguiente manera:
- Un representante del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación o del Ministerio Público de la Defensa, teniendo en cuenta el órgano de la vacante a cubrir;
- Un diputado;
- Un senador;
- Un abogado matriculado en los Colegios de Abogacía con asiento en la Provincia;
- Un académico perteneciente a Universidades Públicas con sede en la Provincia con especialización en materia afín al cargo concursado.
- Tribunal de Enjuiciamiento de la Magistratura y del Ministerio Público
- Un magistrado, fiscal o defensor, según corresponda;
- Dos senadores, elegidos por la Asamblea Legislativa;
- Dos diputados, elegidos por la Asamblea Legislativa;
- Dos abogados matriculados en los Colegios de la Abogacía con asiento en la Provincia
“Lo central es mantener un diseño adecuado y republicano”
El convencional de Unidos para Cambiar Santa Fe y presidente de la comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales, Lisandro Enrico, adelantó los principales puntos que se tratarán en la sesión de este miércoles.
“Vamos a revisar todo lo que desde la Comisión de Justicia se hizo. Fue un rediseño del Poder Judicial de la provincia, cambios importantes que tienen que ser afinados en cuanto a las consecuencias que puedan tener para empleados y espacios. Se crean nuevas entidades, como el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público”, señaló en diálogo con la prensa.
Enrico destacó la innovación que implica la creación de un tribunal de juzgamiento distinto al actual. “Hoy la Corte Suprema se autocontrola cuando analiza a un juez, y los fiscales y defensores son evaluados por la Legislatura. Eso se eliminaría y pasaría a un sistema con un acusador externo designado, que actuará ante un tribunal plural compuesto por abogados, legisladores y representantes del Poder Judicial”.
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Sobre el debate interno, explicó: “Las diferencias entre los bloques tienen que ver con la cantidad y composición de ese tribunal. La Comisión de Justicia fue convocada para hacer ajustes si es necesario, pero lo central es mantener un diseño adecuado y republicano”.
El convencional sostuvo que la independencia de poderes requiere contrapesos. “No me parece republicano que los miembros de un poder pretendan ser incontrolables. Toda la provincia tiene mecanismos de control para fiscales, defensores o jueces que incumplan groseramente su deber. La Constitución les otorga estabilidad plena y por eso el control es fundamental”.
Enrico también defendió el rol de la Legislatura en el sistema. “No queremos bajarle el nivel ni el peso al Poder Legislativo, que es el poder más democrático y representativo de la provincia. Tiene que tener mayor peso al decidir sobre faltas graves que impliquen el desplazamiento de un fiscal, juez o defensor. Hay discursos que hablan de autonomía absoluta y de no admitir controles, y eso lesiona el sistema republicano”.
