Conflicto por el nuevo edificio: el MPA advierte por la situación de la Fiscalía Regional en Santa Fe
El planteo se produjo este martes en Coronda, durante la presentación del Informe Anual de Gestión 2025 de la Fiscalía Regional 1 del MPA.
El fiscal reconoció que trabajan en inmuebles alquilados "que no se encuentran en las mejores condiciones".
El fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier, dedicó parte de su informe anual de gestión al conflicto abierto entre el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia por el uso del nuevo edificio anexo a Tribunales en la ciudad de Santa Fe. En un contexto marcado por la reciente reforma constitucional y la autonomía institucional del MPA, el funcionario remarcó la relevancia de los inmuebles afectados al organismo y advirtió sobre las dificultades edilicias que atraviesa actualmente la Fiscalía Regional 1.
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El planteo se produjo este martes en Coronda, durante la presentación del Informe Anual de Gestión 2025 de la Fiscalía Regional. Allí, Nessier destacó avances en materia de persecución penal —como un índice de individualización formal del 70,9% en casos de homicidios durante 2025— y anunció la futura creación de una Unidad Fiscal Especializada en violencias altamente lesivas. Sin embargo, uno de los ejes políticos e institucionales del documento volvió a estar puesto sobre la disputa por el nuevo edificio judicial de Santa Fe.
El nuevo escenario constitucional y el reclamo del MPA
En el informe, la Fiscalía Regional encuadró el conflicto dentro del nuevo diseño institucional surgido tras la reforma de la Constitución provincial. Allí se remarca que el Ministerio Público de la Acusación quedó consagrado como un órgano “extrapoder, independiente, con plena autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera”.
Según se sostiene en el texto, esa nueva arquitectura constitucional genera “las condiciones necesarias para agilizar la adopción de medidas y acciones inherentes al diseño, planificación y ejecución de la política de persecución penal”.
En ese marco, el informe también enfatiza una de las disposiciones transitorias incorporadas en la nueva Constitución: la imposibilidad de desafectar bienes muebles e inmuebles que estuvieran afectados al MPA y al Ministerio Público de la Defensa sin conformidad de ambos organismos.
Para la Fiscalía Regional, ese punto resulta especialmente sensible. El documento señala que “la construcción del edificio del sistema penal aún no se encuentra finalizada” y recuerda que parte de las dependencias actuales funcionan en inmuebles alquilados “que no se encuentran en las mejores condiciones ”.
Dos meses de un conflicto institucional abierto en Santa Fe
El planteo de Nessier se suma a la disputa que mantienen desde hace más de dos meses las máximas autoridades del Ministerio Público con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
El conflicto comenzó el 24 de febrero de 2026, cuando el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, junto a los ministros Eduardo Spuler, Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Margarita Zabalza, Jorge Baclini y Rubén Weder, firmaron una acordada en la que definieron que el nuevo edificio anexo a Tribunales tendría como prioridad a las dependencias del Poder Judicial.
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En esa resolución, el máximo tribunal sostuvo que el nuevo edificio permitiría concentrar “ la totalidad de la jurisdicción del Poder Judicial ” y optimizar recursos actualmente destinados al alquiler de inmuebles en distintos puntos de la ciudad.
Sin embargo, la definición que detonó el conflicto apareció en los párrafos finales del documento. Allí, la Corte aclaró que recién una vez finalizadas las readecuaciones edilicias del Poder Judicial se evaluaría la posibilidad de ceder espacios al Ministerio Público, siempre y cuando existieran sectores disponibles y no fueran necesarios para el propio Poder Judicial.
Reclamos, notas y una posible escalada judicial
La respuesta del Ministerio Público fue inmediata. Tanto la fiscal general María Cecilia Vranicich como la defensora general Estrella Moreno Robinson presentaron recursos de revocatoria contra la decisión de la Corte Suprema y comenzaron una ofensiva institucional basada en las disposiciones transitorias de la nueva Constitución.
En paralelo, ambos organismos enviaron notas al máximo tribunal solicitando la apertura de una mesa de diálogo. Ante la falta de respuesta, impulsaron una acción administrativa para exigir una definición formal sobre los recursos presentados a comienzos de marzo, que aún no tuvo resolución.