La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner se refirió este lunes al proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, o también denominado “reforma judicial”.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La ex presidenta de la Argentina realizó algunas consideraciones en su página web sobre la iniciativa que comenzará a ser debatida por el Congreso este jueves.
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La presidenta del Senado explicó que el proyecto “crea nuevos juzgados penales en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país” y “comienza a implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la justicia ordinaria a la esfera de la Ciudad de Buenos Aires”.
“A este proyecto que aborda cuestiones de competencia, que le da una mayor transparencia al ingreso y al sorteo de causas e introduce la perspectiva de género, se lo ha titulado erróneamente Reforma Judicial”, advirtió la ex mandataria y destacó que “la verdad es que, haciendo honor a la precisión semántica que deben tener nuestras palabras, en nuestro país en los últimos 20 años solamente ha habido dos reformas judiciales”.
Según Fernández de Kirchner la primera de las reformas fue impulsada durante su gobierno “en el año 2013 y que, votada por el Parlamento, fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus privilegios”.
La segunda “fue una reforma realizada de facto, sin ley y contra la Constitución. La realizó Mauricio Macri a partir del año 2015, cuando asumió la Presidencia de la Nación”.
La presidenta de la cámara alta nacional aseguró que “la de Macri fue reforma de facto operativizada únicamente sobre la justicia Federal Penal de la Capital Federal, más concretamente sobre los tribunales de Comodoro Py, y con el oscuro objetivo de perseguir y encarcelar opositores políticos y empresarios”.
La vicepresidenta explicó que “la reforma de facto que hizo Mauricio Macri tuvo cuatro ejes fundamentales: creó e impuso una mesa judicial en la órbita del Poder Ejecutivo integrada por funcionarios y abogados del poder cuya función era digitar causas judiciales contra opositores en Comodoro Py; incorporó la llamada “Doctrina Irurzun” (en referencia al camarista de Comodoro Py Martín Irurzun) por la cual se utilizaba el instituto de la prisión preventiva para aplicarla a los opositores, privandolos de su libertad en forma ilegal; comenzó a trasladar jueces a juzgados y tribunales para los cuales no habían sido designados, sumándole además el incumplimiento de los requisitos que fija la Constitución para la designación de los jueces, y convirtió a la AFI en el órgano directriz de la cuestión judicial a través del manejo de los agentes orgánicos e inorgánicos en la creación de causas, espionaje y seguimiento de opositores”.
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En la misma línea, Cristina Fernández dejó entrever la necesidad de debatir una reforma de la Justicia más profunda o audaz. “Sinceramente, creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves”.
En cuanto a algunas acusaciones lanzadas por la oposición sobre la falta de consenso que tiene el proyecto o la falta de tiempo para su profundo debate, la ex mandataria remarcó que “la primera actitud que debe tener la totalidad del sistema político argentino, cualquiera sea su postura ideológica y partidaria, es aceptar que cualquier diferencia, no sólo respecto de la organización del Poder Judicial o de la necesidad de su reforma, sino de cualquier otra cuestión sobre la que no haya acuerdo, tiene un solo lugar de discusión y resolución: el Congreso de la Nación”.
Sobre ese punto, recordó que “todas y cada una de las políticas sostenidas durante nuestros gobiernos fueron enviadas y resueltas por el Congreso, inclusive aquellas que no requerían de su intervención de acuerdo a la Constitución y a la normativa legal vigente”.
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“El único lugar donde se saldan las contradicciones y los desacuerdos de los argentinos y las argentinas es el Parlamento Nacional, por eso que llaman Democracia y Constitución Nacional”, concluyó.
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