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Política Javier Milei | DNU | Congreso de la Nación

Las reformas laborales de Milei dispararán la litigiosidad que buscan evitar

"Vos podés voltear 300 leyes, pero la Constitución Nacional sigue vigente y va a haber problemas", aseguró el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. La contrarreforma libertaria acorrala a millones de trabajadores y puede desatar una ola de juicios.

La piñata de modificaciones y derogaciones de leyes vigentes, que implica un retroceso en materia de derechos y garantías de más de 100 años, y que todos conocemos como el decreto de necesidad y urgencia (DNU) N° 70/2023, puede provocar un efecto rebote en varios de los rubros que desregula, en tanto y en cuanto –mutilado pero en pie– queda buena parte del plexo jurídico que posicionaba a la Argentina en el top del ranking de países con mejor cobertura social de América Latina y por encima de continentes enteros, como África.

Como hemos publicado en muchas ocasiones en AIRE, una de las preocupaciones centrales del complejo industrial argentino es la famosa litigiosidad laboral (por incumplimiento de normativas, despidos sin causa, accidentes y enfermedades profesionales).

“A las PyMES todo nos afecta el doble que a las grandes y somos el 97% de la industria del país, pero lo que más nos preocupa –más que abaratar el costo laboral– es una recesión brutal que nos deje sin mercado interno donde colocar lo que producimos”, nos confía un alto dirigente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), que integra el Directorio de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Javier Milei DNU Reformas
Especialistas advierten que las reformas laborales que incluyó Javier Milei en su megadecreto dispararán la litigiosidad que supuestamente buscan evitar.

Especialistas advierten que las reformas laborales que incluyó Javier Milei en su megadecreto dispararán la litigiosidad que supuestamente buscan evitar.

Y la estanflación inducida del gobierno liberal libertario fue promesa de campaña (el engaño era quién iba a pagar los costos), impulsada de inmediato por la caída de la oferta de bienes que producen las restricciones a las importaciones y una merma del consumo por el altísimo nivel de la inflación.

El PBI se redujo un 0,8% durante el tercer trimestre del año que se va y amenaza cerrar con una caída superior al punto; pero el peor registro sería para el primer trimestre 2024, con una contracción de 5 puntos y diagnósticos encontrados: algunas consultoras (EcoNews) prevén que ese será el piso de un rebote que se acentuaría en el segundo semestre –otro mito importando del macrismo– y otras (IERAL) aseguran que el repunte será leve, sin capacidad de modificar el escenario de estanflación que arrastramos por más de una década.

Pero volviendo a las modificaciones que impactan en el mercado laboral, es cierto que los pasivos acumulados por litigiosidad de empresas y aseguradoras de riesgo hace años que son un reclamo constante, pese a que se reducen en las negociaciones previas, que poseen grados de ejecución efectiva muy bajos (menos del 15% de total de juicios en trámite), que demoran entre 5 y 7 años en pagarse y se licúan por ser cifras pactadas en pesos.

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El DNU, que prevé indemnizaciones solventadas por el empleador a través de un fondeo específico y a la baja, podrían cancelarse hasta en 12 cuotas, que sin mecanismo de actualización de licuarán indefectiblemente con una inflación mensual prevista del 20/30% promedio para 2024, anualizada cerca del 300%.

Postales de una Argentina precapitalista

Cuesta entender, a estas altura, qué parte de lo explícitamente dicho por el presidente de la Nación (que en dos semanas muy agresivas mantiene el aval de sus electores, con un 56% de imagen positiva) no parecía real o sincera.

Demoler un siglo de luchas y negociaciones empresario-sindicales para volver a la Argentina de 1880, es la razón de ser del DNU con el que el Estado precapitalista argentino les garantiza negocios a los clientes de los principales estudios que elaboraron el decretazo y que Federico Sturzenegger compiló, sin ser funcionario designado y por supuesto, sin pagar costo alguno por el fracaso –si ocurriera– de semejante ofensiva patronal.

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El presidente de ALAL, Matías Cremonte, aseguró a AIRE que las modificaciones a las contrataciones y despidos laborales son “un retroceso inédito en nuestro país

El presidente de ALAL, Matías Cremonte, aseguró a AIRE que las modificaciones a las contrataciones y despidos laborales son “un retroceso inédito en nuestro país" y que "aumentarán la litigiosidad”.

La velocidad de Javier Milei expresa la convicción de su mentor y aval (Mauricio Macri) y se pude reflejar en todo el ancho de banda de la gestión. Citemos sólo un caso, el de la multitud de despidos con que se pretende achicar una estructura estatal que no se conoce, ni cuantitativa ni cualitativamente.

