La imagen es más fuerte que cualquier anuncio o afirmación. Presos sentados en el piso, con el torso desnudo y descalzos, rodeados de agentes de Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP) en la cárcel de Piñero.
Esa fue la respuesta que ensayó el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, con requisas intensas el sábado a la tarde, unas horas después de que desde un auto atentaran contra un ómnibus de la empresa Laguna Paiva que trasladaba agentes penitenciarios desde Piñero a la ciudad de Santa Fe, como todos los fines de semana.
Un empleado sufrió el roce de una bala en la cabeza. Por milímetros no lo mataron. Los disparos fueron a la altura de las ventanillas donde iban sentados los guardiacárceles. Cerca del colectivo, la policía encontró un papel que hacía alusión a los presos de alto perfil del penal que se encuentra a 25 kilómetros de Rosario.
La respuesta del Estado llegó unas horas después: una requisa con extrema dureza en Piñero que duró hasta la noche, en medio de la lluvia. La orden fue que los internos, sin importar quién, tuvieran en claro que van a pasarla peor en la cárcel si se repiten ataques como el que sucedió el sábado.
El control de las cárceles, principal desafío para la gestión Pullaro
El principal problema de seguridad que enfrenta el gobierno de Maximiliano Pullaro en este momento es en la cárcel, donde desde hace años se anidó la planificación de varios delitos que sacuden las calles, como crímenes, extorsiones, usurpaciones y la venta de drogas, luego de que fueran detenidos líderes de bandas que tienen un dominio barrial en Rosario.
En la mayor ciudad de la provincia, los homicidios bajaron en enero y más aún en febrero, mes en el que hubo seis, frente a los 33 del año pasado, pero en el gobierno de Pullaro prefieren aplacar el exitismo, a diferencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que se puede dar vuelta en cualquier momento.
La política carcelaria, junto con la recomposición de los patrullajes en las calles –de 12 móviles activos en Rosario en diciembre se pasó a 130 en marzo–, son las médulas del plan de seguridad de Pullaro.
En el gobierno creen que una cosa está ligada a la otra. Si logran controlar que en los penales se planifiquen delitos de toda clase, parte de la inseguridad en las calles se calmará, si crece y se profundiza el control territorial de la policía en Rosario, la ciudad más golpeada por la violencia.
Las imágenes de las requisas, con una música de fondo de Arch Enemy, banda de heavy metal preferida para los posteos oficiales, hubiesen desatado un huracán de críticas hace una década, incluso de los propios socios de Pullaro en la alianza de gobierno, como el socialismo.
Hoy, la mayoría de la población está cansada y harta de cómo tuvo que cambiar su vida por la violencia y la inseguridad y no sólo soporta todo, sino que pide más dureza, sin importar si se violen garantías y derechos humanos.
Por eso, según los estudios de opinión que maneja el gobierno provincial, la gente respalda ese tipo de medidas. La dureza se traduce en control, de acuerdo a la mirada de los ciudadanos.
Con una oposición diezmada, un peronismo que no encuentra un horizonte de renovación, el enemigo más claro de Pullaro son las mafias narco, que sólo se expresan con ataques a balazos y carteles intimidatorios.
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Hay algo que se esconde en los pliegues del problema. Hasta ahora los que expresaron su malestar con atentados y amenazas son las bandas pequeñas, que tienen un control reducido en algunos barrios.
No hubo una reacción de los grupos más consolidados y que tienen otro poder económico y de fuego, como Los Monos, Alvarado o Julio Rodríguez Granthon, entre otros, detenidos en los penales federales, donde desde enero hay mayores controles, pero la situación es distinta a lo que ocurre en Piñero.
El plan de Pullaro: ampliar la cárcel de Piñero y repatriar presos de alto perfil
Una de las ideas que se manejan en el gobierno es que después de las obras de infraestructura que se realizarán en Piñero, donde está previsto que este año comiencen a construirse nuevos módulos para presos de alto perfil, los líderes de las bandas de Rosario, hoy desperdigados en los penales federales, sean repatriados a Santa Fe.
Es un plan que se maneja, pero aún no está cerrado. Todo va a depender de cómo evolucione la situación de la violencia en Rosario.
La nueva cárcel federal que se construye desde hace ocho años en las inmediaciones de Coronda es probable que no se inaugure este año, por los efectos de la paralización de la obra pública. Falta muy poco para que se termine ese penal, que alojará a unos 500 internos.
La propuesta que acercó Pullaro, que Santa Fe financie el final de la obra y pueda manejar de manera interina el penal, ya quedó descartada por el rechazo del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La idea del gobernador era trasladar presos de baja peligrosidad a esa penitenciaría y descomprimir la situación de los presos alojados en comisarías. Según el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se producen unas 150 detenciones por mes en la provincia.
La protesta de los familiares de los presos y la respuesta del gobierno
Después de las requisas que se ordenaron el sábado, un grupo de familiares de presos fue a protestar en la puerta de la sede de la Gobernación de Rosario. “No tienen visitas y los cagan a palos. Les dan la comida con gusanos y les cortan el pelo. Somos todos humanos”, se quejó una de las manifestantes.
La respuesta del gobierno fue aún más dura. “Cada vez la van a pasar peor”, ensayó el ministro de Seguridad Cococcioni por una red social, un posteo que compartió también el gobernador.
“Tenemos un plan de seguridad, sabemos cómo llevarlo adelante y estamos trabajando para eso. Desde las cárceles salen las órdenes para hacerle la vida imposible a los santafesinos”, advirtió el ministro y agregó: “Se terminó el tiempo de home office liberado, sin control y con empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos”.
La estética de Nayib Bukele en los videos del gobierno de Santa Fe
La estética de la puesta en escena en Piñero parecía una imagen asociada a las cárceles salvadoreñas de Nayib Bukele, que generan fascinación en varios países de América latina, aunque pocos saben que los presos que están recluidos en esas prisiones son pandilleros cuyos jefes acordaron con el presidente salvadoreño un cese de la violencia.
Los reportajes que publica el diario digital El Faro retratan el proceso que derivó en un país con varias zonas en estado de excepción. En las últimas elecciones, Bukele fue reelegido por el 85% de los votos.
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La situación de El Salvador no tiene nada que ver con la provincia de Santa Fe. La raíz de la violencia es otra y el poder de las pandillas en el país centroamericano –muchas de las cuales se conformaron en Estados Unidos– no se puede relacionar con lo que pasa en Rosario con los grupos narcos.
Eso lo saben muy bien en el gobierno de Pullaro, pero lo que pretenden es ceñirse a esa estética de reclusión. La imagen de los internos, con sus cabezas rapadas y sentados en el piso, rodeados de guardias, muestra que la mafia perdió el control. Habrá que ver a lo largo del tiempo si esa representación es real.
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