Federico Sturzenegger, Eduardo Rodríguez Chirillo, Marcos Serrano y Lucas Llach, parte del equipo que diseña y monitorea el ajuste en el Estado.
Hace algunas horas, el secretario general del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, dijo lo mismo que el presidente Javier Milei considera un hecho y una convicción que comparte con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich: “La CGT es el último muro de contención porque el PJ está muerto y los gobernadores se cuidan, sólo les resta derrotar al movimiento obrero”.
El vocero presidencial Manuel Adorni, que suele filtrar (al igual que la mesa chica de Alberto Fernández entre 2020 y 2022) textuales del presidente con periodistas afines, lo define parecido y diferente: “La clave es doblegar al sindicalismo, el resto está aturdido o dispuesto a negociar, con los gordos de la CGT y los gremios kirchneristas, protocolo y multas, si no les duele en la calle que sea en el bolsillo”.
Y lo cierto es que el movimiento obrero organizado (muchas veces pactista y retardatario) y los movimientos sociales (también dispuestos a negociar planes y subsidios a cambio de paz social), tienen una tradición de lucha indudable, que ninguna de las huestes libertarias escondidas detrás del aparato represivo del Estado es capaz de exhibir. No habrá rubios versus pardos ni Iñakis versus Orcos, es una peli épica que sólo existe en el deseo o la imaginación del ex presidente y facilitador del triunfo libertario, Mauricio Macri.
Diremos algo arriesgado a esta altura, antes del primer subtítulo. Entre 1976 y al presente transcurrieron 47 años; quienes tenían 20 años entonces hoy tienen algo más de 70 y hay por lo menos dos generaciones (la de quien escribe y la de su hija de 25 años) que no tuvieron esa experiencia vívida. Ni la de los 30.000 desaparecidos y el horror del pacto cívico-militar y clerical, ni la del programa de desguace del Estado de Bienestar peronista, que incluía achicamiento del Estado, una brutal recesión inducida con desempleo consecuente, desregulación de los precios básicos de la economía y la apertura de importaciones seguida de cierre masivo de empresas locales.
Entonces, cuando alguien dice “Macri o Milei son la dictadura” (se olvidan de Menem), le habla a un puñado de co-generacionales o alfabetizados políticos empeñados en rastrear persistencias históricas; pero hay millones para los cuales dictadura y democracia son cajas vacías de sentido o categorías teóricas sin impacto en su vida cotidiana. Esos millones no los votan y ganan Macri o Milei, o mejor dicho AEA, UIA, ANCHAM y los que vienen ganando desde 1976, ya sea con dictaduras o gobiernos electos por el pueblo.
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El 67% de los desaparecidos fueron trabajadores, el golpe de 1976 fue esencialmente anti obrero, decenas de empresas con posiciones dominantes de mercado actuales entregaron “a sus activistas”: General Motors, Mercedes Benz, Molinos Río de La Plata, Ingenio Ledesma, Acindar y Vicentín, entre muchas otras. Esas mismas empresas y el presidente tienen claro que ahí está el núcleo de resistencia más persistente. Amenazas verbales por todos los medios, multas disuasivas de hasta $100 millones y si no alcanza, palos y gases. Es la estrategia elegida para doblegar lo primero que se resiste en mes y pico de gobierno.
Los despidos en el Estado, con mayor impacto simbólico y disciplinador que ahorro efectivo para achicar el déficit fiscal, comenzaron con la firma del decreto 84/2023 que dispuso que todas las contrataciones temporarias realizadas desde el 1 de enero 2023, no serían renovadas. De inmediato se produjeron 7.000 despidos y se libraron centenares de preavisos de desvinculación fechados al 31 de enero o al 31 de marzo de 2024. El decreto va por los monotributistas, la planta transitoria (art. 9 de la Ley 25.164) y los contratos a plazo fijo (art. 93 de la Ley de Contrato de Trabajo). La Ley de Leyes –porque mutila o deroga otras 366– va por la planta permanente (art. 8 de la Ley 25.164). El plan es superar los 44.000 despidos del macrismo, para alcanzar los 70.000.
Para eso Jefatura de Gabinete redobló la presión sobre ministerios y organismos descentralizados durante la semana pasada: “No están armando los listados, los que no colaboren serán sancionados”, aseguran en nombre de Javier Milei. Pero los funcionarios resilientes y designados tienen un grave problema: el 58,9% de los 220.9 agentes de la APN pertenecen a los organismos descentralizados que realizan tareas de administración, asistencia directa a la población y control del Estado (ANSES, CNEA, CNRT, INTA, SENASA, INTI, INADI, UIF, Tribunal Fiscal de la Nación, SRT, Superintendencias de Seguros y de Salud, INAE, Hospitales Nacionales y muchos más).
En promedio, ésas agencias estatales tienen un tercio o más del total de sus plantas precarizadas (también muchos Ministerios, sin que ningún gobierno resolviese el problema). Es decir que, si arman listas de despidos, no podrán prestar servicios, quedarían o colapsadas o a tiro de cierre.
Una muestra ejemplar son las más de 90 comisiones médicas que la SRT distribuyó durante el macrismo por todo el país, en línea con lo dispuesto por la Ley Complementaria 27.348. Muchas de ellas atendiendo con dotaciones mínimas de personal una demanda creciente de damnificados por accidentes y enfermedades profesionales y que fueron diseminadas con un doble sentido: atender a los y las trabajadoras en un derecho que el sistema de riesgos les reconoce y celebrar acuerdos prejudiciales por reparaciones dinerarias y en especie para evitar una lluvia de juicios a aseguradoras y empresas.
Centenares de administrativos, abogados y médicos fueron notificados de que sus contratos no serán renovados, lo que pone al sistema (si los puestos no se recuperan) ante un problema que afecta centralmente a las cámaras empresarias y aseguradoras de riesgos. Con este ajuste, todos pierden.
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Una de las modificaciones a la Ley de Empleo Público, golpe al corazón de las cápitas y el poder de los sindicatos estatales que hoy son los primeros en parar y enfrentar al gobierno, es la creación del FRL (Fondo de Reconversión Laboral). Que completa la puesta en disponibilidad de los organismos descentralizados y más de 100 mil empleados públicos que gozan de estabilidad laboral.
El artículo 603 dice que “los agentes de planta permanente y bajo régimen de estabilidad cuyos cargos resultaren eliminados por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos de la APN o de las funciones asignadas a ellos, pasarán automáticamente a revestir en situación de disponibilidad, por un período máximo de hasta 12 meses”, al cabo del cual si “no hubieren formalizado una nueva relación de trabajo, quedarán automáticamente desvinculados del sector público nacional, teniendo derecho a percibir una indemnización, que será financiada por el FRL”. No se reubica, se paga y se va.
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Y todo esto como si el artículo 6 de la Ley no le diese amplias facultades al Poder Ejecutivo para “centralizar, fusionar, reorganizar, disolver, suprimir total o parcialmente órganos y entidades descentralizadas” o transferirlas a las provincias.
El ahorro es nimio (0,4% del PBI en un déficit de 5 puntos) pero la lección para la historia –del ajuste y el disciplinamiento social y político– es enorme. Ahí está una de las claves de la Ley: lo que definen 14 de los 664 artículos, del 603 al 617 (Capítulo IV – Sección I) no será negociado, a menos que la resistencia gremial altere las actuales correlaciones de fuerzas.
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