La semana pasada hizo lo que juró no iba a hacer (además de subir impuestos): el gobierno emitió 2 billones de pesos para asistir al Tesoro. Uno de los ítems con que se justificó la expansión del endeudamiento fue el pago de indemnizaciones del sector público; es decir el dinero que costarán los despidos sin causa valedera, pero fundados en discriminaciones de tipo ideológico-políticas entre otras.

Para el caso, el DNU incorporó el artículo 243 bis en la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, que autoriza expresamente a las empresas y al Estado a despedir trabajadores por “etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión político-gremial”.

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Eso sí, mediante un pago que incorporará un 50% más del monto acordado según antigüedad, función y niveles salariales entre otros ítems de cálculo. Es decir, caros, pero afuera, sin posibilidad de reclamar la restitución del puesto por despido discriminatorio, en una futura acción judicial.

Este artículo amplía, pero especifica por fin aquello de que “el costo del ajuste no lo va a pagar la gente de bien”. Originarios de países limítrofes, colectivos de la diversidad, no binarios, protestantes o ateos, kirchneristas y devotos de Tosco u Ongaro serán despedidos por razones discriminatorias pero reforzados económicamente para transformarse en emprendedores.

El presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) Matías Cremonte, calificó esto como “un retroceso muy grave, inédito en materia de despidos discriminatorios” pues además “altera la esencia de las regulaciones antidiscriminatorias, que no es mejorar el monto indemnizatorio sino desalentar los despidos, fomentar la tolerancia y el respeto por las diversidades”.

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Hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que ofrecen herramientas válidas contra ésta “innovación” del DNU 70, que definen la nulidad absoluta del despido, como consecuencia de lo cual (incluso habiendo percibido el monto indemnizatorio previsto por el nuevo artículo citado de la LCT), los trabajadores podrán reclamar judicialmente la reincorporación a sus puestos y funciones. Pero también podría hacer pie en el artículo 245 original de la LCT, que estipula un monto superior al 50% extra establecido por el DNU 70, y afecta a los despidos por accidentes y enfermedades inculpables. Contemplando el modo en que el presidente de la CSJ Horacio Rosatti, le marcó la cancha al presidente sobre avanzar por decreto sobre facultades legislativas y temas que alteren derechos y garantías constitucionales, es posible prever que ésos juicios reparatorios sean considerados en contra de los intereses flexibilizadores que los impulsan.

“No hay modo de evitar esto, un trabajador o trabajadora acorralado por ésta situación deberá defenderse, eso supone más juicios y genera una ola de litigiosidad que es justamente lo que las cámaras empresarias quisieron evitar dictado parte del Decreto que firmó el presidente”, sostiene Cremonte.

Lo mismo ocurre con la modificación del artículo 23 de la LCT, al establecer que no hay relación laboral si lo que vincula a empleado y empleador es un contrato de locación de servicios, es decir un monotributista precarizado durante años, algo que en muchas reparticiones estatales (Ministerio de Justicia, ANSES, SENASA, entre muchos otros) supera el 40% del total de sus plantas.

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Las reformas propuestas por el presidente Javier Milei deberán ser tratadas por el Congreso Nacional.

Las reformas propuestas por el presidente Javier Milei deberán ser tratadas por el Congreso Nacional.

Es cierto que el DNU tiene que superar el test de constitucionalidad (de rosca política en realidad) de la Comisión Bicameral del Congreso y quitarse como moscas las decenas de amparos que ya están siendo interpuestos por organizaciones políticas y gremiales.

Pero el dinero ya está, la validación legal viene en camino, y mientas tanto y por obra y desgracia de otro decretazo, entre navidad y año nuevo, 7.000 trabajadores y trabajadoras del Estado contratados durante 2023 han sido despedidos; y otros 70.000 que ingresaron entre 2021 y 2022 serán puestos en revisión durante 90 días, con la recomendación de renovarlos por un semestre, cuando anteriormente el plazo era de un año.

No extraña por lo tanto que el último informe de la consultora internacional Manpower, que realiza una medición sobre expectativas de empleo a escala global entre 39.000 empleadores de 41 países, ubique a la Argentina en el peor lugar.

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Sólo el 30% de los empleadores nacionales encuestados, manifestó que aumentará sus dotaciones de personal, el 35% espera mantener lo que tiene y el 29% (uno de cada tres) tiene previsto activar despidos en los primeros meses del gobierno de Milei.

La región con mayores perspectivas de toma de empleo es la de Cuyo con un 11% y la Pampeana, que incluye a Santa Fe (datazo para el gobernador Maximiliano Pullaro) cae al -1%.

Con o sin DNU, con DNU fraccionado temáticamente o paquete de leyes como reemplazo legal y republicano, el horizonte promete caída de actividad y pérdida de derechos laborales. Eso sí, para devotos del reseteo libertario quedan las fuerzas del cielo.